El catalán, el gallego y el euskera vuelven este viernes a la mesa del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Lo harán en forma de debate –exchange of views– forzado de nuevo por España, pero sin ninguna garantía de que se someta a votación para reconocerlas como lenguas oficiales de la UE. El punto figura en el orden del día con un asterisco, y eso, en Bruselas, “lo es todo”.
El orden del día de la reunión, consultado por Artículo14, incluye otros asuntos como la preparación del próximo Consejo Europeo; el análisis del Estado de Derecho; o la situación del procedimiento del artículo 7 abierto a Hungría y Polonia. Pero entre los temas destacados vuelve a estar el intento del Gobierno español de avanzar en uno de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez tras ser investido presidente, y que fue además una de las exigencias clave de Junts para sostenerle en La Moncloa.
Fuentes de la Representación Permanente de España ante la UE lo explican así: “Si os fijáis, la propuesta va con un asterisco. Sólo si se considera oportuno, se podría votar. Con lo que dependerá de cómo vaya la discusión el mismo día”. La interpretación es clara: si hay unanimidad, se podría someter a votación in situ. Si no, volverá a posponerse, como ya ocurrió en diciembre de 2023, e incluso el pasado mayo.
La propuesta española
España defiende un modelo gradual, inspirado en el precedente del gaélico irlandés. La propuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, plantea que la oficialidad de las lenguas cooficiales se aplique de forma escalonada a partir de 2027 y se limite, al menos en una primera fase, a ciertas áreas institucionales. El Gobierno también se ha comprometido a asumir el coste total del despliegue -cifrado en más de 130 millones anuales- con el objetivo de disipar dudas financieras o legales.
Aun así, las reticencias persisten. Varios Estados miembros, especialmente los nórdicos, bálticos y Francia, han mostrado dudas sobre el precedente que sentaría esta decisión y sobre la viabilidad técnica de integrar nuevas lenguas oficiales. Algunos socios consideran que abrir esa puerta podría generar demandas similares por parte de otras regiones europeas con lenguas minoritarias, lo que multiplicaría costes y complejidad jurídica.
El debate de este viernes servirá como termómetro para medir el apoyo real de los Veintisiete. La presidencia ha aceptado mantener el tema en el orden del día, pero no ha garantizado que se someta a votación. Según recuerdan fuentes diplomáticas españolas, “como la última vez y como en 2023 (*)”.
La fórmula final dependerá de cómo evolucione la discusión en la sala. Aunque en Bruselas no creen que salga adelante, desde el Gobierno español aseguran que ya han despejado todas las dudas planteadas por otros estados y que no debería haber obstáculos para que el reconocimiento se produzca “en breve”. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran a este periódico que la propuesta “es irrenunciable e irreversible” y subrayan que su adopción supondría “acabar con una discriminación hacia la identidad nacional española que es plurilingüe”. A su juicio, todos los socios europeos “comprenden que la posición de España es legítima” y que se trata de una “prioridad esencial vinculada a nuestra identidad nacional que debe ser respetada”.