Los presidentes autonómicos del Partido Popular exigen una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera al tiempo que estudian activar la vía judicial, incluido el Constitucional, para frenar el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Si bien, en privado, no son pocos los que creen que en la práctica tendrá poco recorrido. “El acuerdo nace muerto. No logrará el apoyo necesario en el Congreso”, en palabras de un barón territorial.
Sea como fuere, las comunidades populares salieron en tromba a denunciar “el agravio” consumado en Moncloa. “Rompe los principios de igualdad y solidaridad entre territorios”, se escuchó en las distintas autonomías. Juanfran Pérez Llorca, el presidente valenciano, fue el último que vio a Sánchez, en su reciente encuentro en la Moncloa. “Le mintió, dijo que no habría agravios y que todo se pactaría en una reunión entre todos”, explican las fuentes consultadas.
Así, fuentes del PP a nivel autonómico confirman a Artículo14 que todas las vías están sobre la mesa, tanto la política como la judicial, para impedir que prospere un modelo que consideran desigual e injusto para sus comunidades. Las comunidades gobernadas por los populares interpretan que el precedente ya está marcado y amenaza con alterar de forma estructural el sistema de financiación autonómica.
El pacto entre el Gobierno y ERC contempla un nuevo modelo de financiación para Cataluña que supondría un incremento de 4.700 millones de euros anuales y que respetaría el denominado principio de ordinalidad, de modo que la comunidad catalana no perdería posiciones relativas tras su aportación a la caja común. Es decir, seguiría siendo la tercera comunidad que más aporta y la tercera que más recibe. Aunque el acuerdo no tendrá vigencia hasta su eventual aprobación en el Congreso de los Diputados, su mera formulación ha provocado una reacción inmediata y coordinada del PP en los territorios.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue tajante al advertir de que revertirá este acuerdo si llega al Gobierno, al considerar que “la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio”. En un mensaje difundido en redes sociales, insistió en que la financiación autonómica debe perseguir el bien común y no responder a acuerdos bilaterales destinados a apuntalar mayorías parlamentarias frágiles. “La Moncloa no es una casa de empeños para sostener un Gobierno en ruinas”, afirmó, en alusión directa a la dependencia del Ejecutivo de sus socios independentistas.
La igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio.
La Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas.
La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 8, 2026
Por otro lado, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, calificó el acuerdo como un caso de “corrupción política”, al entender que se utiliza el dinero de todos los españoles para garantizar la continuidad de Sánchez en el poder y de Salvador Illa al frente de la Generalitat. Bravo defendió un sistema multilateral, en el que participen todas las comunidades y se tengan en cuenta sus circunstancias específicas, frente a lo que considera una cesión injustificable a una comunidad que “tiene más y recibiría aún más”.
Reacción de los presidentes autonómicos
Desde los territorios, la contestación ha sido especialmente contundente. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado el pacto como “el acuerdo de la desvergüenza” y anunció que impulsará la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Azcón considera que lo que afecta a todos debe decidirse entre todos y ha advertido de que el principio de ordinalidad supondrá, en la práctica, más recursos para Cataluña y menos para Aragón, una comunidad que ya arrastra déficits de financiación agravados por la despoblación, el envejecimiento y la orografía. “Vamos a dar la batalla”, aseguró, dispuesto a no permitir que el relato de Moncloa “engañe a los aragoneses”.
En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco fue un paso más allá al anunciar que, si se consuma la cesión del Gobierno a ERC y se rompe la caja común, su Ejecutivo defenderá los intereses de la comunidad “con todos los recursos legales a su alcance”, incluido el recurso al Tribunal Constitucional. En la misma línea, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, advirtió de que la financiación autonómica “no se puede negociar en una reunión bilateral”.
Las críticas se extendieron por todo el territorio nacional. El presidente andaluz, Juanma Moreno, denunció que el nuevo modelo se esté negociando “unilateralmente” con un dirigente inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios, calificando el acuerdo como un “nuevo maltrato” del Gobierno central hacia Andalucía. De ahí que también estudien la tramitación, para decidir si van a los tribunales.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, lo tachó de “inadmisible” y “una vergüenza”, recordando que Murcia es una de las comunidades peor financiadas y que no aceptará “las migajas de un acuerdo indigno”. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín calificó de “corrupción política” el acuerdo y censuró que Pedro Sánchez esté “subastando el país”.
Es inadmisible y una vergüenza ver a Sánchez arrodillado ante un condenado por la Justicia para seguir agonizando en La Moncloa.
Pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña para castigar al resto de España.
Somos la Región peor financiada…
— Fernando López Miras (@LopezMirasF) January 8, 2026
En la misma línea Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, denunció el “privilegio” para Cataluña. “Que lo que debería repartirse entre todos no se hace así. Primero se hace un primer reparto y, después, lo que sobra, para los demás”, criticó.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.