Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), fue muy clara en su visión del marco fiscal estructural: “Poco realista; por lo tanto, poco creíble; y que tiene problemas para para exigir su cumplimiento“. Y fue más allá, incluso en algunos aspectos, resulta inaplicable. Por todo ello, aprovechando que, a 31 de diciembre de 2025, España tiene que dar cumplimiento a la transposición de la Directiva de marcos presupuestarios nacionales, planteó una reforma integral para corregir sus debilidades y alinearlo con el marco europeo.
Así se refleja en una Opinión sobre la reforma del marco fiscal nacional. Aunque a veces se asimila a las reglas fiscales, como advirtió Herrero “es un elemento muy importante, que va mucho más allá”. El marco fiscal engloba al conjunto de reglas, instituciones e instrumentos y prácticas presupuestarias orientadas a preservar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
“Es una oportunidad para reformar el marco fiscal nacional”, valoró en rueda de prensa Herrero. Pese a reconocer la dificultad actual en el parlamento para abordar una reforma integral de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuestionó que el Gobierno haya limitado la transposición de la norma europea a actualizar cuestiones muy puntuales. Una relacionada con la labor de supervisión de la AIReF, para su evaluación externa. Y la segunda, orientada a incorporar el impacto de los riesgos climáticos a los riesgos macrofiscales. Ambas se desarrollarán tal y como avanzó María Jesús Montero a través de reales decretos.
¿Qué propone la AIReF?
Para la AIReF, uno de los problemas es la falta de credibilidad del modelo nacional por su incumplimiento. La institución independiente recordó que este marco fiscal se produjo tras la crisis financiera y de la mano de la legislación europea. No obstante, desde su puesta en marcha, se han identificado debilidades en su funcionamiento derivadas tanto de su diseño como de su aplicación práctica. En concreto, identificó la falta de consistencia entre las múltiples reglas existentes, los problemas de coordinación entre administraciones y la existencia de un sistema excesivamente estricto de medidas correctoras que resulta inaplicable.
Para dar prueba de ello en un ejercicio de simulación, la AIReF estimó cuál sería la deuda pública si hubiera habido un cumplimiento estricto. Ello habría llevado a una reducción de la deuda pública alrededor el 69% del PIB, frente al 100,9% previsto por el Ejecutivo en 2026. Por ello, Herrero defendió revisar el sistema de reglas fiscales numéricas en línea con el nuevo marco europeo, situando en el centro la regla de gasto una vez que se armonice con la europea: “Ambas deben ser plenamente coincidentes y para ello serían necesarios desarrollos reglamentarios”.
Objetivos de déficit por regiones
En opinión de la AIReF, la regla de gasto también debería aplicarse a los Fondos de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y las grandes corporaciones locales. Es decir que cada una de estas entidades o administraciones elaboren su propio plan de manera que se eviten -como así ocurre ahora- objetivos incumplibles. Ello se enmarca además en el modelo de administración descentralizada de España.
Como explicó Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario del organismo, con el modelo actual, para algunas comunidades el objetivo de estabilidad es “irrelevante”, porque podrían cumplirlo y hasta incrementar el gasto por encima de la regla. Sin embargo, para otras -como Valencia o Murcia es inalcanzable-, y por lo tanto no tienen como meta poder cumplirlos.
“Si objetivos fueran realistas no haría falta incumplirlos. Ningún Gobierno va a asumir el coste de fiscalizar una comunidad autónoma o un ayuntamiento. Esto es algo que no se va aplicar”, admitió, Cristina Herrero, que abogó por una supervisión más rápida y con mucho más automatismo.
Regla de gasto nacional y europea
En concreto en relación con el marco fiscal europeo, que marca la Opinión de la AIReF, la institución señala que la multiplicidad de reglas nacionales dificulta la consecución de los objetivos europeos y destaca las diferencias entre las dos reglas de gasto. La nacional está concebida para países que se encuentran en equilibrio estructural, al establecer que el gasto computable no puede crecer por encima del crecimiento potencial nominal de la economía. La europea, para economías que deben afrontar un proceso relevante de reducción de su deuda. Además, la regla de gasto nacional excluye a la Seguridad Social y, por tanto, al gasto en pensiones que representa casi un tercio del gasto público.
Según la AIReF, la falta de coherencia entre ambas reglas puede llevar a diagnósticos muy distintos. En este sentido, recordó que el informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas de 2026, identificó que la aplicación de la regla de gasto nacional implicaría la necesidad de ajustes por un importe de 12.000 millones de euros en 2025. Por el contrario, no sería necesario ningún ajuste para cumplir con los compromisos europeos. No obstante, esta situación se invertiría en 2026 y el cumplimiento de la regla de gasto nacional no garantizaría el cumplimiento de la regla de gasto europea.
“No parece razonable que un marco fiscal nacional se acabe regulando a través de leyes ordinarias, reales decretos u órdenes ministeriales. Un marco fiscal nacional sólido, coherente y eficaz necesita estar regulado en una ley orgánica“, concluyó Herrero. Su visión ya está sobre la mesa, queda pendiente cómo entienda el Ejecutivo esta recomendación.