En su mayor crisis desde que llegara a La Moncloa, Pedro Sánchez se aferra a los “asuntos que afectan a la vida de la mayoría“, como la defensa de la igualdad, “para seguir luchando”. Así lo transmitió el pasado 17 de mayo en su carta a la militancia: “Desafíos que no se resuelven con titulares ni con linchamientos. Sino con trabajo y políticas públicas justas, modernas y eficaces”. Uno de estos “asuntos” que preocupan a la ciudadanía es el permiso parental retribuido para cuidado de menor de 8 años. Una medida que, no solo forma parte del programa de Gobierno para esta legislatura, sino que España debe cumplir por mandato de la Comisión Europea.
Sin embargo, el Gobierno ha ido aplazando esta medida ‘sine die’ y así, España enfrenta casi un año de retraso y una multa de más de 10,6 millones de euros. La obligación entró en vigor el 2 de agosto de 2024. Once meses después, con expediente abierto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España sigue sin dar respuesta. “Se trata de un incumplimiento recalcitrante, al que tenemos que poner fin cuanto antes”, admitió ayer, 2 de julio, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. En este sentido, avanzó que tanto desde Trabajo como desde Derechos Sociales -ambos en manos de Sumar- “vamos a ser cada vez más exigentes”.
La demanda al ala socialista -y, en especial, a María Jesús Montero, como responsable de Hacienda– viene siendo reclamada por parte de Sumar reiteradamente; hasta la fecha, sin resultado. Tras el verano, se emplazó a su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado. Descartada esta posibilidad, se propuso su encaje en otra norma en tramitación. “Confiamos en que la transposición de la Directiva de Conciliación se produzca de manera inminente”, señalaba en marzo Pérez Rey.
Descontento en la sociedad civil
Entretanto, crece el descontento en la sociedad civil. Más de una docena de asociaciones pro-infancia agrupadas en la Plataforma de Infancia han exigido a Pedro Sánchez que cumpla con la obligación de Bruselas. Según denuncian el inicio de las vacaciones estivales aumenta las dificultades para conciliar, especialmente en las familias con menos recursos económicos. En este sentido recuerdan que España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil.
“Es inconcebible que se siga retrasando este cumplimiento y España no avance en alcanzar al menos el mínimo legal que le exige la Comisión Europea”, exigen junto con la Plataforma, Aldeas Infantiles, Consejo de la Juventud de España, EAPN, Educo, Federación de Familias Monomarentales (FAMS), Madres solteras por elección, la Asociación Yo No Renuncio del Club de Malasmadres, Oxfam Intermón, Plataforma del Tercer Sector, Save the Children, UNICEF España y Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF). Y van un paso más allá para que, en el caso de las familias monoparentales, se adapte para garantizar el mismo derecho, al igual que se exige con los permisos por nacimiento.
Una multa que puede ser mayor
El pasado 26 de septiembre, la Comisión Europea informó de que “España no ha comunicado a la Comisión la transposición completa de esta disposición a su legislación nacional. Por ello, la Comisión envió una carta de emplazamiento a España, que dispuso de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado”.
Por el incumplimiento de sus obligaciones, Bruselas propone que se exija una multa a tanto alzado de como mínimo 6,832 millones. Y a partir del 2 de agosto 2024, cuando debía haber estado transpuesta esta obligación, se incrementa a razón de 9.760 euros diarios. Con fecha de 2 de agosto de 2025, si antes no ha habido ningún avance, la sanción superará los 10,6 millones. Sin embargo, esta propuesta de sanción podría verse incrementada, si finalmente se dicta una sentencia condenatoria. En este caso, se impondría una multa coercitiva de 43.920 euros por día de retraso en la transposición, a contar desde el día de la sentencia del TJUE hasta la completa incorporación de la Directiva.
Un derecho reconocido en los tribunales
Ante la ausencia de una legislación nacional, están siendo los tribunales quienes están dando amparo legal a este derecho. Son ya tres sentencias las que han reconocido a los trabajadores el derecho al permiso parental retribuido por ocho semanas acogiéndose al máximo que prevé la Directiva Europea. Cabe recordar que el acuerdo del Gobierno de coalición fijaba un mínimo de, al menos, ocho semanas.
En el último fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Murcia se señala que “la denegación del permiso solicitado no se funda en necesidades del servicio, sino únicamente en la falta de previsión normativa”. Y determina que este derecho se debe atribuir porque “es evidente que, las disposiciones de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 son incondicionales, suficientemente claras y precisas”.
