España se da por enterada del procedimiento de infracción iniciado por Bruselas por las condiciones impuesta la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. Fuentes del Ministerio que lidera Carlos Cuerpo, confirmaron la recepción de “una carta de emplazamiento” por parte de la Comisión Europea que abre un procedimiento de infracción contra España por el “supuesto desalineamiento de la normativa española vigente con la normativa europea”.
Desde el Gobierno español a través de Economía destacaron que la legislación nacional cuestionada por Bruselas “lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones”. La Comisión se centra en algunos artículos de la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y de la Ley de Solvencia Financiera, de 2014.
Ateniéndose al plazo marcado en el procedimiento de infracción, España responderá en dos meses. “El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando nuestro firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho”, señalaron las mismas fuentes.
Bruselas
Este jueves, 17 de julio, la Comisión Europea cumplió su amenaza (llevaba más de un mes advirtiendo de las condiciones impuestas) y comunicó la apertura del expediente contra España. El trasfondo no es tanto las actuaciones concretas respecto a la OPA, sino cómo la legislación española no está alineada con el derecho comunitario. El Ejecutivo comunitario da ahora este plazo de dos meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.
Fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles, entre ellos Europa Press, que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo.
Bruselas espera ahora que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente.