Con el reloj en contra y el parón veraniego a la vuelta de la esquina, Yolanda Díaz encara su último intento para desbloquear varias medidas clave de la agenda social pactada en el acuerdo de gobierno entre Sumar y el PSOE. El permiso parental retribuido, la ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y su extensión a las familias monoparentales siguen pendientes sin desarrollo normativo. La vicepresidenta de Trabajo se ha fijado como objetivo desatascarlas antes de las vacaciones. Y quedan poco más de dos semanas para que el Gobierno tome unos días de descanso.
“O estamos con las familias o estamos con los fondos buitre”, afirmó en el último Pleno. Sin embargo, son las próximas reuniones del Consejo de Ministros marcan el ritmo. Medidas como las propuestas, con impacto presupuestario, exigen una tramitación previa antes de su aprobación. Se validarán por Real Decreto-Ley, tras pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y, antes, por la Comisión de Subsecretarios (CDG). Esta última aún no ha sido convocada, informa Alejandro de Miguel.
¿Llegar a tiempo a finales de julio?
Una de las opciones más viables sería su aprobación en el último Consejo antes del receso, el 29 de julio. De este modo, se facilitaría su convalidación dentro del calendario ordinario del Parlamento. Un Real Decreto-Ley tiene un plazo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para ser aprobado en el Congreso de los Diputados. De no hacerlo en ese plazo, su vigencia caducaría.
Fuentes del entorno de Díaz dan por avanzado el entendimiento con María Jesús Montero, al menos en lo relativo a la viabilidad presupuestaria. Precisamente, las desavenencias con Hacienda han sido las que han impedido hasta ahora la aprobación del permiso parental de, al menos, cuatro semanas, a pesar de tratarse de una obligación europea. Si las negociaciones se aceleran, aún podría aprobarse en la reunión del 22 de julio, dejando margen para su convalidación posterior en un pleno extraordinario o en la Diputación Permanente.
A punto de ser una realidad
Desde el entorno de Sumar se destaca la voluntad de Díaz de llevar estas medidas al Consejo para cumplir con el programa de gobierno, informa De Miguel. Se trata también de responder a las demandas sociales, y evitar una sanción por parte de la Comisión Europea. Al finalizar su intervención en el Pleno, Díaz reafirmó su compromiso de presentar estas medidas y de que “el presidente cumpla los compromisos firmados”.
Con la aprobación de este Real Decreto-Ley antes de agosto, España evitaría el bochorno de acumular más de un año de retraso en la transposición del permiso parental retribuido para el cuidado de menores de ocho años, exigido por la Directiva europea sobre conciliación desde el 2 de agosto de 2024. La Comisión ha remitido el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Gobierno se enfrenta a una multa superior a los 10,6 millones de euros.
En los tribunales
El bloqueo presupuestario ha sido uno de los principales escollos. Inicialmente, el Ejecutivo planteó incluir esta medida en los Presupuestos Generales del Estado, pero la falta de acuerdo frustró esa vía. “Se trata de un incumplimiento recalcitrante, al que tenemos que poner fin cuanto antes”, reconoció Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, en una rueda de prensa el pasado 2 de julio.
❗️Exigimos a @desdelamoncloa y @sanchezcastejon la aprobación urgente del permiso parental retribuido.
Los #DerechosdelaInfancia no pueden seguir esperando. La #conciliación real debe ser una prioridad.
✍️Tu firma puede marcar la diferencia: https://t.co/ZBxWGuAIk5
— Plataforma de Infancia (@platdeinfancia) June 18, 2025
El retraso ya tiene consecuencias jurídicas. Varias sentencias -entre ellas, una del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia- han dado la razón a progenitores que reclamaron este permiso con base en la legislación europea. Además, una docena de organizaciones sociales, como Save the Children, la Plataforma de Infancia, FAMS, Educo y Malasmadres, han instado al Gobierno a cumplir con su obligación. Alertan de que el inicio de las vacaciones agrava aún más las dificultades de conciliación, especialmente en los hogares con menos recursos.
Cuatro semanas más por nacimiento
El Real Decreto incluirá también la ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas, compromiso recogido en el acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Sumar. Para los expertos en conciliación, esta es una de las iniciativas más relevantes para reforzar la corresponsabilidad. Según la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA), que analiza esta cuestión desde 2019, la no simultaneidad de los permisos es clave para que los padres participen desde el principio en el cuidado de sus hijos e hijas.
La tercera medida del paquete normativo contempla la ampliación del permiso por nacimiento en familias monoparentales, pasando de las 16 semanas actuales a hasta 34 semanas en determinados casos. Aunque el marco legal vigente no lo prevé, los tribunales ya han respaldado este derecho. El pasado 15 de octubre, el Tribunal Constitucional reconoció que impedir este aumento vulnera el principio de igualdad y discriminaba a los menores nacidos en familias con un solo progenitor.
Diferencias por comunidades
Algunas comunidades autónomas, como la Valenciana, han comenzado a aplicar esta ampliación en su ámbito competencial. Incluso se han dictado sentencias que conceden indemnizaciones económicas a madres afectadas. Sin embargo, la ausencia de una regulación estatal obliga a muchas familias a recurrir a los tribunales. Esto genera desigualdad en el acceso al derecho y añade incertidumbre jurídica.
El paquete de permisos que Yolanda Díaz aspira a sacar adelante antes del parón estival supondrá una prueba de fuego del compromiso social del Gobierno. Un terreno donde las familias llevan demasiado tiempo esperando.