El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública propone una profunda remodelación del sistema de acceso al empleo público en los grupos A1 y A2. El nuevo modelo plantea que las personas aspirantes cursen una formación posobligatoria de dos años antes de presentarse al examen que les permitirá, en caso de aprobar, obtener una plaza en la Administración. Un giro de calado que, en palabras de la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, busca “garantizar de manera real la igualdad de oportunidades” y adaptar el sistema “a los nuevos perfiles profesionales que han surgido”.
La propuesta ha sido presentada este lunes en Madrid, en el marco del documento Consenso por una Administración Abierta, junto al ministro del ramo, Óscar López. Con este plan, el Ejecutivo aspira a modernizar los procesos selectivos, acelerar la transformación digital de la Administración y dejar atrás el viejo modelo basado en la tasa de reposición.
“El problema ya no es la cantidad, es la calidad”, defendió Mapelli. Según explicó, la tasa de reposición -que durante años marcó el ritmo de las ofertas públicas de empleo- ha dejado de ser un obstáculo en términos cuantitativos. Pero la manera de seleccionar a quienes entran a formar parte del sector público sigue sin responder a las exigencias del presente: digitalización, gestión por proyectos, nuevas tecnologías o análisis de datos.
Más plazas y más formación
¿Cómo funcionará el nuevo sistema? Según el esquema planteado por Función Pública, se ofertarán más plazas de las necesarias en las oposiciones a los grupos A1 y A2. Una vez superada la primera prueba de acceso, las personas aspirantes deberán cursar dos años de formación en institutos y escuelas públicas. Solo quienes superen el examen final tras ese periodo obtendrán la plaza. En caso contrario, se reconocerán los estudios realizados mediante un título oficial.
Este sistema, inspirado en modelos formativos de otros países europeos, se aplicará exclusivamente a los grupos A1 y A2. En el caso de los grupos C1 y C2, los cambios serán menores. La formación se impartirá una vez ya se haya accedido al puesto, es decir, en el desempeño del cargo.
Nuevo itinerario formativo
Para el resto de escalas, el sistema de oposiciones actual se mantendrá sin modificaciones. Según explicó la secretaria de Estado, esta diferenciación busca adaptar los procesos a la complejidad de cada nivel y ofrecer un acceso más racional y estructurado.
Mapelli avanzó también que este nuevo itinerario formativo se enlazará con el sistema de becas del Ministerio de Educación para garantizar “el máximo rigor y formación” y asegurar la equidad en el acceso. La intención, según subrayó, es que el esfuerzo realizado por las personas aspirantes tenga un reconocimiento oficial aunque no culminen en una plaza: “Queremos que el tiempo invertido tenga valor por sí mismo”.
Más inversión
La propuesta forma parte de la hoja de ruta con la que el Gobierno pretende transformar a fondo el funcionamiento de la Administración General del Estado, que hoy presentó el ministro de Función Pública, Óscar López. Este plan incluye una inversión de 43 millones destinados a digitalización, simplificación de procedimientos y mejora de los servicios públicos.
“Queremos una Administración más cercana”, aseguró López, que anunció el desarrollo de una plataforma soberana de inteligencia artificial, presupuestada en 14 millones, con la que se pretende anticipar necesidades de ciudadanía y empresas, extender el uso de herramientas como el Kit Digital y simplificar trámites administrativos.
Adiós a la ‘cita previa’
Uno de los objetivos concretos será eliminar la obligatoriedad de la ‘cita previa’, para lo que se requerirá un desarrollo reglamentario aún pendiente. “Vamos a aprovechar el uso de la nueva tecnología para devolver flexibilidad y cercanía a la atención ciudadana”, dijo el ministro. No obstante, no detalló una fecha para la implantación definitiva de esta medida, informa Europa Press.
También se incorporará la tecnología SimplexEsp para automatizar procesos mediante borradores, similar a la declaración de la renta. A su vez, se crearán oficinas “todo en uno”, que permitirán realizar trámites de diferentes organismos en una misma ubicación, como una oficina de Correos. El modelo busca replicar iniciativas ya aplicadas en otros países europeos y mejorar la usabilidad de los servicios públicos.
La mayor revolución desde Internet
“Con proyectos como el de hoy vamos a poner en marcha la fábrica del Estado”, afirmó López. “Se trata de pensar qué productos ofrece el Estado a los ciudadanos y cómo hacerlos más accesibles”. La estrategia ha contado con más de 400 aportaciones durante su periodo de consulta pública. Y prevé además una evaluación ex post, incluida una revisión internacional a cargo de la OCDE en 2027.
Con esta iniciativa, el Gobierno se marca como objetivo reforzar la profesionalización del empleo público y adecuarlo a luna sociedad digitalizada. Una transformación estructural que, en palabras de sus impulsores, pretende ser “la mayor evolución de la Administración desde la llegada de Internet”.