El Gobierno aspiraba a impulsar siete leyes en el último pleno en el Congreso de los Diputados antes del parón estival, el 22 de julio, pero la aritmética le ha forzado de nuevo a descafeinar sus planes. Además de la renuncia de Yolanda Díaz a someter al debate de totalidad su ansiado proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, hoy el Ejecutivo no tiene los votos amarrados para la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal que promueve Félix Bolaños.
Es la norma que ha llevado a jueces y fiscales a organizarse en una concentración de rechazo el 28 de junio, y después en tres jornadas de huelga los días 1, 2 y 3 de julio. Y el propio ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reconoció el miércoles que los trámites que aún tiene que superar “hacen imposible” que la ley se apruebe antes del verano. En un coloquio organizado por El Periódico, Bolaños asumió un retraso que previamente ya admitieron a Artículo14 otras fuentes del Ejecutivo.
Oficialmente, en el equipo del ministro se resistían a asumir su renuncia a votar esta norma en el pleno extraordinario que precede al parón de verano. Bolaños ha salvado negociaciones que se antojaban más que difíciles antes, por lo que no querían cerrar la puerta a esta opción. La intención inicial de su departamento era que la reforma fuera aprobada en la última sesión plenaria del curso, para su posterior remisión al Senado.
Los tiempos parlamentarios no jugaban a su favor: la Comisión de Justicia aún debe convocar la ponencia, después votar el dictamen, y posteriormente tocará remitir la ley al pleno. La estimación de los plazos requeridos varía según las distintas fuentes parlamentarias consultadas. Todas admitieron que técnicamente aún sería posible lograrlo -aún a costa de estirar el Reglamento-. Pero la aritmética es clara y ya está asumida.
El Gobierno ya cosechó una sonora derrota parlamentaria, cortesía de Junts per Catalunya, en el pleno escoba de julio del pasado año. Será la última foto fija del hemiciclo hasta septiembre, salvo grandes sorpresas. Tras los esfuerzos de Pedro Sánchez por demostrar que aún cuenta con el apoyo de sus socios, que han optado por sostenerlo -aún con reservas- después de que expusiera sus medidas anticorrupción, lo último que quiere el Ejecutivo es visibilizar nuevamente su precariedad parlamentaria.
Las negociaciones de la jornada laboral “se frenaron” con el caso Cerdán
El rechazo del partido de Carles Puigdemont a retirar siquiera su enmienda a la totalidad a la norma estrella de Díaz también ha forzado a la vicepresidenta a desdecirse. En público y en privado, la fundadora de Sumar había asegurado que se expondría a la votación de totalidad, en la que todas las leyes se arriesgan a caer, en el pleno del 22 de julio. Las futuribles modificaciones que pudiera ceder a Junts ni siquiera se habrían incluido en esta fase de la tramitación, sino en otra posterior (la de enmiendas al articulado).
“Mejor cuando tengamos los apoyos atados”, era la frase con la que recibían sus intenciones en el ala socialista del Ejecutivo. Distintos dirigentes del espacio político Sumar confirmaron que Díaz había comunicado que Junts retiraría su enmienda antes de la votación. Esto no habría garantizado su aprobación, únicamente que no saltara por los aires sin dar más pasos.
Hoy estas fuentes admiten que la vicepresidenta pudo hacer una lectura equivocada, si bien reconocen cierta sorpresa por la estrategia que ha marcado. El martes se comunicó el retraso en la votación a la mayoría de la cúpula de Sumar en el Gobierno, sin muchas explicaciones. Fuentes de la dirección de este espacio explicaron que las negociaciones “se frenaron un poco” con “el caso [Santos] Cerdán”. “Hay avances, pero también puntos donde aún no tenemos acuerdo”, apostillaron.
Sorprendió que se comunicara en una jornada en la que la vicepresidenta ya había comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para vender nuevas medidas. Y más en un momento en el que concentran buena parte de su capacidad de presión política en los focos de la tramitación del embargo de armas a Israel, o en los disturbios y agresiones racistas en Torre Pacheco (Murcia).
Tras reunirse con el partido de Puigdemont, la Vicepresidencia Segunda difundió un comunicado que, lejos de las cámaras, aseguró que había sido pactado con Junts. El texto explicaba que posponían la votación para conceder más tiempo a las conversaciones. Fuentes de Junts precisan que el partido “no ha pedido más tiempo” para negociar. “Junts ha mantenido la posición y es Gobierno quien decide posponer la votación”, apostillaron.
La decisión de Díaz de llevar la reducción de jornada al pleno el 22 de julio es anterior al estallido del caso Cerdán, que ha “contaminado” el debate, afirman los suyos. También lo es su amenaza de desgajar del proyecto de ley la parte de la norma que considera más temida por las empresas, el incremento de dureza de los requisitos del registro horario. Esta “posibilidad” de implantar estos cambios a través de un decreto sigue “encima de la mesa”, aseguran desde sus filas.
Tres decretos ley con 158.000 millones para las CCAA y tres normas del Senado
Por otra parte, el Gobierno prevé intensificar la presión contra el PP al llevar al pleno escoba la ratificación de tres reales decretos ley, entre ellos el que oficializará las entregas a cuenta a las comunidades autónomas por valor de 158.000 millones de euros, y por 28.000 millones para las entidades locales. Se trata de los importes que las CCAA y ayuntamientos reciben por adelantado del sistema de financiación para prestar los servicios que les competen, y suponen la principal fuente de recursos de estas administraciones.
Inicialmente se incluyeron en el decreto ómnibus que fue tumbado por la Cámara Baja en enero, y el Ejecutivo comunicó que volvería a aprobar una norma en esta dirección escasos días después de la explosión del caso Cerdán. También se someterán a votación para su convalidación o derogación el real decreto ley de medidas de refuerzo del sistema eléctrico (con recetas para prevenir otro apagón como el del 28-A), y el de beneficios fiscales y eventos culturales, adelantan fuentes parlamentarias.
Además, el Congreso ha acelerado esta semana los trabajos necesarios para que la próxima semana se apruebe la reforma del Reglamento para introducir medidas sancionadoras para los agitadores ultras acreditados como informadores, en la Cámara. Y a eso se suman tres normas que regresan del Senado para su aprobación definitiva: son la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), el proyecto de ley de seguros de vehículos a motor (aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2024), y la Agencia Estatal de Salud Pública.
Si no hay sorpresas -Junts ya votó en contra de este último texto sorpresivamente-, el de la ministra Mónica García (Sanidad) será el primer proyecto de ley aprobado por Sumar en esta legislatura. El proyecto estrella de Díaz, que fue su bandera en las elecciones generales de hace dos años, tendrá que esperar. Como ocurrirá con la norma que Bolaños quería dejar lista antes de irse de vacaciones.