Sentencia del Supremo

El Gobierno se abre a ampliar la baja de maternidad a las familias monomarentales

El Alto Tribunal ha reconocido el derecho a doblar el permiso de maternidad hasta las 26 semanas a las madres solteras. Para su aplicación inmediata es necesaria una reforma legislativa

El Gobierno abre la puerta a ampliar la duración del permiso de maternidad a las familias monoparentales tras la sentencia del Tribunal Supremo. El pasado 15 de octubre, el Alto Tribunal reconoció el derecho de las familias monoparentales a extender la baja maternal de 16 a 26 semanas para evitar la discriminación de los menores recién nacidos. Apenas un mes después, esta cuestión se ha planteado en la segunda reunión del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión, presidido por la ministra del ramo, Elma Saiz, al que también asistieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque tras esta sentencia las madres solteras pueden reivindicar este derecho (vía judicial), para su aplicación inmediata es necesario abordar una reforma legislativa. “La resolución del Tribunal Supremo avala que si los hechos son simétricos un tribunal inferior pueda pronunciarse en el mismo sentido por la doctrina judicial, pero para garantizar su aplicación con carácter general es necesaria una reforma en una norma con rango de ley”, explica a Artículo14 Álvaro San Martín abogado Laboralista de Bufete Casadeley.

La voluntad del Ministerio es empezar a analizar cómo abordar esta cuestión, según informaron a Artículo14 fuentes conocedoras de la reunión. “Las leyes tienen que avanzar en justicia social. El interés superior del menor es un asunto que nos concierne, igual que el acabar con las brechas de género y que las mujeres dejen de estar arrinconadas del mercado laboral”, señaló Elma Saiz, en relación a esta cuestión al término de la reunión.

La equiparación de todos los permisos para el cuidado de menores, incluido el de maternidad, es uno de los grandes caballos de batalla de las organizaciones que representan a las madres solteras. “Esta sentencia por fin contempla una de las reivindicaciones prioritarias realizadas desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) y la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales durante los últimos cinco años”, señalan desde la FAMS en relación con la resolución del Tribunal Supremo.

Opciones legislativas

La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 sería una de las opciones más rápidas y fáciles para dar cobertura legal a este derecho. De hecho, esta no sería la única prestación pendiente de modificación por parte del Gobierno. Según el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar existe el compromiso para ampliar con carácter general de 16 a 20 semanas el permiso tras el nacimiento del bebé -que habría que ajustar a las circunstancias de las familias monoparentales-, así como el permiso parental retribuido para el cuidado del menores de ocho años. Este es el más urgente porque España está incumpliendo la transposición de la Directiva de Paridad.

Sin embargo, con los PGE en el aire, ya se ha tenido que retrasar su tramitación incumpliendo el calendario previsto, otra de las opciones que tiene el Gobierno es incorporarlo a alguna de las leyes en tramitación. Una en la que mejor encajaría es la Ley de Familias, cuyo plazo de enmiendas se abrió en marzo y continúa ampliándose reiteradamente. La última ampliación finaliza el 20 de noviembre. En este sentido, el PP registró una proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de octubre.

Qué piden las madres

En la actualidad, tras el nacimiento o adopción, las madres solteras cuentan con permiso de maternidad de 16 semanas, equivalente al que corresponde a cada progenitor en el caso de las parejas. “Nuestros hijos están siendo discriminados en el tiempo de cuidado por nuestro modelo familiar y reivindicamos el derecho a que puedan contar con las 32 semanas de las familias biparentales”, subraya María Guruceta, responsable de incidencia política de Madres Solteras por Elección.

“Lo que no queremos es que nos vendan más humo. Todos los políticos muestran empatía con las familias monomarentales, pero a la hora de aterrizar en medidas concretas nos quedamos en el limbo. Llevamos más de 30 años pidiendo ser reconocidas y aún estamos en la casilla de salida”, asegura Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS).

Título de familia

Para este colectivo, su principal reclamación es lograr, lo antes posible, un reconocimiento similar al que tienen las familias numerosas en España. Revindican una norma con rango de ley que recoja la definición de familia monoparental y su protección con medidas específicas a partir del primer hijo. Este sería el punto de partida para poder acceder a las medidas de protección.

Las asociaciones de familias monomarentales piden contar con una cobertura equivalente a la de las familias numerosas a partir del primer hijo mediante un título acreditativo de ámbito estatal. Y que sean reconocidas como especiales, las familias que cuenten con un único progenitor y dos hijos o un hijo en situación especial (por ejemplo, en una situación de dependencia). De esta forma, se facilitaría su acceso a prestaciones públicas estatales de las que gozan las familias numerosas como preferencia en el acceso y becas en centros sostenidos con fondos públicos, bonificación del 45% en las cuotas de la Seguridad Social o acceso al bono social eléctrico.

“No tenemos color político, lo que pedimos es que se sienten a negociar y se avance. Entendemos que lo lógico es priorizar el Proyecto de Ley de Familias, pues este nos permitiría ganar tiempo. La iniciativa del PP tiene mayor alcance en sus medidas y ambas no son incompatibles”, explica Carmen Flores, quien admite tener la sensación de ser una “moneda de cambio” dentro del espectro político.

“Hemos pedido al PP que apoye el Proyecto de Ley de Familias, que se sienten a negociar las enmiendas para lograr un consenso y vemos con preocupación que la Ley de Conciliación pueda interferir en su avance. Pedimos responsabilidad a los grupos políticos”, asegura María Guruceta. “En nuestro caso, las políticas de conciliación no son para ocio o descanso. Es evitar que nos despidan, pues necesitamos tiempo para cuidar de nuestros hijos”, concluye.