La advertencia llegó con voz calmada, pero firme: la ley de amnistía española “no parece perseguir un objetivo de interés general, sino que obedece a un acuerdo político para formar gobierno”. Fue la frase más clara que dejó este lunes la Comisión Europea ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas cuestionó también que el plazo de dos meses previsto por la norma para aplicar el perdón pueda impedir una investigación efectiva sobre el uso de fondos europeos durante el procés.
El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, expuso con detalle los argumentos en contra: una tramitación urgente vinculada a un pacto de investidura, una aplicación que podría interferir con el deber de proteger los intereses financieros de la Unión y una medida que, en el fondo, es política.
La escena ocurrió en Luxemburgo, en una sala solemne y ante quince magistrados europeos. Era la primera vez que se debatía en Europa el encaje legal de la norma española, a raíz de las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal de Cuentas. Y fue también la primera vez que Bruselas tomó partido con tanta claridad.
¿Puede Bruselas influir en la sentencia del TJUE?
Pero ¿qué peso tiene en realidad la posición de la Comisión? El magistrado Joaquim Bosch lo matiza: “Las alegaciones de la Comisión Europea son importantes en este tipo de procedimiento, pero no vinculan al tribunal”. “Después el TJUE adopta su decisión de forma independiente, con criterios estrictamente jurídicos”. “Lo que se resolverá aquí son cuestiones prejudiciales: el tribunal especifica cómo deben interpretarse las normas europeas en relación con la ley”, añade en conversación con este periódico.
En este caso, las dudas giran en torno a dos ejes. El primero: si la amnistía puede dificultar investigaciones judiciales sobre posibles delitos cometidos con fondos europeos. El segundo: si una norma nacida de un pacto político puede justificar una medida tan excepcional como el perdón penal.
Desde el punto de vista constitucional, el profesor Joaquín Urías cree que el debate no puede centrarse en el contexto político. “La Comisión ha dicho que la ley no responde al interés general, pero lo ha hecho fijándose en el contexto en el que se aprobó”, explica a Artículo14. “Lo que se debería juzgar en Luxemburgo es el texto de la ley, no el contexto. Y en el texto no hay ninguna referencia a eso. La Comisión ha hecho un argumento político”.
Urías considera poco probable que los jueces europeos sigan esa línea. “Veo difícil que el TJUE entre a valorar el contexto, porque es político. Lo que debe hacer es determinar si se persigue una finalidad conforme al interés general, pero basándose siempre en el contenido legal, no en lo que lo rodea”.
También desde el TJUE recuerdan que las alegaciones de la Comisión Europea forman parte del procedimiento, pero no condicionan la decisión final. “La Comisión es una de las partes en el asunto, en igualdad de condiciones, como el resto de las partes”, explican fuentes del tribunal a este periódico. Será la Gran Sala la que adopte su fallo de forma independiente, tras examinar todos los argumentos presentados.
¿Qué pasa si la amnistía choca con el derecho comunitario?
Aun así, la decisión que adopte el tribunal puede tener efectos directos en España. Si considera que la amnistía vulnera alguna norma europea -por ejemplo, en relación con la protección de fondos públicos-, su aplicación podría quedar bloqueada en ese punto.
“El TJUE no anula directamente leyes nacionales, pero si concluye que hay incompatibilidad, los tribunales españoles dejarían de aplicarla en los aspectos afectados”, recuerda Bosch. “Puede ocurrir, por ejemplo, con los delitos de malversación o terrorismo. Todo dependerá de lo que fije el tribunal en su resolución”.
El Gobierno insiste en que la norma es plenamente legal. Este martes, la portavoz Pilar Alegría recordó que el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad y aseguró que no se compromete ningún interés financiero de la UE. Ni la Fiscalía ni el Tribunal de Cuentas han encontrado objeciones en ese sentido.
La lectura es distinta si preguntamos en Génova, donde consideran que las alegaciones presentadas por el Ejecutivo Comunitario no hacen más que respaldar la tesis que el PP lleva defendiendo un año: que la ley de amnistía no tiene cabida por responder, no al interés general, sino al “interés concreto de un pacto político”.
Pero el choque entre Bruselas y Moncloa ya es visible. Y aunque el fallo del TJUE no llegará hasta dentro de varios meses, lo que se juega en Luxemburgo es más que una lectura jurídica. También está en cuestión el equilibrio entre política y derecho en una de las leyes, hasta ahora, más frágiles de la democracia española.