El Gobierno de Pedro Sánchez cree estar viendo algo de luz al final del túnel. Aunque lo que atisba no es la resolución de los frentes judiciales abiertos, en particular la investigación por supuesta corrupción que tiene imputados a dos exsecretarios de Organización del PSOE, sino la tradicional reducción de las hostilidades políticas que acompaña al mes de agosto.
Si no hay nuevas relevaciones sobre el caso Santos Cerdán que amenacen la calma tensa en la que aspiran a instalarse hasta septiembre, cuando se dan por hechos nuevos avances en las investigaciones, el Ejecutivo aspira a bajar el telón en apenas 10 días. Sánchez, según distintas voces del Gobierno, prevé cerrar su curso político más difícil el lunes 28 de julio, con uno de los ya habituales balances en los que aprovecha para vender su gestión a bombo y platillo. Obviando las polémicas, crisis y asuntos más espinosos.
Moncloa aún no confirma la fecha para el que será el séptimo acto de cumpliendo, el formado de comparecencia de “rendición de cuentas” que el presidente instauró a finales de 2020. Y un día después se celebrará el Consejo de Ministros en el que Yolanda Díaz aspira a impulsar el decreto ley con medidas sociales que lleva años reclamando (permisos).
Se prevé que entonces el Congreso ya haya echado el cierre tras un pleno extraordinario en el que aspiran a aprobar tres reales decretos leyes, entre ellos el de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas por valor de 158.000 millones de euros. Se celebrará el 22 de julio, y Díaz ha rechazado que albergue el debate de totalidad de la reducción de la jornada laboral porque no cuenta con el aval de Junts per Cataluña. Por el mismo motivo tendrá que esperar la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal que impulsa el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que habría servido para mejorar el recuento de normas aprobadas del que presumirá el presidente.
Son cuatro proyectos de ley, una proposición de ley y cinco reales decretos leyes los que ya ha avalado el Congreso desde enero -sin contar con los previstos para el 22 de julio-, en los 15 plenos celebrados. En dos años de legislatura, son 36 las leyes que ya han logrado llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE), frente a las más de 200 que impulsó la coalición PSOE-Unidas Podemos en tres años y medio.
Sánchez esgrimirá la fragmentación parlamentaria para curarse en salud, y presumirá del balance legislativo de un año que ya empezó mal para la coalición PSOE-Sumar. Con un pleno extraordinario en el que cayeron dos de los tres decretos que aspiraban a convalidar.
La cumbre de la OTAN, los datos laborales o económicos: Sánchez esgrimirá todo lo que le permita sacar cabeza
En este tipo de comparecencias, sin embargo, el jefe del Ejecutivo estructura sus mensajes sobre un armazón discursivo de metas y objetivos. En diciembre, lo vertebró sobre el cumplimiento de 195 “compromisos”, estructurados sobre las ocho líneas estratégicas esbozadas en la investidura del presidente.
Es más fácil contabilizar la aprobación de leyes que fiscalizar al Gobierno si se ciñe a otros parámetros más abstractos, como los que utiliza Moncloa para abordar la ejecución de algunos de sus grandes planes. Otro ejemplo es la fórmula que emplea para ilustrar el grado de implementación de su plan de regeneración democrática, un catálogo de medidas diseñadas pocos meses después de los cinco días de reflexión del presidente, el pasado año.
El Gobierno afirma que ha impulsado 15 de las 31 recetas que contiene, aunque sólo 5 están realmente en marcha, y 10 siguen en distintas fases de tramitación. A menudo, en el Ejecutivo destacan las normas que ya han avalado en el Consejo de Ministros, en primera o segunda vuelta, dejando en segundo plano que aún están lejos de verse trasladadas al BOE.
El catálogo de logros a lucir puede ser muy amplio: se esperan menciones a la subida de 50 euros en el SMI, que data de febrero; al empleo de los fondos europeos Next Generation o a los datos de empleo o económicos. No se descarta que aluda a los trabajos para intentar impulsar los difíciles Presupuestos para 2026, que Hacienda tiene avanzados, pero aún guardados en un cajón.
Que presuma del acuerdo para renovar el pacto de Estado contra la violencia machista, sellado en febrero. Sus esfuerzos para que España no comprometiera ante la OTAN gastar hasta el 5% de su PIB en defensa en 10 años (después de aprobar un incremento anual de 10.500 millones), con ataques de Donald Trump incluidos. Que venda las bondades del plan antiaranceles de EEUU ya avalado por la Cámara Baja, o sus movimientos para incrementar la presión internacional sobre Benjamin Netanyahu por su guerra en Gaza.
Pasar página de la corrupción, aunque sea durante algunas semanas
Desde la comparecencia de Sánchez en el Congreso el 9 de julio, el Ejecutivo ha recuperado cierto pulso. Empezó a perder el control de la agenda informativa tras el grave apagón del 28 de abril. Las revelaciones sobre la exmilitante socialista Leire Díez, que buscaba pruebas para acabar contra el mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga a familiares del presidente; o los avances de las causas judiciales contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, dejaron a Moncloa casi sin respuestas durante semanas.
El 12 de junio explotó la bomba del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, hoy en prisión provisional. Y en Moncloa llegaron a contemplar todos los escenarios, incluso la opción de “tirar la toalla”, que Sánchez rechazó después en la Cámara Baja.
Habían vivido en una sucesión de escándalos durante semanas, pero la investigación a su ex secretario de Organización y los audios que afectaban a su predecesor, José Luis Ábalos, superaron todos los presagios. Después llegó el escándalo de Paco Salazar, que dimitió como alto cargo de Moncloa y como dirigente del PSOE por denuncias de mujeres que trabajaron para el Gobierno y el partido.
En las próximas semanas, refugiado en la agenda internacional, Sánchez hará lo posible por obviar todos los frentes abiertos, incluyendo la investigación por la que su esposa, Begoña Gómez, lleva más de un año imputada. Todos los esfuerzos se centran ahora en llegar a la pausa estival, para ganar algo de tiempo e intentar salir a flote a partir de septiembre.
La imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), o la petición de tres años y nueve meses de cárcel de la Fiscalía para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, han venido como agua de mayo para el Ejecutivo y para el PSOE. Sus principales espadas han salido en tromba a intentar socavar la credibilidad del PP de Alberto Núñez Feijóo, a servirse de la presunta corrupción del exministro de Mariano Rajoy para desviar los focos que estos días se fijaron en la corrupción del caso Koldo o en la “financiación singular” catalana.
El pacto político para articular esta suerte de concierto, así como las cesiones al PNV que trascendieron un día después, han marcado la semana en la que el Ejecutivo vuelve a la carga este viernes para intentar que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidas como lenguas oficiales en la UE. Con todo, es el pacto para transferir la recaudación de sus impuestos a la Generalitat el que más preocupa a parte de los socialistas.
La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y también candidata a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, se borró de la agenda pública el día que se sellaba el pacto de la financiación singular y los dos siguientes, para reaparecer este jueves. Es un tema que ya ha generado varios incendios al Ejecutivo con los presidentes autonómicos del PP y con hasta seis de sus barones (en 2024). La mitad fueron relevados en los sucesivos congresos, por lo que son sólo tres (Emiliano García Page, Adrián Barbón y Miguel Ángel Gallardo) los que hoy plantean batalla.
En Moncloa necesitan seguir introduciendo temas de la agenda pública, marcar distancia con la corrupción y los escándalos. Y, sobre todo, requieren de una pausa para intentar tomar algo de impulso tras semanas en las que han sido incapaces de volver a aferrarse al timón.