El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ultima las órdenes de detención de tres investigados en la causa de Plus Ultra a los que Anticorrupción vigila desde el otoño de 2024, según ha podido saber Artículo14. Calama prorrogó el secreto de la causa el pasado 25 de marzo hasta el 28 de abril en el mismo día en que ordenó detener a Luis Felipe Baca Arbulu en Aruba, tras saltar la alerta de un hotel en la isla caribeña en el que se había registrado este empresario de origen peruano.
En un auto del 3 de marzo, este juez aceptó llevar una causa que había rechazado en noviembre de 2024 y que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros del rescate que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021, e investiga, al mismo tiempo, el presunto blanqueo de fondos públicos de programas CLAP para alimentar a la población y de oro de Venezuela en varios países y a través de cuentas y sociedades en Panamá y Emiratos Árabes, a partir de unas actuaciones de la Fiscalía de Ginebra, primero, y París, después, y una denuncia de Anticorrupción por blanqueo de capitales.
El auto de prórroga revela que las Diligencias Previas 77/2024 investigan ya los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, “delitos que por su propia naturaleza exigen una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja. La estructura delictiva investigada presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de la documentación intervenida”, blande.
El magistrado Ismael Moreno del Juzgado Central nº2 se descartó en noviembre de 2024 por motivos personales, y su sustituto, Calama, del Juzgado nº4, sostuvo que la Audiencia Nacional no era competente, lo que la Sala de lo Penal refrendó.
Primeras actuaciones en el otoño de 2024
En aquella fechas se registraron inmuebles en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca con autorización del Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional ante las peticiones de los fiscales internacionales y tras la denuncia del Ministerio Público español contra los empresarios nacidos en Perú Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu y Kristhian Alegre Walter; los venezolanos Danilo Diazgranados y Gabriela Puente Garaboa, y un acreedor suizo de la aerolínea, Simon Leendert Verhoeven, entre otros, que formarían una trama que según Anticorrupción tendría entre sus clientes al exviceministro chavista Nervis Villalobos. Algunos de ellos fueron detenidos y declararon en Suiza y Francia. Pero estas actuaciones secretas realizadas en el otoño de 2024 en España no trascendieron.
Esta inhibición habría podido retrasar la causa y que algunos de los investigados por la Fiscalía tuvieran facilidades para salir de España y reorganizar sus actividades.
En un momento indeterminado del otoño de 2025, la juez Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid asumió este proceso, que declaró secreto el pasado 11 de noviembre, y abrió una pieza separada, lo que saltó a la luz el 11 de diciembre cuando registró la sede de Plus Ultra y detuvo al CEO y el dueño de la aerolínea, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, respectivamente, además de Julio Martínez Martínez, cliente de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y amigo de éste, que se hizo bróker aéreo tras el rescate de Plus Ultra.
La causa puede reactivar la investigación a la SEPI
La apertura de la pieza separada plantea la reactivación de la causa sobre la concesión del rescate por la SEPI que instruyó Collazos y en la que estaban imputados dos secretarias de Estado, una subsecretaria, un secretario general, dos cargos de la SEPI, y Plus Ultra y que se ha dado por definitivamente archivada, según informó Vozpópuli. El auto de la jueza de 5 de enero de 2023 decretó el “sobreseimiento provisional y archivo”, lo que supone que se detiene temporalmente un proceso penal, permitiendo que la causa se reabra si surgen nuevos indicios, aunque algunas fuentes creen sin embargo que el hecho de que el sobreseimiento provisional se debiera a un vencimiento del plazo para investigar impediría que se pueda reabrir.
Un rescate que José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Koldo García, Ángel Víctor Torres y mensajes volcados por la UCO han vinculado ya en varias ocasiones a Zapatero, sobre todo a partir del verano de 2025, de lo que las diligencias de la juez habrían encontrado indicios.
El pasado enero ABC desveló la intención de la jueza de inhibirse ante la aparición de nuevos delitos y su amplio espectro internacional. La causa volvió a Calama, mucho más armada y pública, y decidió asumirla.
