El registro de objetores al aborto en Madrid ha desencadenado un choque directo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez anunció que el Ejecutivo llevará a la región ante los tribunales por negarse a crear esta herramienta, obligatoria por ley desde la reforma de salud sexual y reproductiva. En su mensaje, el presidente defendió que la negativa madrileña vulnera el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública y convierte “un derecho esencial en un negocio”, ya que más del 99% de las intervenciones se derivan a clínicas privadas.
Para Moncloa, el registro de objetores al aborto en Madrid no es una opción. Es un mandato legal destinado a organizar los servicios hospitalarios y garantizar que cada centro disponga, al menos, de un profesional dispuesto a practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
La Ley obliga, pero Madrid se niega: el origen del conflicto
El núcleo del problema está en que el registro de objetores al aborto en Madrid no existe, a pesar de ser obligatorio desde la aprobación de la normativa estatal. Hace un mes, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal a tres comunidades: Aragón, Baleares y Madrid. Las dos primeras respondieron creando sus registros. Madrid, en cambio, rechazó hacerlo.
Ante el silencio de la región, el Gobierno decidió activar la vía judicial. El Ejecutivo considera que la negativa madrileña incumple la ley, genera desigualdad con otras comunidades y dificulta la organización de los servicios públicos de ginecología y obstetricia. La ministra Mónica García calificó la postura madrileña como una “rebeldía reaccionaria”.
La Comunidad sostiene que el registro de objetores al aborto en Madrid es una “lista negra” que podría señalar a los médicos que no desean practicar abortos. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, repite que el registro supone una amenaza a la libertad de conciencia del personal sanitario y asegura que el Ejecutivo autonómico preferirá que sea un tribunal quien “diga lo que hay que hacer”.
Ayuso y su equipo han insistido en que el registro de objetores al aborto en Madrid es innecesario e invasivo. Aseguran que la ley estatal pretende “señalar y perseguir” a los profesionales objetores, pese a que la propia Comunidad mantiene un registro similar en materia de eutanasia, donde también se garantiza confidencialidad.
¿Para qué sirve realmente el registro y por qué es clave?
Según el Gobierno, el registro de objetores al aborto en Madrid es una herramienta técnica, no política. Su función es permitir que los hospitales sepan con antelación cuántos profesionales están dispuestos a practicar abortos y cómo deben organizar sus turnos, equipos y derivaciones.
El objetivo final es que las mujeres que soliciten la interrupción del embarazo en la sanidad pública puedan hacerlo dentro del propio sistema, sin ser derivadas automáticamente a clínicas privadas. La falta del registro de objetores al aborto en Madrid dificulta esa planificación. En especial, en hospitales donde la mayoría de ginecólogos son objetores.
El Gobierno ha recordado que los datos son confidenciales, no se publican y están protegidos por la normativa de privacidad, igual que en otras comunidades.
Del requerimiento al tribunal: qué puede pasar ahora
El siguiente paso será la presentación del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Gobierno confía en que los jueces obliguen a la Comunidad a crear el registro de objetores al aborto en Madrid, tal como exige la ley estatal. Para Moncloa, la vía judicial es la única herramienta restante para garantizar que no haya ciudadanos con más derechos en unos territorios que en otros.
Si los tribunales dan la razón al Ejecutivo, la Comunidad tendría que activar el registro de objetores al aborto en Madrid y organizar sus hospitales en consecuencia. Si fallan a favor de Madrid, el conflicto podría escalar hasta el Tribunal Supremo.
Para el Gobierno, lo que está en juego es un principio: que los derechos reproductivos deben garantizarse en la sanidad pública. Para Madrid, el conflicto gira en torno a la libertad de conciencia de los profesionales. El registro de objetores al aborto en Madrid se ha convertido así en la nueva batalla ideológica entre ambas administraciones.