La primera quincena del mes de julio ha sido intensa en noticias para los funcionarios. El 1 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la subida salarial adicional del 0,5% pendiente correspondiente a 2024. Este incremento abona en forma de atrasos con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, consolidándose en la nómina. Dos semanas después, el gabinete dio el visto bueno a la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, con un total de 36.588 plazas, casi el 75,5% son de nuevo ingreso.
Pero los empleados públicos se irán de vacaciones sin una hoja de ruta sobre su subida salarial para 2025. A estas alturas del año, el Gobierno aún no ha iniciado la negociación con los sindicatos ni ha presentado ninguna propuesta para un nuevo acuerdo marco plurianual, tras la expiración del anterior en diciembre de 2024. El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en octubre de 2022, permitió una subida fija del 3,5% en 2022. Un año después, la parte fija fue del 2,5%, más un 1% adicional ligado al IPC, que en 2024 se completó con un 2%, más del 0,5% adicional.
Presión sindical
En este contexto, los sindicatos comienzan a elevar la presión. Además del salario, están pendientes otros temas de calado como la reducción de la jornada a 35 horas. El pasado 8 de julio, el Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos convocaron una movilización frente al Ministerio de Hacienda: “Es la hora. El Gobierno debe cumplir lo pactado y avanzar en salarios y derechos”, señalaron Lucho Palazzo e Isabel Araque, responsables sindicales, respectivamente. A su juicio, ni las dificultades que se anticipan ante la falta de Presupuestos para 2026 ni la complejidad parlamentaria justifican esta parálisis en la política de personal público.
UGT y CCOO se concentran para exigir al Gobierno el cumplimiento íntegro de los acuerdos suscritos en la Función Pública.#EsLaHora #CumpleLoPactadohttps://t.co/tGPOzw7tUp pic.twitter.com/HeW0uJdelA
— UGT Servicios Públicos (@UGT_SP) July 8, 2025
De momento, los sindicatos dan margen al Gobierno hasta la vuelta de las vacaciones. Y así, ambas organizaciones sindicales señalaran que activarán un calendario de movilizaciones sostenido tras el verano si no se abren cauces de diálogo efectivo con el Ejecutivo.
Jubilación parcial
Además de la revisión salarial, los sindicatos reclaman la aplicación inmediata de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, un compromiso incluido en el anterior acuerdo marco, pero aún sin calendario. También exigen el desbloqueo de la jubilación parcial anticipada del personal laboral, que permanece paralizada, y una solución transitoria que permita extender este derecho al personal funcionario y estatutario.
Otras demandas prioritarias son la implantación generalizada de la carrera profesional en todas las administraciones públicas, más allá de las comunidades autónomas que ya la han puesto en marcha, así como el refuerzo de los procesos de estabilización del empleo. Con una tasa de temporalidad que supera el 28 % en el sector público, los sindicatos instan al Gobierno a imponer sanciones ejemplares a las administraciones que no cumplan. También reclaman mejoras en la promoción interna y la movilidad, dos mecanismos de desarrollo profesional que, denuncian, están hoy “limitados de facto” en muchos ámbitos.
Nuevas plazas
Este contexto coincide con la Oferta de Empleo Público de 2025, con 36.588 plazas, de las cuales 20.324 serán de nuevo ingreso en la AGE. A su vez, otros 7.373 puestos se destinarán al Cuerpo Nacional de Policía (3.139), Guardia Civil (3.713) y Fuerzas Armadas (2.847). Además, el 10% de plazas totales está reservado a personas con discapacidad, lo que supone unas 2.610 plazas. De estas, 538 serán para personas con discapacidad intelectual
“Cumplimos nuestros compromisos con Europa y con la ciudadanía al ejecutar una selección de talento público cada vez más eficaz, precisa e inclusiva”, afirmó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En su intervención, reivindicó el giro en la política de personal, con una media anual de 32.522 plazas desde 2018. “El Gobierno progresista tiene un proyecto público claro, ambicioso y diferencial”, defendió López.
Aprobamos la Oferta de Empleo Público 2025:
✅ 36.588 plazas en total
🔹 Récord de plazas de nuevo ingreso: 27.697
🔹8.851 de atención a la ciudadaníaReforzamos el Estado del Bienestar, revertimos recortes, digitalizamos la administración y mejoramos la atención al ciudadano. pic.twitter.com/XN18vRcOav
— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) July 15, 2025
Sin apoyo sindical
Pese a que las cifras son similares al año anterior, la OEP no ha contado con el respaldo de las organizaciones sindicales. Tras varias reuniones, el Gobierno no llegó a ofrecer a los sindicatos el número total de plazas que se convocaría este año, según indicaron desde UGT. A su vez, las cifras que trasladadas para la Administración General del Estado durante la Mesa de Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo fueron “insuficientes”, según indicaron CSIF y CCOO, según informa Europa Press. “Anunciar plazas no equivale a fortalecer lo público si no se acompaña de derechos y estabilidad”, resumen desde CCOO.
Por su parte, López recalcó en su comparecencia que, desde que el actual Gobierno llegó al Ejecutivo, se han convocado 260.000 plazas. Con las plazas aprobadas, el Ejecutivo estima la creación de 5.400 empleos netos. Una prueba del impacto de esta política es que ya ha tenido un efecto directo sobre la pirámide de edad: la media ha bajado de 51 a 49 años. Según datos oficiales, solo en 2024, las nuevas incorporaciones duplicaron el número de bajas, con 9.000 efectivos netos más. El Ejecutivo también está impulsando la aceleración de los procesos selectivos. El 93% de los procesos de la OEP 2024 se publicaron ese mismo año, y en la mayoría de los casos la fase de oposición se completó en menos de 12 meses.
Servicio al ciudadano
Una de las principales novedades de la OEP 2025 es el enfoque explícito en la atención directa a la ciudadanía. Se reservan 8.851 plazas para los cuerpos y escalas del subgrupo C1 y C2 -funcionariado de ventanilla-, que representan el 64% de las plazas de nuevo ingreso en la AGE. “La principal novedad de esta oferta de empleo público es que ponemos el foco en los servicios de atención a la ciudadanía. Porque apostamos claramente por servicios públicos directos, cercanos, ágiles y eficaces”, subrayó el ministro.
Entre los destinos a los que irán estos nuevos efectivos están el SEPE, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico, oficinas de extranjería, justicia, catastro, Hacienda, DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos, museos y capitanías marítimas.
Territorialización
El Ejecutivo también da un paso más en la territorialización de la oferta. Aunque la distribución definitiva se detallará en las convocatorias específicas, el Ministerio avanza que habrá una previsión orientativa por provincias, para facilitar que los candidatos conozcan dónde podrán trabajar y atraer así talento en todo el país. “Inyectamos savia nueva al Estado para darle la solidez, la cercanía y las capacidades que exige el momento social, económico e histórico”, concluyó López.