La cámara baja parece haberse instaurado en el ‘no’ perpetuo. El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda presentado por el Ejecutivo para las administraciones públicas entre 2026 y 2028. La decisión, impulsada por los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que suman 178, tendrá un impacto directo sobre las comunidades autónomas. En este sentido, los gobiernos regionales gozarán de un menor margen de gasto. Así, la negativa supondrá un recorte adicional de 1.755 millones de euros para 2026 y de 5.485 millones a lo largo de todo el periodo.
La elección de las agrupaciones conservadoras no pilló por sorpresa a nadie. PP, Vox y Junts, que ya habían adelantado su rechazo, criticaron que los objetivos presentados este jueves eran “idénticos” a los que habían sido vetados el pasado 27 de noviembre. Por su parte, Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó se abstuvieron (seis votos). Mientras que el resto de formaciones -PSOE, Sumar, ERC, EhBildu, PNV y el grupo mixto- apoyaron la propuesta (166 síes).
La propuesta de Montero
La medida que el hemiciclo ha rechazado fijaba una hoja de ruta para reducir progresivamente el déficit del conjunto de las administraciones públicas, pasando del 2,1% del PIB en 2026 hasta el 1,6% en 2028. Dentro de esta propuesta, la distribución del déficit entre administraciones era clara: a las comunidades autónomas se les asignaba un margen muy limitado de déficit del 0,1% del PIB anual, apenas un colchón sobre sus ingresos. La Administración Central, por su parte, dispondría de un margen más amplio, del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028. Así, gozaría de una mayor capacidad de gasto que la de las comunidades autónomas.
A pesar del rechazo de la senda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que el Gobierno seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Sin embargo, estos se elaborarán tomando como base una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas. Y se hará conforme al plan estructural a medio plazo remitido a Bruselas el año pasado. Este programa recoge un recorte de una décima el margen de gasto regional, e incrementa a su vez un poco más el tope para la Administración Central.
Una senda con menos margen
En este contexto, para el próximo año las comunidades autónomas deberán ajustarse a la estabilidad presupuestaria. Y pasarán a tener que cumplir con un déficit del 0%, frente al 0,1% que planteaba inicialmente Hacienda. Este nuevo umbral limitará aún más su espacio de gasto y obligará a las regiones a asumir revisiones adicionales en sus presupuestos, que previsiblemente supondrán recortes en los servicios que garantizan.
Aunque Montero reitera que expondrá los PGE, el partido de Puigdemont ha vuelto a advertir de que incumplir con Cataluña tiene consecuencias. “Ni objetivos -del déficit- hoy, ni Presupuestos mañana“, ha remarcado el diputado de la agrupación Josep Maria Cruset durante el debate en el Congreso.
Una factura de 5.485 millones
La factura para las comunidades, bajo el plan fiscal estructural remitido a la UE, ascenderá hasta los 5.485 millones de euros si se tiene en cuenta todo el periodo. Según los cálculos del Departamento de Hacienda que dirige María Jesús Montero, Madrid será la región más afectada, con una reducción a acometer de 1.088 millones, seguida de Cataluña, con 1.038,7 millones, y Andalucía, con 731,4 millones.
Otras comunidades también sufrirán ajustes significativos. Así, Comunidad Valenciana perderá la capacidad de emplear 509,9 millones, Galicia 280,8 millones, Castilla y León 256,7 millones, Canarias 200,5 millones. Por debajo de los 200 millones: Castilla-La Mancha 193,3 millones, Aragón 169,6 millones, Baleares 153,4 millones, Región de Murcia 144,2 millones, Asturias 103,3 millones. Solo Extremadura, Cantabria y La Rioja estarán por debajo de los 100 millones, con 91,5; 60,7 y 38,6 millones respectivamente.
Navarra y el País Vasco no se incluyen en estos cálculos porque tienen sistemas fiscales forales, que les permiten recaudar y gestionar sus propios impuestos. Por lo que no están sujetos a los límites de déficit que se aplican al resto de comunidades autónomas.
En esta línea, la ministra Montero subrayó que son precisamente las “comunidades autónomas las más perjudicadas” por el rechazo a la senda de estabilidad. “No se puede explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos voten en contra. Solo se entiende si hay partidos en esta Cámara que están instalados en el no por el no”, criticó.