La corrupción del PP y del PSOE ha salpicado a la política esta semana. Ambos partidos se han entregado con fuerza al “Y tú más” a cuenta de dos juicios que han arrancado esta semana en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. El pasado martes se sentaron en el banquillo de los acusados del alto tribunal el que fuera número 2 de Pedro Sánchez en el partido, José Luis Ábalos, y su asesor y hombre absolutamente para todo, Koldo García Izaguirre. Se les acusa de lo que se conoce en el argot policial y de la calle como corrupción de manual sin ningún tipo de sofisticación. Todo indica que se enriquecieron vendiendo mascarillas a muchos ministerios y administraciones por procedimiento de urgente, sin ninguna explicación y en lo peor de la pandemia que es lo más indignante. En este negocio hay una parte ética que supone que en aquellas trágicas circunstancias, cuando en España morían centenares de personas, una trama parasitaria del Gobierno se lucró ilegalmente con material sanitario que todos necesitábamos.
El caso Ábalos tiene mucho de Torrente además por la cantidad de novias que le salieron cuando era ministro y por la vida padre que se ha pagado. Organizaba viajes oficiales que pasaban a ser de ocio y que en principio las pagaba el comisionista de la trama Víctor de Aldama que a la vez pagaba en especie el alquiler de los pisos donde Ábalos se reunía con sus novias. El paso de Jesica Rodríguez y de Claudia Torres, Miss Asturias, por el Supremo constata que al menos dos mujeres vinculadas al exministro fueron enchufadas en la administración pública.
El juicio es importante por la cercanía política de Ábalos con Pedro Sánchez y por el hecho de que su sucesor, Santos Cerdán, también este involucrado en este sumario. Esto es lo grave porque Ábalos para quien la Fiscalía pide 24 años lo ha sido todo en el PSOE, solo por debajo del presidente del Gobierno. Aunque Moncloa ha intentado encapsular esta red de influencias como actos de personas concretas, la investigación judicial en el Supremo ha puesto sobre la mesa que los lazos de esta presunta organización criminal comenzaron a fraguarse en agosto del 2018, dos meses después de que Ábalos fuese nombrado ministro de Fomento.
El segundo juicio que arrancó el lunes en la Audiencia Nacional afecta al PP, pero se remonta a años atrás. El caso Kitchen fue un montaje para evitar que Luis Bárcenas desvelase información comprometedora sobre la caja b de los populares de la época de Mariano Rajoy. Es corrupción porque se gastó dinero público y entre los acusados está el exministro del Interior, su número dos y toda la cúpula policial de aquella época. Se llama “kitchen” porque su misión era captar al chófer de Bárcena a quien se captó y su misión era entrar “hasta la cocina” del extesorero y porque según revela Villarejo en un audio el conductor del extesorero se parecía al cocinero Sergi Arola. Le asignaron el apodo de chef y de “chef a Kitchen”.
La gran incógnita es saber si Jorge Fernández Díaz informó de todo a Mariano Rajoy y a su entorno. La actual dirección de los populares alegan que el partido ya pagó por ello con la moción de censura y es cierto pero el problema es que esa policía actuó en más frentes políticos que hay que aclarar. En este caso un Estado que opera contra la ley para protegerse a si mismo subvierte el orden democrático al perseguir al individuo no por delitos probados, sino por aquellos que ya sabía. Y lo que es todavía más preocupante con episodios que pusieron en riesgo la integridad física de su familia.
Durante toda esta semana los dos partidos han tenido una reacción similar y previsible. Son casos del pasado, ya no tienen ninguna responsabilidad y es aquí donde hay que exigir a socialistas y a populares un poco más de honestidad. La importancia de estos casos no está solo en las personas que están acusadas, ni en las siglas, ni en los líderes a los que salpican, sino en la idea que dan sobre la calidad democrática de España, sobre los controles preventivos que utilizan los partidos para detectar operaciones fraudulentas. La justicia actúa pero hay una falta evidente de prevención más allá de la disciplina interna de los propios partidos, pervertida a la vez por la falta de democracia interna y transparencia. Las investigaciones han revelado cómo tres décadas después de los escándalos de los años noventa y dos décadas después de estallar la Gurtel, personajes sin escrúpulos pensaron que podría amañar contratos de Transporte y lo amañaron. Otras investigaciones, las referidas a “Kitchen”, han revelado como un Gobierno que se sentía acosado pensó que podía utilizar a la Policía para defenderse politicamente y lo intentó.
La forma en la que los partidos cooptan las instituciones hace que algunos de sus miembros se sientan impunes. A la justicia le toca dirimir que es exactamente que hicieron los acusados y los ciudadanos tienen derecho y deben saber la verdad para preguntarse por qué pudieron hacerlo pero lo más interesante de estos juicios es que revelen porque no había esos canales para prevenir el uso ilegal de las instituciones. ¿No sería de justicia hablar en el Congreso de los Diputados de evitar que estos abusos se repitan? Esta es la conversación pendiente que tienen el PP y el PSOE y no el cruce de acusaciones. Los juicios de esta semana prueban la capacidad regeneradora del sistema pero es muy inquietante que en el entorno político de los encausados no hubiese ningún “chivato”. ¿De verdad que nadie se dio cuenta en su entorno de que el exsenador y extesorero del PP llevaba un nivel de vida incompatible con su sueldo? ¿Nadie en el PSOE se dio cuenta de los excesos personales y económicos que llevaba Ábalos? ¿Cómo se puede normalizar que familiares de un asesor ministerial suban a una sede de partido y retirar sobres de dinero para el entorno del número dos? Todo esto nos lo deberían de explicar.