El PSOE desoye al juez y lleva 20 días sin entregar sus pagos en efectivo a la Audiencia

El PSOE tiene un asunto pendiente con la Justicia: entregar todos los pagos en efectivo entre los años 2017 y 2024 con independencia del destinatario. El 26 de noviembre, el juez Ismael Moreno pidió en una providencia la documentación. Pero veinte días naturales después, trece hábiles en términos judiciales, no ha recibido nada, según confirman fuentes de la Fiscalía Anticorrupción a Artículo14. El magistrado dio un plazo de días días.

Lo cierto es que el partido intentó dos días después no entregar toda la documentación pedida por el juez al considerarla desproporcionada y solicitó una aclaración al considerar que la entrega de todos esos pagos podría suponer “graves derivaciones” (jurídicas, procesales, personales y de protección de datos). En el escrito, reiteraban su compromiso con la Justicia, pero alegaban: “No hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del PSOE”.

Temía el PSOE que entregando toda esta información “de forma acrítica y sin motivación material” estaría vulnerando su deber “de confidencialidad y custodia de datos”. Además, se quejaba de que otros partidos personados en la causa como acusación tendrían acceso a esta documentación: “No hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír, nada menos”.

Sin embargo, el juez fue claro en su respuesta, rechazando las quejas del PSOE: “La providencia de fecha 26 de noviembre de 2025 es lo suficientemente clara en su contenido, entendiendo que el requerimiento efectuado se extienda a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”.

En paralelo, este mismo lunes, el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo frustró el intento de Santos Cerdán de tumbar la investigación. Mediante un recurso de reforma, Cerdán solicitó que la Guardia Civil no tuviera acceso a toda la información digital incautada en el marco de su investigación para utilizarla en la pieza separada abierta en la Audiencia Nacional que investiga esos pagos del PSOE. Pero el magistrado considera que no hay razón para no facilitar esa información porque “la totalidad de las evidencias digitales intervenidas en esta causa especial lo han sido sobre la base de sendas resoluciones judiciales que, a mi juicio, colman plenamente las referidas exigencias”.

Cabe recordar que fue Puente quien propuso indagar en estos pagos al ver un descuadre entre la información aportada por el partido y las conversaciones investigadas en el caso Koldo reflejados en un informe de la UCO.

Tras la publicación de dicho informe, el partido amplió la documentación aportada. El PSOE intentó explicar que Koldo García no solo recogía el dinero en efectivo que le pertenecía a José Luis Ábalos sino que también “es posible” que hubiera tenido “alguna intervención” en la gestión del dinero que iba destinado al equipo de la Secretaría de Organización del partido.

La duda del juez del Supremo seguía siendo quiénes eran esas “personas indeterminadas” ya que la testifical de la secretaria del partido tampoco supo aclarar tal extremo. Celia Rodríguez, la persona que entregaba los sobres a Koldo García, se limitó a decir que “suponía que lo distribuía entre los trabajadores”.

Tampoco quedó explicado, de manera suficiente, quién era la persona que controlaba esos pagos o el control interno de los mismos. Así, el juez  Leopoldo Puente tildó de “descontrol” toda la gestión del PSOE ya que “tampoco se comprobaba, antes de proceder a la entrega del dinero en metálico si, al menos, la persona que reclamaba la devolución de los pretendidos gastos era, efectivamente, quien, conforme a los tickets o facturas aportadas, los había realizado”.

Por todo ello, el juez apuntó incluso a un posible delito de blanqueo de capitales por parte de cargos socialistas. Insinuó que era posible que los trabajadores adelantaran gastos con dinero procedente de actividades ilícitas y después fueran a reclamar los abonos al partido recibiendo dinero legal a cambio.

Puso también de relieve las declaraciones del empresario investigado Víctor de Aldama, que dijo en sede judicial que “buena parte de las cantidades que el primero le entregaba en metálico tenían por destinatario al partido”. Y también la testifical de Carmen Pano, que aseguró haber llevado en dos ocasiones dinero en bolsas a la sede el partido en la calle madrileña de Ferraz.

Con todo, el Supremo remitió esta investigación a la Audiencia Nacional, donde ahora el juez Ismael Moreno trata de aclarar tales extremos porque “no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el Partido Socialista Obrero Español dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios; que esta forma de pago no era infrecuente”.