Nada parece afectar a este Gobierno progresista. Ni la debacle del voto extremeño, ni la caída del apoyo a la izquierda hasta mínimos ridículos, ni los casos de corrupción que le cercan, ni los abusos sexuales a mujeres por dirigentes bien machos, ni la sensación creciente de final de ciclo. El Gobierno progresista, fragmentado y enfrentado, pero entregado abnegadamente a su proyecto de salvar España de otra política, vive en un mundo paralelo, bunkerizado tras sus muros del alejamiento social, sin que le afecte nada de lo que ocurre en el exterior. España está guiada por un pastor cadavérico, huesudo, de facciones navajeras, que dirige su rebaño sin alterarle ni el mal tiempo, ni la escasez del pasto. Nada le importa, nada la perturba, pues le ilumina una llamada histórica superior, ajena a la realidad, indiferente al democrático juego de las mayorías y al imponderable constitucional de disponer de unos presupuestos.
Este Gobierno, y bien que lo he reflejado en estos semanales artículos, no reconoce la precariedad social ni los precios por las nubes de los alimentos en los mercados. Todo marcha bien en la España de progreso, aunque aparezcan datos de que nuestra economía presenta síntomas preocupantes.
Por ejemplo, en los primeros nueve meses de 2025 la inversión extranjera se ha desplomado un 27,5% frente al ejercicio previo. En este período, la inversión foránea se ha situado en 19.000 millones frente a los 26.000 de los primeros nueve meses de 2024 y los 20.300 de 2023. Son datos recogidos en el informe de la Secretaría de Estado de Comercio. Evidencian un frenazo del interés del inversor extranjero ante el presente y las perspectivas de nuestra economía. La versión oficial del presidente Sánchez viene siendo otra. Sus palabras reiteran “la extraordinaria confianza en las posibilidades y potenciales de nuestra economía”. Una vez más, dato y relato rechinan. Si la caída ha sido notoria en los primeros nueve meses, más aún lo fue en los dos primeros trimestres en los que el desplome se situó en el 60%.
Estados Unidos, pese al extravagante Trump, sigue siendo la principal fuente de inversión foránea, con 6.800 millones, seguido por Francia, Reino Unido, Alemania y México. Los sectores que despiertan mayor apetito son actividades profesionales, científicas y técnicas; información y comunicaciones; manufactura e inmobiliario.
Pero las diferencias territoriales son palmarias. Madrid, y esto le tiene que molestar el presidente, atrae más de 10.200 millones de la inversión extranjera. Nadie puede discutir el imán de la capitalidad, aunque también asoman otras razones. Cataluña, la niña mimada de Sánchez, aglutina cinco veces menos de apetito inversor, apenas unos 2.000 millones. Por detrás, aparece Aragón, con unos 1.500 millones cimentados en los centros de datos; y Andalucía, con unos 1.000. Por detrás, el resto.
Estos datos merecen un análisis y una explicación. Es cierto que muchos analistas financieros recomiendan invertir en España por la rentabilidad que ofrece la Bolsa y el sector inmobiliario y los resultados de las grandes empresas. Pero la inyección de capital extranjero está cayendo. Y lo hace por la inseguridad jurídica producida por los constantes cambios regulatorios, normativos y fiscales del Gobierno progresista. La ministra de Trabajo no para de darle a su maquinita de las ocurrencias mientras la de Hacienda, cuya voracidad recaudatoria es insaciable, ajusta y ajusta sus figuras tributarias con denodado celo. La combinación de la una con otra la arroja este resultado tan negativo para la confianza despertada por la economía española en el exterior.
No en vano, un reciente informe del Foro de Regulación Inteligente pone de manifiesto que España es la segunda economía de la OCDE que ofrece menor seguridad jurídica al contribuyente. El Indicador Sintético de Seguridad Jurídica concede a España 5,47 puntos sobre 10, sólo por delante de Grecia y muy alejada de los países bálticos, Nueva Zelanda, Chequia, Eslovaquia, Irlanda o Australia. “La inseguridad jurídica se ha convertido en un problema estructural del sistema fiscal español”, subraya el informe. Y lo explica de la siguiente manera: “bajo el actual Gobierno, España ha registrado cerca de cien incrementos de impuestos y cotizaciones”, actuando “como un factor directo de erosión de renta y patrimonio, contribuyendo al empobrecimiento de familias y empresas”.
La Hacienda española sí que va como un tiro. La recaudación ha crecido un 10% hasta noviembre, logrando 27.000 millones extra, de los que 12.000 proceden del IRPF y 5.500 de la reforma fiscal. Estos datos anticipan que nuestra Hacienda logrará este 2025 un récord recaudatorio de 325.000 millones de euros. La caja luce repleta para aumentar el gasto público un 4,2% y, eso sí, reducir el déficit un 1,9%.
El informe EY Attractiveness Survey 2025 señala que Europa atraviesa uno de sus peores registros, lo que naturalmente repercute en España. Las multinacionales -indica el informe- han reducido o aplazado sus decisiones de inversión, dirigiéndolas a proyectos más pequeños. Pero no se puede ocultar que la percepción del marco institucional español no es buena, caracterizada por la inseguridad regulatoria, la complejidad administrativa y la volatilidad normativa. Nada de esto despierta la confianza del inversor que busca justo lo contrario. Nuestro Gobierno, convencido de la bondad seráfica de su relato, ignora la materialidad del dato, la contundencia del hecho, la gravedad de la realidad.