Si lo que ha trascendido de las diligencias de Collazos se centró en directivos de la aerolínea y sus conexiones con Zapatero, la primera actuación de Calama conocida ha sido la orden de detención internacional de Luis Felipe Baca Arbulu, que avanzó El Mundo, a la que ha seguido la petición de extradición. Fuentes próximas a Baca Arbulu trasladan su deseo de declarar y de que el procedimiento podría haber sido otro.
Creación y desmantelamiento de sociedades
Los hermanos Baca Arbulu constituyeron en la antesala y en los meses posteriores al rescate unas sociedades en España que compartían sede y han ido liquidando este otoño. Constituida en 2019, Kaimana Capital fue el origen de la actividad de los Baca en España. Antes de ser disuelta, tenía como socios al propio Enrique Martín Baca y al ciudadano francés Romain Jean Oscar Bruère, actual administrador de la Kaimana luxemburguesa (Kaimana Sárl). Esta última fue creada a finales de 2021.
Kaimana Capital se creó bajo el nombre inicial de Bluecap Consulting Group con el objeto social de “la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría e intermediación empresarial, así como en su caso en los mercados relativos con inversiones extranjeras en España”, a diferencia de las siguientes, Trowbridge y Lagundri, orientadas al negocio inmobiliario.
En mayo de 2021, los Baca crearon Atitlan Capital, con un objeto social prácticamente idéntico al de Kaimana Capital y que también ha sido disuelta recientemente.
Enrique Martín Baca Arbulu disolvió el pasado 2 de enero Lagundri, apenas dos semanas después de liquidar Kaimana Capital. El desmantelamiento de la red mercantil coincide con el avance de la causa sobre Plus Ultra.
Este empresario se encontraba en Dubái en el momento en que se produjeron las detenciones relacionadas con la causa en diciembre. Las Navidades las pasó en Punta Hermosa, un balneario al sur de Lima, y en Piura, en Perú, según desveló Vozpópuli.
El acreedor que recibió fondos del rescate
Este mismo diario informó de que Plus Ultra garantizó en su momento 1,3 millones del rescate al suizo de origen holandés Simon Leendert Verhoeven y de que tres fondos de capital riesgo administrados por éste financiaron la aerolínea con préstamos puente de este importe meses antes de que recibiera el rescate del Gobierno español.
El 28 de octubre de 2020, la compañía suscribió un préstamo por 500.000 dólares con Wailea Invest LTD, una sociedad domiciliada en Reino Unido y representada por Verhoeven. A este se sumó un mes más tarde, el 20 de noviembre de 2020, otro préstamo por 500.000 dólares con Allpa Wira Trading UK Limited, fondo domiciliado en Suiza. El 29 de enero de 2021, contrató un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation Limited, registrada en Gibraltar.
Eran préstamos de “carácter transitorio” para “hacer frente a sus costes de estructura durante la tramitación de la solicitud de apoyo público” al Gobierno español. La aerolínea se comprometió a devolver esos préstamos nada más conseguir la inyección de la SEPI, compromiso que cumplió.
Magnates venezolanos
Los empresarios venezolanos Camilo Ibrahim Issa y Rodolfo Reyes -este último señalado en 2017 por la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, por su presunta relación con la trama de los CLAP-, entraron en Plus Ultra en 2017 cuando la aerolínea afrontaba pérdidas y riesgo inminente de disolución con una operación con origen en Panamá. Un polémico préstamo del banco Panacorp Casa de Valores al que estaban vinculados salvó entonces a la aerolínea y a la vez permitió el rescate.
Ibrahim, introductor de la franquicia de Zara en Venezuela y al que Zapatero ayudaría a volver a entrar en la Embajada española en Caracas entre 2018 y 2019, se desvinculó de la aerolínea en 2019, aunque mantuvo nexos con sociedades relacionadas. Las salidas de Reyes y de accionistas como Joaquín Olimpio se han producido el pasado octubre.
Reyes, cuya esposa, María Aurora López López, controló casi el 60% de la compañía, se desligó accionarialmente de Plus Ultra y partió rumbo a Venezuela antes de que se llevaran a cabo los registros y detenciones en Madrid el pasado mes de diciembre.
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