El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal Constitucional que suspenda de forma urgente la orden nacional de busca, detención y entrada en prisión que aún pesa sobre él en España. Lo ha hecho mediante un recurso de amparo presentado tras el reciente aval del propio TC a la Ley de Amnistía, aprobado a finales de junio.
En el escrito, al que ha tenido acceso este medio, la defensa del dirigente independentista —encabezada por el abogado Gonzalo Boye— solicita la adopción de medidas cautelarísimas, que deben resolverse en cuestión de días. Estas medidas se basan en el argumento de que la vigencia de la orden de detención constituye una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad, protegido por el artículo 17 de la Constitución.
El recurso se presenta tras la negativa del Tribunal Supremo a aplicar a Puigdemont la ley del olvido penal aprobada por las Cortes. Según la defensa, esa negativa incurre en una “resistencia judicial” que va más allá de la interpretación de la norma y que supone un “vaciamiento del contenido normativo” de la Ley de Amnistía.
“Mutación del concepto de enriquecimiento”
Uno de los puntos centrales del recurso cuestiona la interpretación extensiva que el Supremo ha hecho del “propósito de enriquecimiento” en el delito de malversación para excluir a Puigdemont de los beneficiarios de la ley. Según la defensa, esa reinterpretación “carece de base en el texto legal, contradice la voluntad expresa del legislador y constituye una aplicación in malam partem de una excepción penal”.
“La afirmación de que evitar un gasto público o recibir un servicio equivale a obtener un beneficio patrimonial constituye una mutación del concepto de ‘enriquecimiento’ sin sustento legal ni anclaje doctrinal”, afirma el recurso, que denuncia “una creación jurisprudencial que desplaza la función interpretativa del juez hacia una función normativa que solo corresponde al legislador”.
Además, se advierte de que esta estrategia “evidencia una resistencia institucional que se sitúa al margen del orden constitucional”, por lo que solicita la nulidad de las resoluciones impugnadas como “una exigencia democrática y constitucional para restaurar la legalidad vulnerada”.
El papel del Constitucional como garante
El escrito recuerda que la sentencia 63/2024 del propio Tribunal Constitucional subraya que “la amnistía no solo es constitucionalmente posible, sino que puede ser instrumento legítimo del principio democrático, siempre que cumpla con los límites materiales y formales que la propia Constitución impone”. Por tanto, considera que la negativa del Supremo a aplicar la ley —en concreto su artículo 11— sin activar previamente el control de constitucionalidad, constituye “una desobediencia institucional de la ley vigente” y “lesiona el núcleo duro del Estado de Derecho”.
Asimismo, Puigdemont denuncia que el Supremo ha convertido una excepción restrictiva en una “fórmula abierta” al reinterpretar la cláusula de exclusión de la amnistía hasta el punto de considerar que existe enriquecimiento personal “siempre que los fondos públicos no fueron sufragados de su propio bolsillo por el acusado”. Esta lógica, según el recurso, “desborda el límite legal” y vacía de contenido la propia ley.
El expresident argumenta que la actuación del Tribunal Supremo supone además una “interferencia intolerable” en el principio de representación parlamentaria, ya que “la voluntad popular expresada en las urnas es anulada de facto por una orden judicial dictada por un tribunal sin competencia”.
La defensa concluye que el escenario actual exige “una respuesta clara, firme y restauradora por parte del Tribunal Constitucional como intérprete supremo de los derechos fundamentales”, ante lo que califica de “desviación de poder” por parte del Supremo. La decisión del Constitucional sobre las medidas cautelarísimas —clave para que Puigdemont pueda volver a territorio español sin ser detenido— podría conocerse en los próximos días.