El malestar crece entre las plantillas del sector público y los sindicatos han decidido mover ficha. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han dado un paso al frente ante el bloqueo del Gobierno en la negociación colectiva, que mantiene paralizado el nuevo pacto salarial para más de tres millones de empleados públicos. En un comunicado conjunto difundido este lunes, las tres organizaciones anuncian que iniciarán movilizaciones en todo el país para exigir avances y avisan de que “no descartan una jornada de huelga”, tal y como reza el escrito. Lucho Palazzo (CCOO), Isabel Araque (UGT) y Miguel Borra (CSIF) anunciarán este martes el calendario de protestas que arrancará a finales de mes y se prolongará hasta fin de año, si para entonces el Ejecutivo no desbloquea la negociación.
Subida salarial
Para los sindicatos, el incumplimiento persiste. El curso político ha comenzado sin subida salarial para los funcionarios. La ausencia de un nuevo pacto tras el vencimiento del Acuerdo Marco 2022-2024 deja en la práctica sin referencia la retribución de este año. En este sentido, las organizaciones sindicales insisten en que cualquier subida que se pacte debe aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2025, de modo que no se pierda la referencia de todo el ejercicio. Además, reclaman que la negociación incluya mejoras en las condiciones laborales más allá del salario. Desde la tasa de reposición y la oferta de empleo público hasta la regulación del teletrabajo y la jornada laboral.
Los sindicatos subrayan que la negociación va más allá de la retribución y que debe enmarcarse en la sostenibilidad del propio modelo de función pública. España cuenta con más de 3,5 millones de empleados públicos. En la Administración General del Estado (AGE) casi la mitad de la plantilla se jubilará en la próxima década, por lo que el envejecimiento amenaza la capacidad de prestación de los servicios. Este es un ámbito en el que las mujeres son mayoría, especialmente en los grupos más afectados por la falta de reposición y la congelación salarial.
Una brecha superior al 10%
Hasta la fecha, la brecha salarial de género sigue haciendo mella en nuestro país. Incluso entre el servicio estatal. La propia AGE reconoce que pese a que las mujeres superan a los hombres en las oposiciones, un 55% de los ingresos, existe una mayor concentración femenina en los niveles inferiores de la estructura profesional de los funcionarios. Al mismo tiempo, si bien las instituciones públicas deberían ejercer como ejemplo de equidad, en el caso de las funcionarias la desproporción aún prevalece. Un estudio del CSIF elaborado en febrero de 2025 denuncia que la brecha en el sector público ascendió al 10,5% en el pasado año. Y representa un alza de dos puntos con respecto al 2023. En concreto, el salario medio de las mujeres en las administraciones se situó en 32.137 euros brutos anuales. Frente a los 35.908 euros que percibieron los hombres.
El diferencial retributivo no se explica por diferencias en la posición o cualificación. CSIF lo atribuye a factores estructurales como la mayor presencia femenina en puestos con jornada parcial o temporal. Asi como a una carrera profesional interrumpida por responsabilidades de cuidado.