Con el reloj en cuenta atrás para el fin de 2025 y la presión creciente en la calle, Óscar López, ministro de Función Pública, ha optado por renovar la cúpula de su departamento encargada de la gestión de los funcionarios. Una ‘patata caliente’ que ha confiado a dos funcionarias de carrera con un alto perfil técnico. Consuelo Sánchez y María Hilda Jiménez, recién nombradas secretaria de Estado de Función Pública y directora general, respectivamente, asumen su nueva responsabilidad con un objetivo muy claro: reconducir la negociación con los sindicatos del ramo y evitar una huelga general en diciembre.
Al otro lado de la mesa, CCOO, CSIF y UGT -principales sindicatos de la Función Pública- han unido fuerzas y han comenzado las primeras movilizaciones. El primer objetivo de las mismas, la convocatoria de la mesa de negociación, se cumplió ayer, tras una protesta frente al Ministerio. En el que parece un nuevo talante, las nuevas responsables ministeriales recibieron a los líderes sindicales y los emplazaron a una próxima cita el 5 de noviembre. Pese al cambio de tono, la solución del principal punto de preocupación de los funcionarios -la subida salarial- no parece fácil.
A principios de este mes, López admitió que el Ejecutivo debe desbloquear primero las cifras de los Presupuestos Generales del Estado antes de abordar con los sindicatos el alza retributiva. “Tenemos que desbloquear las cifras de los Presupuestos para luego hablar con los sindicatos”, señaló.
Presión sindical
Entre 500 y 1.000 trabajadores públicos -según fuentes sindicales- se concentraron el jueves frente al Ministerio en Madrid para exigir mejores condiciones laborales y la apertura inmediata de la negociación. Las tres grandes centrales reivindican que los funcionarios están sin subida salarial prevista en 2025, mientras que el IPC continúa subiendo. Reclaman además una jornada de 35 horas con carácter general, el fin de la tasa de reposición, nuevas ofertas de empleo público y la regulación del teletrabajo.
“Este ninguneo no se puede soportar”, denunció Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, al inicio de la protesta. Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, advirtió de que “hoy puede ser el principio de un acuerdo o de una huelga”. El presidente de CSIF, Miguel Borra, acusó al Gobierno de “tener abandonados a los empleados públicos” y recordó que “debe ya 2.000 millones este año”.
Desde los sindicatos insisten en que la falta de presupuestos no puede servir de excusa para frenar las mejoras. “En los tres últimos años los trabajadores públicos han perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo”, denunció Borra. Otro de los grandes frentes pasa por rejuvenecer la plantilla: casi la mitad de los empleados actuales se jubilará en la próxima década.
Primera respuesta ministerial
Si con Clara Mapelli, exsecretaria de Estado de Función Pública, que tuvo como prioridad la resolución de la crisis de Muface, la comunicación con los sindicatos estaba prácticamente rota, Consuelo Sánchez atendió a los representantes de CCOO, CSIF y UGT concentrados a las puertas del Ministerio. Fue la propia secretaria de Estado quien directamente comunicó la cita del próximo 5 de noviembre. Se dirigió a los manifestantes y mantuvo un breve encuentro con los dirigentes sindicales, cuyas imágenes difundió el Ministerio.
Sánchez, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Hasta su nombramiento era subsecretaria del mismo ministerio y conoce en detalle el funcionamiento interno del área. La designación de un perfil altamente técnico se entiende cuando está pendiente la redacción de un nuevo acuerdo marco, tras la finalización del vigente entre 2022-2024.
Apoyo de una jurista y gestora
La nueva secretaria de Estado hará tándem con María Hilda Jiménez como directora general de la Función Pública, que sustituye a María Isabel Borrel. Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en Derecho Mercantil e Inmobiliario, diplomada en Gestión Pública por IESE y en el Curso de Defensa Nacional del CESEDEN. Desde marzo de 2025, ha estado al frente de la Secretaría General Técnica del Ministerio.
Cuenta también con una trayectoria de más de dos décadas en la Administración. Ejerció como directora general del Servicio Exterior (2021-2024), vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno (2018-2021) y consejera en la Representación Permanente de España ante la UE. También ha sido directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Universidades y abogada en Garrigues antes de ingresar en la función pública. Está condecorada con la Cruz Blanca de la Orden del Mérito Policial.
Propuesta económica
Los primeros resultados de esta renovación en la cúpula del Ministerio serán palpables la próxima semana. A falta de dos meses para que finalice el año, desde CSIF pidieron a las nuevas responsables que acudan “con una oferta económica concreta”. Y advirtieron: “Si no hay acuerdo, habrá huelga en diciembre”. Es su principal reto. evitar que la Función Pública se convierta en un nuevo frente del Gobierno.