No se esperan novedades relevantes en las causas judiciales que ahogan al Gobierno de Pedro Sánchez estos meses de verano. Según las fuentes consultadas por Artículo14, hasta septiembre no se notificarán los informes de la UCO de la Guardia Civil pendientes en el denominado Koldo. El Supremo tampoco resolverá la exposición razonada para abrir una investigación por malversación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, hasta después agosto. Y la apertura del juicio oral del Fiscal General del Estado apunta a que se irá también al inicio del curso escolar.
Una de las mayores preocupaciones para el equipo de Sánchez son esos informes de la UCO del caso Koldo. En uno de sus últimos autos, el juez Leopoldo Puente ya apuntó a que la presunta organización criminal que lideraría Santos Cerdán podría extenderse a “terceras personas”. Se sospecha que podría implicar incluso a “más cargos públicos”, según apuntan las fuentes del caso consultadas por este periódico.
Los investigadores de la Guardia Civil están indagando en los entresijos de esa organización criminal y en encontrar el dinero de las supuestas mordidas conseguidas a través de la adjudicación de obra pública amañada. Tienen varios informes pendientes, que verán la luz con toda probabilidad en septiembre, según las citadas fuentes.
De ahí que a Santos Cerdán le espere un verano en prisión provisional, tal y como publicó este periódico. La Sala de Apelaciones resolverá esta semana el recurso presentado por su defensa pero si sigue el criterio de la Fiscalía como hasta ahora lo ha hecho, el ex secretario de Organización del PSOE permanecerá en la cárcel por riesgo de destrucción de pruebas e influencia en el testimonio de esas terceras personas de la trama que aún se desconocen.
Caso Begoña Gómez
Por otro lado, el juez Juan Carlos Peinado está a la espera de que el Alto Tribunal resuelva la exposición razonada para abrir una investigación a Félix Bolaños por malversación. En concreto, por la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, en 2018 cuando era el superior jerárquico de la contratación del personal del Palacio de la Moncloa.
El magistrado sospecha que el nombramiento fue un enchufe y que desde su cargo ayudó a la mujer del presidente a su actividad empresarial privada, excediéndose de las funciones de su puesto. Es por eso que la Audiencia Provincial dio la razón a Peinado y afirmó que hubo una “palmaria desviación de fondos públicos”. Afirmación que usó el juez instructor en su último escrito al Supremo para reforzar su tesis de que Bolaños tuvo responsabilidad directa en esa malversación.
Según las fuentes consultadas del caso, para el juez Peinado esta exposición razonada es “la prueba de fuego”. Si el Supremo le da la razón podría dar un paso más: “Su idea siempre ha sido enviar una exposición razonada de Pedro Sánchez”, afirman fuentes de su entorno.
Además, no se pone límite de tiempo: “No quiere correr, su única fecha límite es la de su jubilación y para eso queda un año”, explican. Y añaden que el siguiente paso para sentar en el banquillo a la mujer del presidente lo haría con todos los bloques de la investigación cerrados. “Hay recorrido procesal en el caso y lo va agotar porque quiere llevar el procesamiento de toda la causa y no disgregarlo”, afirman desde su entorno.
El caso del fiscal general
Por otro lado, está pendiente la apertura del juicio oral al fiscal general. Un trámite que llevaría a la suspensión de Álvaro García Ortiz de su cargo. La Sala de Apelaciones tiene que resolver los recursos de los dos imputados en el caso por revelar presuntamente el expediente fiscal de la pareja de Ayuso. Tras ello, el juez Ángel Hurtado decidirá si sienta definitivamente en el banquillo a García Ortiz. Un extremo que, según las fuentes consultadas, podría producirse “en las próximas semanas”, pero podría irse a septiembre.
Por último, otro de los casos que preocupa al entorno de Sánchez es la apertura de juicio oral de su hermano, David Sánchez, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. En ese caso también está al borde del banquillo el Secretario General del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que intentó aforarse de manera exprés para que asumiera la causa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en lugar de un juzgado ordinario.
Maniobra que el TSJ tildó de “torticera” y consideró que era un “fraude de ley”. Devolvió por tanto la causa a la jueza instructora Beatriz Biedma. Ahora la Audiencia Pronvincial tiene que resolver los recursos interpuestos por la defensa de David Sánchez antes de la apertura de juicio oral definitiva.