“¡Basta ya! O se sienta a negociar o habrá huelga general”. Con esa contundencia, los sindicatos de funcionarios se dirigen directamente al ministro de Función Pública, Óscar López, durante las protestas convocadas hoy.
El Gobierno ya estaba avisado. El pasado 13 de octubre, las principales centrales sindicales de la función pública, UGT Servicios Públicos, CCOO Área Pública y CSIF, ya anticipaban una manifestación masiva para finales de mes y una posible huelga general para diciembre. El primero de los anuncios ha llegado en la presente jornada y el segundo puede estar más cerca que nunca. De producirse, se trataría de la primera huelga de funcionarios durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las concentraciones, que ya han comenzado, se suceden frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España. Las organizaciones reclaman servicios públicos de calidad, incrementos salariales y más empleo. La movilización, que ya estaba programa con anterioridad, afecta a más de tres millones y medio de trabajadores del sector público.
“No descartamos ninguna acción”
“El deterioro de lo público está provocando situaciones indeseables que se traducen en una mayor respuesta social. Lo vemos en la Sanidad, en la Educación, en los Servicios Sociales, en la Justicia… y en la gestión diaria de servicios públicos esenciales”, denuncian desde los sindicatos. Asimismo, recuerdan la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación de los empleados, que generan malestar entre las personas usuarias. “Hay que recuperar y estabilizar el empleo público, dignificarlo, garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo”, explicaron los portavoces.
La amenaza de huelga ya planea sobre el calendario. “No descartamos ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general”, advirtieron, dejando claro que el desarrollo e intensificación de las movilizaciones dependerá de la voluntad del ministro Óscar López de retomar las negociaciones.
Las presiones parecen dar sus frutos. La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, se acercó este jueves a la concentración y convocó a los sindicatos para “reanudar la negociación” el próximo miércoles 5 de noviembre a las 11 de la mañana. Por su parte, CSIF exigió al ministerio que “lleve una oferta económica a la primera reunión”. La solicitud de los demandantes deja que las movilizaciones y la posible huelga dependen de avances concretos en la mesa de negociación.
Reivindicaciones
Entre las reivindicaciones, los funcionarios destacan que “sin un nuevo pacto, las retribuciones de este año quedan sin referencia”. Una situación que los sindicatos consideran “inaceptable”. Reclaman que cualquier incremento que se acuerde “debe aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2025“, y exigen que la negociación incluya mejoras laborales más amplias. Desde la tasa de reposición y la oferta de empleo público hasta la regulación del teletrabajo y la jornada de 35 horas.
Más allá del salario, las organizaciones alertan de un problema estructural. Según datos de la Administración General del Estado (AGE) casi la mitad de la plantilla se jubilará en la próxima década, por lo que el envejecimiento amenaza la capacidad de prestación de los servicios. En este sentido, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, ya reconoció hace unas semanas que “se han perdido en torno a 42.000 efectivos en los últimos 20 años”.
Al mismo tiempo, durante esa rueda de prensa, Palazzo defendió que “hay que garantizar la presencialidad y los servicios”. En su opinión, “la digitalización no puede ser una excusa para minorar la cobertura estatal y reducir personal”. Con la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) solo se crean 4.500 plazas de empleo neto, denuncian los sindicatos.