El Gobierno ha agotado la paciencia de los funcionarios. A la espera de una subida salarial que parece no llegar nunca, los sindicatos han dado un golpe sobre la mesa. CCOO, UGT y CSIF, en una presentación conjunta en el día de hoy en la sede del primero, anuncian que las movilizaciones -bajo el lema ‘Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos’, arrancarán el 30 de octubre.
Las protestas se concentrarán en todas las subdelegaciones del Gobierno de España y a las puertas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en Madrid. Entre las exigencias, las organizaciones reclaman un incremento del 3,2% del sueldo: un 2,9% del IPC y tres décimas adicionales por la perdida de poder adquisitivo del año pasado.
La falta de avances en la negociación colectiva y el bloqueo del nuevo pacto salarial afecta a más de tres millones y medio de empleados públicos. Las tres organizaciones aseguran que no cejarán en su presión mientras el Ejecutivo mantenga paralizada la negociación y advierten que “no descartan una jornada de huelga” para finales de año.
Un conflicto que se agrava
El nuevo curso político ha comenzado sin subida salarial para los funcionarios, pese a que el Acuerdo Marco 2022-2024 ya ha expirado. Sin un nuevo pacto, las retribuciones de este año quedan sin referencia, una situación que los sindicatos consideran “inaceptable”. Reclaman que cualquier incremento que se acuerde “debe aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2025“, y exigen que la negociación incluya mejoras laborales más amplias: desde la tasa de reposición y la oferta de empleo público hasta la regulación del teletrabajo y la jornada de 35 horas.
Más allá del salario, las organizaciones alertan de un problema estructural. Según datos de la Administración General del Estado (AGE) casi la mitad de la plantilla se jubilará en la próxima década, por lo que el envejecimiento amenaza la capacidad de prestación de los servicios. En este sentido, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, reconoció en rueda de prensa que “se han perdido en torno a 42.000 efectivos en los últimos 20 años”.
Y defendió que “hay que garantizar la presencialidad y los servicios”. En su opinión, “la digitalización no puede ser una excusa para minorar la cobertura estatal y reducir personal“. Con la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) solo se crean 4.500 plazas de empleo neto, denuncian los sindicatos.
“Carencias del sistema”
A través de las concentraciones, Palazzo adelantó que los sindicatos establecerán una “campaña de movilizaciones ascendentes”, que buscará la “implicación de la gente“. Dar “asambleas para informar a los ciudadanos”. Y asistir “a los centros”. “Queremos hacer partícipes a la ciudadanía para que entienda que esto no son reivindicaciones de un sector que vive de lujo“, explicó el coordinador del Área Pública de CCOO en referencia a la “falsa creencia” sobre el funcionariado. En esta línea, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, subrayó que este conflicto “afecta a todos los españoles, que son quienes sufren las carencias del sistema”.
Araque también confirmó que entre las medidas y el calendario establecido “no se descarta ninguna acción a emprender”. La dirigente sindical fue tajante: “Basta de excusas, el Gobierno tiene que desbloquear la negociación”. Entre las reivindicaciones de su sindicato figuran “una subida salarial”, aunque sin determinar el índice que establecer. Cláusulas de revisión para que “no se pierda poder adquisitivo“. Y suprimir la tasa de reposición de efectivos, porque, de continuar, “se perpetuará la temporalidad”. Al mismo tiempo, Araque reclamó “procesos ágiles para entrar y promocionar en la Administración”. Ya que confiesa que “a día de hoy es como mover a un elefante enfermo“.
Además, la secretaria general de UGT Servicios Públicos advirtió sobre el aumento de la externalización: “A día de hoy el 24,05% del gasto público y el 11% del PIB corresponde a servicios externalizados”. Y añadió: “No hay problemas para gestionar este país a pesar de que no haya presupuestos del Estado. La recaudación, directa e indirecta, ha aumentado en un 7%”.
Una posible huelga histórica
El Gobierno reitera la falta de Presupuestos Generales del Estado como motivo del parón en las negociaciones. El presidente de CSIF, Miguel Borra fue especialmente duro con el Ejecutivo: “Nos están utilizando como rehenes. Usan la falta de presupuestos como excusa para congelarnos el sueldo”. Borra también criticó al ministro responsable del área, Oscar Lopéz, a quien culpó de “dejación de funciones” por estar más “centrado en ser el portavoz del Gobierno y en ejercer la oposición en la Comunidad de Madrid que en cumplir con sus tareas en el departamento“.
Durante su comparecencia, el presidente de CSIF planteó que la subida salarial debería producirse anualmente y de manera automática con “incrementos conforme al IPC más un plus acordado“. Sin embargo, CCOO y UGT no han manifestado su conformidad con la propuesta y prefieren esperar a la negociación para discutir los términos.
Con este aviso, los tres sindicatos elevan la presión en un conflicto que amenaza con tensar los próximos meses. La cuenta atrás para la negociación ya ha comenzado. De prolongarse el bloqueo, la amenaza de una primera huelga de funcionarios durante el Gobierno de Pedro Sánchez puede convertirse en realidad.