La tensión entre los sindicatos de la función pública y el Gobierno ha escalado un peldaño más esta semana. CCOO, UGT y CSIF, que representan a más del 80% de los empleados públicos en España, han remitido una carta al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la que denuncian su “inacción” y reclaman la convocatoria inmediata de la mesa de negociación. “Ni que decir tiene que, de no obtener respuesta, tomaremos las medidas que consideremos oportunas”, advierten las tres organizaciones, que elevan el tono y apuntan a un otoño conflictivo si no se avanza en un nuevo acuerdo retributivo.
Los sindicatos critican la falta de interlocución con el departamento de López, al que reprochan una “falta total y absoluta de diálogo” en un momento que califican de “grave e inédito”. Según señalan, los problemas del personal del sector público se han agravado por la congelación salarial y la ausencia de medidas en materia de empleo. “Debiera sobrar el hecho de que representamos a más del 80% de los más de tres millones y medio de empleados públicos para tener un diálogo constante y una mesa permanente donde poder debatir”, afirman los firmantes de la misiva: el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo; la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque; y el presidente de CSIF, Miguel Borra. Para los sindicatos, es urgente recuperar la negociación salarial y “los estándares de calidad de los servicios públicos que demanda la ciudadanía”.
Posición del Ministro
Desde el Ministerio se reivindica el cumplimiento de lo firmado con los funcionarios. Óscar López defendió ayer que el Gobierno ha venido cumpliendo los acuerdos alcanzados, informa Europa Press. El ministro recordó que la revalorización salarial ha supuesto un incremento acumulado del 16% en los últimos años y destacó que en 2024 se aplicó la subida adicional del 0,5% pactada con los sindicatos. “Hemos llegado a múltiples acuerdos que estamos cumpliendo. Y, por supuesto, sí, tenemos que hablar y vamos a hablar, faltaría más, de la subida salarial”, aseguró. López expresó además su “respeto” por el papel de las organizaciones sindicales y se mostró dispuesto a retomar el diálogo, aunque insistió en que el Ejecutivo ha cumplido hasta ahora lo firmado.
El ministro enmarcó estas conversaciones pendientes en el debate parlamentario de la nueva ley de Función Pública, que incorpora aspectos “esenciales” previamente pactados con los sindicatos. Para que pueda salir adelante, reclamó el apoyo del resto de fuerzas políticas en el Congreso.
Cuestiones pendientes
Para los sindicatos, la realidad es distinta. El curso político ha comenzado sin subida salarial para los funcionarios. La ausencia de un nuevo acuerdo tras el vencimiento del Acuerdo Marco 2022-2024 deja en la práctica sin referencia la retribución de este año. En este sentido, las organizaciones sindicales insisten en que cualquier subida que se pacte debe aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2025, de modo que no se pierda la referencia de todo el ejercicio. Además, reclaman que la negociación incluya mejoras en las condiciones laborales más allá del salario: desde la tasa de reposición y la oferta de empleo público hasta la regulación del teletrabajo y la jornada laboral.
Los sindicatos subrayan que la negociación va más allá de la retribución y que debe enmarcarse en la sostenibilidad del propio modelo de función pública. España cuenta con más de 3,5 millones de empleados públicos. En la Administración General del Estado casi la mitad de la plantilla se jubilará en la próxima década, por lo que el envejecimiento amenaza la capacidad de prestación de los servicios. Este es un ámbito en el que las mujeres son mayoría, especialmente en los grupos más afectados por la falta de reposición y la congelación salarial.
De momento, CCOO, UGT y CSIF no han detallado aún qué medidas piensan adoptar. La línea es conocida: movilizaciones y concentraciones como primer paso. Toca esperar a la convocatoria de la Mesa General de Negociación por parte del Ministerio.