Han pasado 26 días desde que las movilizaciones del pasado 30 de octubre obligaran a la secretaria general de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, a tender la mano a los sindicatos y emplazarlos a negociar. El primero de los encuentros tuvo lugar el pasado 5 de noviembre en el que las agrupaciones de CCOO, UGT y CSIF compusieron el otro lado de la mesa.
Entonces parecía no haber un horizonte temporal claro para la resolución. Hubo que esperar al miércoles de la semana pasada para escuchar la primera oferta de subida salarial propuesta por el Gobierno. La iniciativa, que sugería un alza del 10% del sueldo de los empleados públicos para el periodo 2025-2028, llegó a ser tildada de “insulto” por los sindicatos. El desplante llevó entonces al Ejecutivo a replantear el alza. Y al día siguiente formuló un aumento de un 1% que con los deslizamientos elevaría la mejora hasta el 11,5%.
Por parte de UGT y CCOO la oferta fue recibida con entusiasmo y a pesar de mostrar cierta duda y asegurar que estudiarían con detenimiento la proposición, esa misma tarde UGT ya anunció que validaba el último intento del Gobierno. Así, el acuerdo con Función Pública, que previsiblemente no contará con el apoyo de CSIF, está a un paso de cerrarse gracias a la predisposición de las otras dos agrupaciones. Aunque fuentes oficiales de CCOO confirman a Artículo14 que “faltan todavía algunos pasos internos que dar”.
El tercero en discordia
No es la primera vez que el sindicato presidido por Miguel Borra, se erige como el tercero en discordia. Este colectivo ya había rechazado el anterior acuerdo marco, firmado en 2022 por las otras dos organizaciones y en vigor hasta 2024. En este sentido, desde UGT defienden que “se podría volver a llegar a un acuerdo sin ellos”.
Aquel pacto contemplaba incrementos salariales con un componente fijo y otro variable, lo que supuso una mejora cercana al 10% en las retribuciones de los funcionarios. En ese momento, la inflación se situaba en niveles similares, y convirtió el acuerdo en un esfuerzo económico que rondó los 13.000 millones de euros.
Desde el sindicato alegan a este medio, que el pacto de entonces “no fue suficiente” y explican que los empleados públicos “acumulan mucha perdida de poder adquisitivo, no solo desde los recortes de 2010, sino a raíz del anterior acuerdo salarial”.
Por ello, justifican que en el presente diálogo “todavía hay margen de mejora. El Gobierno puede hacer un esfuerzo mayor”. Y aunque señalan la jubilación y la reducción de la jornada como algunas de las medidas a debatir, admiten que “el primer caballo de batalla es la subida salarial. Por eso, apostamos por la negociación hasta el último momento”.
Tira y afloja
Sin embargo, desde el lado del Ministerio, Función Pública ya comunicó el jueves a los sindicatos que “no hay plan B”, instándoles a analizar la oferta dentro de sus organizaciones antes de dar una respuesta. Las declaraciones se incluyen dentro del juego de presión negociadora, que busca generar sensación de urgencia y unidad por parte de los sindicatos. Este tipo de mensajes se suelen emplear para testar hasta dónde están dispuestos a ceder los representantes de los trabajadores antes de cerrar un acuerdo. Y aunque puede que formen parte del tira y afloja de la tratativa, puede demostrar que el Estado realmente tiene ese límite fijado.
En este contexto, la cartera de Óscar López ha convocado a las agrupaciones a un nuevo encuentro hoy lunes. La cita se perfila como la definitiva para suscribir el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. La propuesta del 11%, presentada el jueves, se aplicaría a lo largo de los cuatro años hasta 2028. Aunque aún no se ha precisado cómo se distribuirá el incremento por cada ejercicio, Función Pública ha dejado claro que las subidas “no podrán superar el 4% entre 2025 y 2026“. La postura no fue bien recibida por CSIF, que advirtió que “de mantenerse así, tendremos que volver a las calles”.
Cuestiones pendientes
En esta reunión, además de abordar la propuesta salarial, CCOO ha anticipado que se pondrán sobre la mesa “otros asuntos” que afectan al empleo público. Entre ellos se incluyen mejoras en los servicios y en el empleo. También se tratarán los procesos selectivos, tanto de acceso como de promoción interna. Se abordarán cuestiones relacionadas con la atención a la ciudadanía, la igualdad y la no discriminación. Asimismo, se discutirá sobre salud laboral, bienestar y prevención de riesgos laborales, así como sobre la capacitación profesional y la adaptación a las nuevas tecnologías.