El Consejo Permanente ha acordado proponer al Pleno del Institut d’Estudis Catalans (IEC) el cese de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Sociología (ACS), una de sus filiales, por las prácticas ejercidas durante años por miembros de la junta pertenecientes al grupo de investigación CREA, fundado en la Universidad de Barcelona (UB). Su líder, un catedrático emérito al que la UB le ha retirado las atribuciones, está siendo investigado actualmente por la Fiscalía Provincial de Barcelona por las acusaciones de 16 exmiembros de CREA -14 mujeres y 2 hombres-, de coerción sexual y abuso laboral, entre otros.
La comisión de investigación, en un documento hecho público ayer, es contundente. Asegura que ha constatado un deterioro sostenido del funcionamiento de la ACS, prácticas percibidas como excluyentes o sigilosamente coercitivas, episodios de acoso y presión, pérdida de pluralismo y credibilidad institucional, instrumentalización de la ACS como altavoz institucional de los intereses del grupo CREA y blindaje progresivo de la junta directiva, formada mayoritariamente por personas del entorno CREA, ante la crítica y la discrepancia.
Según el informe, los miembros de Crea habrían utilizado órganos de la ACS como vehículo de vigilancia y control sobre personas de la entidad. En 2021 dichos miembros activaron una comisión contra la presidenta misma de la ACS, en un procedimiento que el consejo permanente del IEC califica de “irregular y con episodios de acoso y presión, que acaban con la dimisión de la presidenta”.
En el verano de 2025, tras una investigación conjunta de RNE-Radio 4, RTVE noticias, eldiario.es e Infolibre, se hacen públicas las presuntas prácticas coercitivas del líder de CREA. La junta de la ACS propone entonces redactar una declaración de defensa del acusado, propuesta a la que se opone la vicepresidenta, que provoca su dimisión en septiembre.
Los resultados de la investigación ponen de relieve el control que el grupo CREA consiguió sobre la junta directiva de la ACS a partir de una reforma del sistema de elección de vocales que favorecía a sus miembros. Y con esta junta marcada, el premio Cataluña de Sociología recayó en 2019 sobre el catedrático investigado. El IEC reclama ahora que le sea retirado dicho galardón.
A partir de este diagnóstico, el organismo opta por avanzar hacia una reconfiguración completa de la ACS. En este proceso, se ha planteado el levantamiento de la suspensión de actividades, acompañado de una reforma estructural, que incluye la creación de una junta provisional encargada de redefinir los estatutos y garantizar un funcionamiento acorde con los principios del IEC, en un plazo máximo de 6 meses. El objetivo es recuperar la normalidad institucional sin reproducir las dinámicas que originaron la crisis.
El caso no puede desligarse del contexto más amplio que afecta al grupo CREA y a su fundador, el catedrático emérito objeto de diversas acusaciones que han tenido un fuerte impacto en el ámbito universitario. Las denuncias, formuladas por 14 mujeres y 2 hombres, describen situaciones de abuso de poder en el entorno académico, y en algunos casos, coerción sexual. Este escenario ha incrementado la presión sobre las instituciones vinculadas al grupo y ha precipitado decisiones como la adoptada por el IEC.
Con la nueva fase iniciada, el IEC busca restablecer el papel de la Asociación Catalana de Sociologia como espacio plural y representativo de la disciplina en Cataluña. La reforma prevista deberá redefinir sus mecanismos de gobernanza, reforzar los controles internos y asegurar una mayor transparencia en su funcionamiento.