El Consejo de Ministros aprobó en el día de ayer el IV Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado (AGE) y en los organismos públicos vinculados. El programa, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y el Ministerio de Igualdad, busca detectar y eliminar las desigualdades de género en el ámbito público y reforzar la protección frente al acoso sexual. El nuevo proyecto nace de las exigencias del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ya evidenció en un informe que las funcionarias cobraban un 10,5% menos que los hombres.
Según explicó el ministro Óscar López, el plan, que ya contaba con un borrador inicial el pasado mes de junio, contempla 20 objetivos y 45 actuaciones que abarcan desde la transformación organizativa y la sensibilización hasta la conciliación laboral y familiar. Además de recoger la prevención de la violencia contra las mujeres y la capacitación del personal.
Más mujeres, menos sueldo
La propia Administración del Estado reconoce que pese a que las mujeres superan a los hombres en las oposiciones, un 55% de los ingresos, existe una mayor concentración femenina en los niveles inferiores de la estructura profesional de los funcionarios. En este sentido, el plan aprobado por el Consejo de Ministros destaca la promoción de la equidad efectiva de trato y oportunidades y la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los niveles y categorías de la Administración.
El nuevo marco de acción se compromete, a su vez, a elaborar un estudio sobre la brecha salarial en la AGE. Tal y como el CSIF ya reclamaba en la presentación de su informe sobre la brecha salarial. Al mismo tiempo, el Gobierno ha garantizado que desarrollará un plan de actuación para eliminar las diferencias retributiva por razón de sexo, si fuera necesario. El proyecto también apuesta por la captación de talento en áreas donde las mujeres están infrarrepresentadas y la participación femenina en disciplinas STEAM –Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-.
Una brecha superior al 10%
Hasta la fecha, la brecha salarial de género sigue haciendo mella en nuestro país. Si bien las administraciones públicas deberían ejercer como ejemplo de equidad, en el caso de las funcionarias la desproporción aun persiste. El estudio del CSIF elaborado en febrero de 2025 denuncia que la brecha en el sector público ascendió al 10,5% en el pasado año. Y representa un alza de dos puntos con respecto al 2023. En concreto, el salario medio de las mujeres en las administraciones se situó en 32.137 euros brutos anuales. Frente a los 35.908 euros que percibieron los hombres.
El diferencial retributivo no se explica por diferencias en la posición o cualificación. CSIF lo atribuye a factores estructurales como la mayor presencia femenina en puestos con jornada parcial o temporal, y una carrera profesional interrumpida por responsabilidades de cuidado.
Medidas para la conciliación
En palabras de Óscar López, la finalidad última del IV Plan de Igualdad es convertir a la administración en “un espacio seguro al 100% para las mujeres”. Por ello, el proyecto prevé reforzar el protocolo frente al acoso sexual. La mejora garantizará una implementación “más efectiva” y mejorará la protección a las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Asimismo, el programa establece el fortalecimiento de las unidades de igualdad en todos los ámbitos de la Administración. Y se trabajará en la difusión de ‘Puntos violetas’, con el fin de facilitar la información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista.
Al mismo tiempo, el plan del Gobierno amplía la reserva del puesto de trabajo de seis meses a un año para empleadas víctimas de violencia de género. La iniciativa busca brindar “un mayor apoyo a estas mujeres para su recuperación. Lo que permite a su vez el acceso a permisos retribuidos”, según ha reconocido el ministro.
Las medidas del proyecto también vislumbran mejoras en la conciliación, con el fin de lograr una “igualdad real”. El informe recuerda que el 75% de los permisos no retribuidos en la AGE corresponde a mujeres. El dato evidencia que son ellas quienes asumen la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado. Por ello, entre algunas de las propuestas, el texto definitivo reconocerá la ampliación de la modalidad de la jornada intensiva durante el verano -del 1 de junio al 30 de septiembre- para empleados con personas mayores dependientes a su cargo. Así como la preferencia en vacaciones y permisos por asuntos particulares. Estos derechos hasta ahora estaban reservados únicamente a quienes tuvieran menores de 12 años o personas con discapacidad reconocida a cargo.
Interinos
En paralelo al anuncio del Gobierno, la realidad a las puertas del Congreso de los Diputados no era de jubilo precisamente. Cerca de 200 personas se concentraron ayer frente a la cámara baja para denunciar lo que consideran “un abuso de la temporalidad en el sector público”. La protesta contó con el respaldo de decenas de asociaciones, sindicatos y plataformas de empleados temporales de toda España. Los manifestantes exigieron una “solución definitiva” para su situación. E instaron a la recontratación de los interinos cesados por superar los tres años en un puesto sin consolidar la plaza.
Por ahora, más de 700.000 trabajadores interinos y otros 648.000 empleados con categoría de personal laboral -temporal e indefinido no fijo- esperan una resolución definitiva sobre su consolidación en el empleo público. La decisión pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría marcar un hito en la regulación de sus condiciones laborales.