La historia de Juana Rivas sigue uno de los procesos judiciales más mediáticos de España en la última década. Lo que comenzó como una denuncia por violencia de género, se convirtió en un conflicto internacional por la custodia de sus dos hijos, enfrentando a los sistemas judiciales de España e Italia.
Hoy mismo, se ha dado a conocer que su hijo menor debe regresar con su padre tras rechazar el Tribunal Constitucional el recurso urgente de Juana.
Esta es la cronología del caso, las posturas enfrentadas y las implicaciones legales y sociales de un drama que aún no ha concluido, ni parece estar cerca de hacerlo.
El origen de la historia de Juana Rivas
Juana Rivas nació en 1981 en la localidad de Benalúa de las Villas, en la provincia de Granada. En el año 2004, conoció en Londres al italiano Francesco Arcuri. Inician una relación sentimental, y un año después, tienen su primer hijo juntos. Es en 2006 cuando deciden vivir juntos en Granada, y así lo harán durante tres años.
Condena a Arcuri por lesiones en el ámbito familiar
Llega el mes de mayo de 2009. En este momento, Rivas presentó la primera denuncia por maltrato físico, y ella también fue denunciada por su pareja. Finalmente, todo resultó en una condena contra Arcuri por lesiones en el ámbito familiar. Juana fue absuelta de cualquier delito, y se impuso una orden de alejamiento contra él junto con tres meses de prisión.
El italiano no llega a ingresar en la cárcel, y tras un año de separación, incumpliendo la orden de alejamiento, la pareja se reconcilió y continuó su vida en Italia, donde la situación volvió a deteriorarse. Llegan a tener a su segundo hijo en 2012, y vuelven a romper su unión temporalmente, retomándola en el año 2013. La relación sería relativamente estable… hasta mayo de 2016.
El desarrollo del caso, desde 2016 hasta la actualidad
La historia de Juana Rivas cambió en ese momento, al tomar una decisión radical: regresó a España con sus dos hijos sin consentimiento del padre. Ella le alegó en primera instancia que quería ver a la familia, y que no podía volver en la fecha acordada al encontrarse enferma.
Juana justificó este acto como protección ante un entorno de maltrato, el cual desencadenó en el complejo proceso judicial internacional que conocemos actualmente.
Los tribunales españoles ordenaron en diciembre de 2016 la restitución inmediata de los menores a Italia, decisión apoyada por los tribunales italianos, que en 2017 garantizaron su guardia y custodia a Francesco. Juana decidió no acatar esta sentencia. Hubo un gran movimiento de apoyo social a su favor, bajo el lema que se viralizó en redes con el hashtag #JuanaEstáEnMiCasa.
El caso alcanzó su punto más crítico en julio de 2018, cuando Rivas fue condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores, a indemnizar a Francesco Arcuri y a seis años sin poder ejercer la patria potestad de sus dos hijos. La pena la reduciría el Tribunal Supremo posteriormente (en abril de 2021) a dos años y medio.
Esta sentencia generó un intenso debate social en los dos países implicados sobre la ponderación entre el cumplimiento de la ley y la protección de víctimas de violencia de género.
Tras ingresar en prisión en junio de 2021, el Gobierno español concedió en noviembre de ese año un indulto parcial a Juana, reduciendo su condena y permitiéndole pasar el día fuera de la cárcel.
En 2022, Rivas abandona la prisión gracias a la Audiencia Provincial de Granada, debiendo participar en programas de parentalidad positiva y comprometiéndose a no delinquir en 3 años. Habiendo cumplido ya 16 años su hijo mayor, Gabriel, confirma que quiere vivir con ella. Y con el tiempo, publicará vídeos denunciando el maltrato de su padre contra su hermano Daniel y contra él.
Los últimos sucesos relacionados con el caso
La historia de Juana Rivas toma otro cambio radical en 2024, año desde el cual la custodia del hijo menor, Daniel, se convierte en objeto de disputa entre los sistemas judiciales español e italiano. Juana empieza a interponer denuncias para evitar que el pequeño Daniel regrese con su padre. Muchas son archivadas o no avanzan, y la custodia se mantiene en Italia sobre el padre de los chicos.
En junio de 2025, finalmente, la justicia italiana, principalmente en la Fiscalía de Cagliari, admite las denuncias por maltratos a menores contra Francesco y solicita la anulación de la custodia de Daniel por su parte. Le citan a juicio en septiembre de 2025 por presuntos maltratos graves contra sus dos hijos.
El problema de la custodia, mientras tanto, sigue en pie, enfrentando a los autos de la justicia de los dos países. Y dejando a una madre con una incertidumbre que va camino de cruzar los 10 años de actividad judicial.