El Consejo de Ministros ha aprobado una de las reformas más relevantes de los últimos años en materia de igualdad dentro del sector público. El nuevo IV Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado pondrá bajo revisión el sueldo de los funcionarios con el objetivo de eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
La medida, que cuenta con el apoyo de los principales sindicatos, incluye una auditoría completa de los salarios públicos, un seguimiento de los niveles 28 y 30 —los más altos del funcionariado— y una batería de acciones para fomentar la conciliación y el acceso equilibrado a los puestos de responsabilidad.
Una auditoría histórica del sueldo de los funcionarios
Por primera vez, el Gobierno auditará de forma integral el sueldo de los funcionarios para detectar posibles desigualdades de género en la Administración. El plan prevé analizar los salarios de todos los niveles profesionales y elaborar un informe anual con medias, medianas y evolución de las diferencias retributivas.
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, encabezado por Óscar López, ha explicado que esta iniciativa busca garantizar la “igualdad efectiva de trato y de oportunidades” en todos los puestos. Si el estudio revela brechas salariales no justificadas, se pondrá en marcha un plan de actuación vinculante para corregirlas.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres que trabajan en la Administración cobran de media un 10,5% menos que los hombres. Una cifra que, lejos de mejorar, se ha incrementado en dos puntos respecto al año anterior. El nuevo plan pretende revertir esta tendencia y convertir al sector público en un referente de igualdad salarial.
Medidas concretas para la conciliación y la igualdad real
Además de revisar el sueldo de los funcionarios, el plan del Gobierno incluye un amplio paquete de medidas para facilitar la conciliación. Una de las más destacadas es la ampliación de la jornada intensiva de verano a quienes tengan a su cargo personas mayores dependientes. Un derecho que hasta ahora solo se aplicaba a empleados con hijos menores de 12 años o familiares con discapacidad.
A partir de ahora, quienes cuiden de mayores dependientes podrán acogerse a esta jornada del 1 de junio al 30 de septiembre. Y, además, tendrán preferencia para elegir vacaciones o días de asuntos propios. El Ejecutivo busca así aliviar la carga que recae mayoritariamente sobre las mujeres: el 75% de los permisos no retribuidos en la Administración corresponden a trabajadoras que asumen responsabilidades domésticas o de cuidado.
Estas medidas, según el Ministerio, son esenciales para que la igualdad salarial no se quede en una declaración de intenciones. “Sin conciliación no hay igualdad real”, subrayan fuentes del Gobierno.
Un nuevo modelo de progreso para el empleo público
El sueldo de los funcionarios no solo será objeto de revisión, sino también de monitorización constante. El plan establece que los niveles 28 y 30, donde se concentran los puestos de mayor responsabilidad, serán evaluados cada año para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Esta iniciativa busca romper el techo de cristal que todavía existe en los escalones más altos del funcionariado. Aunque las mujeres superan a los hombres en la mayoría de oposiciones, su presencia disminuye en los niveles superiores. El Gobierno quiere revertir esta tendencia mediante programas de promoción interna, formación en liderazgo e impulso de la participación femenina en disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
En palabras de Óscar López, “la Administración debe ser ejemplo del cambio cultural que reclama la sociedad”.
Más control y transparencia en los altos cargos
El plan de igualdad se ha aprobado junto a otro paquete de medidas que afectará indirectamente al sueldo de los funcionarios de alto rango. Se trata del anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que refuerza la transparencia en la gestión pública y establece nuevas obligaciones de rendición de cuentas.
Entre sus principales novedades se incluye la publicación de las agendas institucionales y viajes de todos los altos cargos. Así como la creación de un régimen de infracciones con sanciones económicas para quienes incumplan las normas de transparencia.
Por primera vez, se conocerán los salarios y condiciones del personal eventual y de confianza. Además de las retribuciones de los máximos responsables de gabinetes. La intención del Ejecutivo es que cada euro de dinero público sea visible y verificable por la ciudadanía.