Documentos clasificados del golpe de Estado del 23F, ¿qué podría salir a la luz?

La expresión documentos clasificados del golpe de Estado del 23F tiene algo de película de Hollywood. Suena a archivo blindado, a carpetas que llevan décadas cerradas, a una parte de la historia española que nunca se ha contado del todo. Y eso es precisamente lo que vuelve a ponerse sobre la mesa tras el anuncio del Gobierno sobre la desclasificación vinculada al 23F, con un mensaje cargado de simbolismo político y memoria democrática.

Ahora bien, conviene poner orden. Hablar de documentos clasificados del golpe de Estado del 23F no significa que exista un único “dossier secreto” que vaya a resolver de golpe todas las dudas. Lo más probable es que estemos ante un conjunto disperso de materiales de distinto origen: judiciales, policiales, de inteligencia y administrativos. Y ahí está la clave. La desclasificación, si es amplia, puede no ofrecer una gran bomba única, pero sí algo más importante: un mapa más preciso de cómo reaccionó el Estado en su noche más frágil.

Qué son realmente los documentos clasificados del golpe de Estado del 23F

Cuando se habla de documentos clasificados del golpe de Estado del 23F, se está hablando de papeles, informes, grabaciones o comunicaciones que han quedado protegidos por normas de secreto oficial o por restricciones institucionales. En España, este debate lleva años ligado a la vieja legislación sobre secretos y a la necesidad de modernizarla. Algo que el Gobierno intentó encauzar con el proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado en 2025.

Eso importa porque la cuestión no es solo histórica. También es jurídica. Qué se abre, cuándo se abre y qué partes se tachan depende de cómo se aplique esa lógica de desclasificación y de las excepciones por seguridad nacional o defensa. Es decir: puede haber apertura, pero no necesariamente apertura total. Y ese matiz será decisivo para medir el alcance real de los documentos clasificados del golpe de Estado del 23F.

La memoria no puede estar bajo llave.

Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía.

Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre.

Gracias a quienes abristeis camino. pic.twitter.com/VNHEAadVxv

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2026

Además, hay una idea que conviene desterrar desde el principio. La desclasificación no implica automáticamente que vaya a aparecer una “prueba definitiva” contra una institución concreta. Puede ocurrir. Pero también puede suceder lo contrario: que los documentos clasificados del golpe de Estado del 23F refuercen partes del relato conocido y solo añadan matices, cronologías más precisas o responsabilidades más complejas de lo que se ha contado durante décadas.

Lo que ya se sabe: el sumario existe y es enorme

Si hay un punto firme en todo este debate sobre documentos clasificados del golpe de Estado del 23F, es el sumario judicial. El Tribunal Supremo conserva el sumario del 23F y el CGPJ explicó hace años que se trata de un archivo gigantesco: 89 legajos con la causa original, recursos, expedientes de procesados, grabaciones, cintas y otras piezas. También confirmó que existe una copia digitalizada de toda la causa.

Esto cambia mucho la conversación. Porque significa que el debate sobre los documentos clasificados del golpe de Estado del 23F no parte de cero. No estamos ante un vacío. Estamos ante un archivo real, voluminoso y con materiales de enorme valor para historiadores, periodistas y juristas. La pregunta ya no es si hay documentación. La pregunta es cuánto de esa documentación se abre, cómo se abre y con qué criterios.

Y aquí aparece una segunda cuestión clave. Un sumario no solo contiene grandes revelaciones. Muchas veces contiene algo más valioso para entender la historia: contradicciones entre testimonios, vacíos de investigación, versiones que no encajan del todo y detalles que ayudan a reconstruir quién sabía qué y en qué momento. En un caso como el 23F, eso puede ser decisivo.

La zona más sensible: inteligencia, CESID y comunicaciones

Si hay un bloque que concentra la mayor tensión política en torno a los documentos clasificados del golpe de Estado del 23F, ese bloque es el de los servicios de inteligencia. RTVE ya informó en 2021, tras acceder a partes del sumario y grabaciones, de la implicación de agentes del antiguo CESID en apoyos logísticos y de comunicación relacionados con la operación de Tejero.

Eso no significa, por sí solo, que exista una conclusión cerrada y simple sobre el papel del aparato de inteligencia. Pero sí significa que la discusión está fundada. No es una teoría nacida en redes. Hay materiales, hay antecedentes periodísticos y hay una zona del relato histórico que sigue incompleta. Precisamente por eso los documentos clasificados del golpe de Estado del 23F despiertan tanta expectativa.

¿Qué podría salir aquí? Varias cosas:

• Informes internos previos.
• Notas de seguimiento.
• Comunicaciones de esa noche.
• Evaluaciones posteriores.
• Y, sobre todo, pistas más sólidas sobre el grado de conocimiento previo que tenían distintos órganos del Estado.

La diferencia entre saber, sospechar, tolerar, infiltrarse o participar no es menor. Y ahí es donde una desclasificación bien hecha podría cambiar la calidad del debate público. También podrían aparecer documentos menos espectaculares, pero igual de relevantes: mensajes entre mandos, informes de situación, comunicaciones de crisis, valoraciones sobre movimientos militares o decisiones adoptadas en tiempo real.

A veces la gran revelación histórica no es una frase explosiva, sino una secuencia de órdenes que muestra cómo funcionó de verdad el Estado cuando estuvo al borde del colapso.

Qué podría aclarar la desclasificación y qué no debería prometer nadie

El debate sobre documentos clasificados del golpe de Estado del 23F se mueve entre dos riesgos:

1. El primero es la ingenuidad: creer que van a salir “papeles con toda la verdad”.
2. El segundo es el cinismo: asumir que no saldrá nada útil.

Lo razonable está en medio. Una desclasificación seria de los documentos clasificados del golpe de Estado del 23F podría aclarar tres grandes cuestiones:

1. Primero, el nivel de información previa en distintos aparatos del Estado.
2. Segundo, el papel exacto de determinadas estructuras de inteligencia y de seguridad.
3. Tercero, cómo se construyó el relato institucional posterior y qué partes se simplificaron por razones de estabilidad política.

Lo que no debería prometerse es una película perfecta con buenos y malos cerrados desde el minuto uno. El 23F fue un episodio complejo, con distintos actores, intereses cruzados, improvisaciones y operaciones de poder. Precisamente por eso, lo más probable es que los documentos clasificados del golpe de Estado del 23F no destruyan un relato para sustituirlo por otro igual de simple, sino que obliguen a aceptar una historia más incómoda y menos limpia.

Y eso, en una democracia madura, no debería ser una amenaza. Debería ser una oportunidad.