El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno, según la documentación judicial a la que ha tenido.
La solicitud de la suspensión cautelar de los préstamos –una cuestión que todavía debe resolverse– es una medida que forma parte del recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics European Land Systems, GDELS) contra la concesión de los créditos a la UTE de Indra y Escribano para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).
Ambos préstamos están recogidos en el real decreto del 14 de octubre 2025 en el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar.
En total, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar.
Los programas en los que participa Indra (bien en solitario, con algún socio o adjudicados a Hisdesat, la cual controla desde el pasado martes) acumulan 7.944 millones de euros en préstamos gubernamentales, mientras que los de Airbus suman 4.030 millones de euros (hay un programa de 350 millones en el que participan Airbus e Indra) y los de Navantia totalizan 2.292 millones de euros.
De hecho, los dos créditos que se han solicitado bloquear de forma cautelar son los de mayor cuantía concedidos a Indra, que liderará proyectos en varios dominios (tierra, mar, espacio y ciberespacio), mientras que los asignados a Airbus y Navantia se centran en los ámbitos aéreo y naval, respectivamente.
“Proteger la tecnología española”
En este contexto, fuentes de Santa Bárbara Sistemas, además de confirmar la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo, han subrayado que el objetivo de esta iniciativa legal es “proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades actuales industriales del sector de defensa en España”.
Asimismo, la empresa ha resaltado que sigue en conversaciones con el ecosistema industrial nacional de defensa para “cumplir con los objetivos del Gobierno” en los programas de modernización militar.