La propuesta del Gobierno para encabezar el Ministerio Fiscal tras la caída de Álvaro García Ortiz tiene nombre propio: Teresa Peramato. Su designación llega en uno de los momentos más convulsos para la Fiscalía General del Estado en los últimos años, después de la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita a García Ortiz durante dos años y precipita su marcha.
Ahora, todas las miradas se dirigen a una figura conocida dentro de la carrera fiscal, respetada por su trayectoria y especialmente vinculada a la lucha contra la violencia de género. Un perfil técnico que, según el Ejecutivo, aporta estabilidad y prestigio a una institución golpeada directamente por la polémica.
Una fiscal con más de treinta años de carrera
A sus 62 años, Teresa Peramato suma más de tres décadas de experiencia dentro del Ministerio Fiscal. Nacida en Salamanca y formada en la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera fiscal a principios de los noventa y desde entonces ha pasado por destinos como Tenerife, Valladolid y Barcelona antes de establecerse en Madrid.
Esa trayectoria extensa y progresiva la ha convertido en una de las fiscales mejor valoradas internamente, especialmente por su especialización en defensa de víctimas y persecución de delitos de violencia de género. Desde hace dos décadas, su nombre se asocia a esa materia con una solidez poco frecuente.
Su ascenso profesional ha seguido una línea constante. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. Un puesto clave en un momento en el que España empezaba a construir el actual modelo institucional contra la violencia machista.

A partir de 2010, Teresa Peramato pasó a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, donde ganó un peso notable dentro de la estructura del Ministerio Fiscal gracias a su conocimiento de la materia, su capacidad técnica y su papel en la coordinación estatal de esta especialidad. Esta etapa asentó definitivamente su reputación como una de las principales expertas del país en el ámbito penal de la violencia de género.
Su llegada al núcleo del poder jurídico
En 2021 recibió otro de los nombramientos que marcaron su trayectoria: fiscal de sala jefa de la Fiscalía especializada, convirtiéndose en la máxima responsable de esta área en España. Desde ese puesto, Teresa Peramato impulsó directrices, criterios internos y estrategias comunes para la protección de víctimas, además de representar a la Fiscalía en debates institucionales sobre igualdad y seguridad.
Y ya en enero de 2025 dio un salto que la colocó en el núcleo del poder jurídico. Fue designada fiscal de sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo. Uno de los escalones más altos a los que puede aspirar un fiscal de carrera.
¿Por qué ha elegido el Gobierno a Teresa Peramato como fiscal general?
No es extraño, por tanto, que su nombre sonara entre las opciones naturales para dirigir la institución después de la renuncia forzada de García Ortiz. Su elección es leída en ambientes jurídicos como una apuesta por un perfil técnico y especializado, capaz de recuperar cierta estabilidad y prestigio en una Fiscalía afectada por la controversia.
También es un mensaje político: colocar al frente del Ministerio Fiscal a una experta en violencia de género en un momento marcado por tensiones en materia de igualdad, reformas legislativas y debates sobre protección de víctimas.
¿Cuáles son los retos de la nueva Fiscalía?
El nombramiento de Teresa Peramato no está exento de desafíos. El primero, lograr reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal en un contexto en el que el cargo de fiscal general es, inevitablemente, percibido como altamente politizado debido a su designación directa por el Gobierno.

El segundo, gestionar la transición tras el desgaste institucional provocado por la condena a García Ortiz, con la necesidad de recomponer la imagen pública y recuperar la confianza de sectores críticos.
Y el tercero, consolidar la estructura de especialización de la Fiscalía en violencia de género. Un ámbito que ha generado tensiones internas y externas en los últimos años por la aplicación del marco penal y por la respuesta institucional a los cambios legislativos.



