La última concesión del Gobierno a ERC en materia de financiación autonómica no es solo un acuerdo técnico ni un peaje parlamentario más: es un cambio de marco ideológico que rompe, o al menos tensiona, uno de los consensos históricos de la izquierda sobre dinero público y redistribución. Ayer, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaron a un acuerdo en materia de financiación, tras meses de negociación a tres bandas: Ministerio de Hacienda, Generalitat de Cataluña y Esquerra Republicana. El pacto, a falta de conocerse los detalles, supondrá la dotación anual de 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña. Y lo que es más importante, el reconocimiento del principio de ordinalidad.
Esta idea, defendida desde hace años por los nacionalismos periféricos más prósperos, sostiene que quien más aporta al sistema no debe perder posiciones relativas cuando se reparte lo recaudado. Es decir, que exista una correspondencia entre lo que se paga y lo que se recibe.
Sin embargo, el principio de ordinalidad choca frontalmente con el argumento que ha justificado históricamente el Estado del bienestar: que quienes menos tienen -y, por tanto, menos contribuyen- reciban proporcionalmente más con el objetivo de corregir brechas estructurales. De este modo, el sistema concibe la redistribución como una herramienta de justicia social, no como una recompensa al esfuerzo fiscal. Ahora, el acuerdo con ERC introduce una lógica distinta: la de la proporcionalidad territorial.
La posición de Cataluña
Aunque pudiera parecer que Cataluña sufre un agravio en la financiación, forma parte de las comunidades autónomas con una dotación por encima de la media. En su caso, en un 1,9%, según los datos más recientes de FEDEA correspondientes al año 2023. Aunque muy alejada del 20% por encima del promedio nacional que registra Cantabria. Y de La Rioja y Balearas, un +13,3% y un +12,8%, respectivamente. En la otra cara de la moneda, Murcia (-8%), Comunitat Valenciana (-7,4%) y Andalucía (5,4%) se posicionan como las autonomías más infrafinanciadas.
El problema para los partidos nacionalistas como Junts y ERC es el dinero que viene de vuelta. Cataluña se sitúa entre las comunidades que más aportan al Estado, siendo la tercera en recaudación efectiva, pero su posición a la hora de recibir financiación la desplaza hasta el noveno lugar.
El fin del principio de solidaridad
Este desfase es el resultado del principio de solidaridad que rige el modelo actual de financiación autonómica. Mediante este, el Estado busca compensar desigualdades entre territorios y garantizar que todas las comunidades puedan cubrir sus competencias con un nivel similar de recursos por habitante.
Así, regiones como Canarias, que aporta apenas un 53% de la media nacional por habitante, logra situarse en quinto lugar en financiación percibida. Extremadura, por ejemplo, también representa el mismo caso. Y con una aportación cercana al 60% de la media, ocupa el cuarto puesto en recepción de recursos. El sistema prioriza, por tanto, la equidad y la redistribución. Lo que garantiza que las comunidades con menor capacidad contributiva no queden rezagadas frente a las más ricas.
El debate se intensifica al contemplar la transición hacia un modelo basado en ordinalidad, en el que la financiación correspondería directamente a la contribución de cada territorio. Bajo este esquema, Madrid, cuya aportación supera en un 40% la media nacional, pasaría a ser la comunidad que más debería percibir. Lo que contrasta con su posición actual en el ranking de financiación, ya que cae a decimoprimera posición, con incluso un 0,8% por debajo de la media nacional.
20.000 millones en transferencias
En consecuencia, una de las voces más críticas dentro del Partido Socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha alzado la voz en contra de este nuevo marco al considerar que el principio de ordinalidad es “literalmente el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia“.
No obstante, el Ministerio de Hacienda ya adelantó que el nuevo modelo no provocaría que ninguna autonomía perdiese recursos, por lo que será el Estado quien cederá parte de sus ingresos a las CCAA. Aunque todavía no se ha precisado cuánto, las cifras que había sobre la mesa de negociación con la Generalitat apuntaban a que desde la administración central se aceptará la transferencia de al menos 20.000 millones de euros a las comunidades.
En este sentido, no habrá agravio para las comunidades que menos aportan y el sistema igualará la financiación efectiva de las autonomías. Sin embargo, la reducción de la brecha de más de 28 puntos entre la peor (Murcia) y la mejor financiada (Cantabria), tendrá un claro perdedor: el Estado. Por ello, dada su situación de deuda y déficit, es probable que cubra esta perdida de recursos con más impuestos.
Mayoría en el Congreso
Pero para el aumento de hasta el 18% de la capacidad presupuestaria de Cataluña acordada en el día de ayer no encontrará una fácil tramitación. El nuevo modelo de financiación requerirá del sí mayoritario del Congreso de los Diputados. 176 votos. Una cifra que, tras los desplantes de Junts se hace cada vez más difícil de alcanzar. Además, la cesión actual sabe a poco para los de Puigdemont. El partido ya había adelantado que no apoyará ninguna reforma del sistema de financiación que no implique un concierto económico como el de País Vasco o Navarro -que tienen su propio sistema-.