El juez Juan Carlos Peinado –magistrado instructor en el caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un delito de malversación y falso testimonio.
Peinado, que abrió una pieza separada sobre la contratación de esa asesora, Cristina Álvarez, ahora eleva esta exposición razonada a la Sala Segunda al considerar que la competencia para continuar la instrucción podría corresponder al alto tribunal al creer que puede existir indiciaria responsabilidad penal en un miembro del Gobierno y, por lo tanto, aforado, en íntima conexión con otras personas no aforadas.
En su declaración como testigo el pasado 16 de abril, Bolaños, identificó –a petición del propio Peinado– durante su declaración a Raúl Díaz Silva, quien ejerció como coordinador de personal de la Moncloa en 2018, como la persona que contrató a Cristina Álvarez, la asesora de Presidencia que trabajó para Begoña Gómez.
“Carácter estrictamente privado”
El juez concluye, por su parte, que Álvarez fue nombrada como personal eventual, con funciones de Directora de Programas, para asistir a Begoña Gómez y que realizó “funciones de atención” a Begoña Gómez “de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario, que pudiera tener por su condición de esposa del presidente del Gobierno, todo ello, percibiendo retribuciones con cargo al Patrimonio Público“. El ministro defendió aquel día que la designación de Álvarez en julio de 2018 se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual. No obstante, se desligó del nombramiento y aseguró que nunca fue superior jerárquico de la asesora de Gómez.
“No ha contestado a la verdad”
Cree Peinado que Bolaños, que declaró como testigo el pasado mes de abril, “no ha contestado a la verdad, que conocía, en su testimonio, prestado bajo juramento”. Así, concluye indiciariamente que se han llevado a cabo comportamientos que podrían estar incardinados en un delito de malversación de fondos públicos y un delito de falso testimonio en causa judicial.
El juez señala en su auto que en este momento procesal no puede llevar a cabo ninguna otra diligencia con respecto a Bolaños, por estar este aforado, pero considera que es necesario tomarle declaración como investigado y así lo solicita al Supremo.
Reacción del Ejecutivo
Fuentes del Ministerio aseguran que mantienen la tranquilidad, pero no esconden su inquietud por las consecuencias que pueda conllevar. “El Gobierno mantiene la tranquilidad institucional, si bien muestra preocupación por las implicaciones que esta decisión pueda tener en la imagen de la Justicia”.
Desde el Ejecutivo destacan que la filtración de la declaración del ministro permitió que cualquier ciudadano pudiera acceder a su contenido y compararlo con la exposición motivada. “Lo único bueno de que se filtrara la declaración en su día es que todo el mundo la pudo escuchar y puede cotejar lo que dice el ministro con lo que dice la exposición motivada”.
En este sentido, destacan que dicha exposición parte de una premisa incorrecta. “Se acusa al ministro un falso testimonio porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo”
Sin embargo, explican que en la declaración consta que la pregunta formulada fue sobre quién ejercía la supervisión de Cristina Álvarez, y “esa fue la información que el ministro proporcionó. Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones. Por tanto, la exposición motivada se erige sobre una respuesta que el ministro no dio”.
“No existe ningún indicio”
En cuanto a la presunta malversación, el Ejecutivo responde que ni la Secretaría General de la Presidencia tuvo responsabilidad en el nombramiento de Álvarez ni ella dependía de dicho departamento. “En cuanto a la supuesta malversación, el escrito afirma que los responsables de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno eran los responsables del nombramiento de Cristina Álvarez y que debían conocer un presunto uso irregular de recursos públicos para actividades privadas de Begoña Gómez. Sin embargo, tal y como se puede leer en la documentación aportada y la legislación aplicable, y han ratificado los testigos, (i) la Secretaría General no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y (ii) Cristina Álvarez no dependía de este departamento”.
“No hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos. Resulta, por tanto, paradójico que el escrito lo califique de ‘público y notorio’ cuando la causa lleva meses instruyéndose y no hay ningún hecho que sustente esta afirmación. “.
Finalmente, desde el Ministerio comparan la situación con un caso anterior que fue revertido por los tribunales: “Nos encontramos ante un caso parecido al de caso de Juan José Güemes, al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó, y un tribunal superior (la Audiencia Provincial de Madrid) rectificó el error. Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo”.