No habrá fallo, pero sí un primer pulso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra este martes en Luxemburgo una doble vista pública sobre la ley de amnistía española. En apenas unas horas, los jueces europeos escucharán a las partes implicadas en dos procedimientos clave: uno sobre el perdón de delitos de malversación en el caso del procés y otro sobre la amnistía por terrorismo en la causa de los CDR. Son las dos primeras cuestiones prejudiciales elevadas desde España para que la Justicia europea diga si la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez encaja, o no, con el derecho comunitario.
El caso lo examinará la Gran Sala, compuesta por 15 jueces. Es el formato reservado a los asuntos de especial relevancia institucional. “Es un tema con gran carga política y mediática”, reconocen fuentes del TJUE consultadas por Artículo14. “El único tema que puede compararse en cuanto a importancia y que ha llevado el TJUE ha sido el Estado de derecho en Polonia o en Hungría”, señalan. Las vistas se celebran este martes, pero la sentencia llegará más adelante. “Años no tardaremos, meses sí”, advierten desde el tribunal. “Mañana es la vista. Es posible que al finalizar se fije una fecha y se tengan argumentos suficientes para presentar conclusiones”, explican. Según las estadísticas del propio TJUE, la media de resolución de casos en el último año se sitúa “entre 17 y 18 meses”. Aunque podría resolverse antes.

La vista de este martes contará también con la intervención de Juan Chapapría, abogado de Sociedad Civil Catalana, que representará junto a Mario de Diego a las partes que cuestionan la legalidad de la norma. “Mi sensación es que van a resolver a favor. No se puede permitir que un Estado miembro apruebe este tipo de ley y abra una caja de Pandora que permita al resto aprobar leyes así”, asegura en conversación con este medio. A su juicio, la decisión del TJUE no solo afectará al caso español, sino que marcará un precedente para toda la Unión Europea.
Una revisión europea de la ley
La revisión llega justo cuando se cumple un año desde la entrada en vigor de la ley. Y lo hace en un momento incómodo para el Gobierno y para el Tribunal Constitucional, que hace apenas dos semanas avaló su constitucionalidad sin esperar a la Justicia europea. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, optó por seguir adelante con su hoja de ruta. Lo hizo con el apoyo de otros cinco magistrados (los progresistas), y con duras críticas en votos particulares (y conservadores) que insistían en la necesidad de esperar a Luxemburgo.
Ahora será el TJUE el que analice, entre otros aspectos, si la amnistía vulnera principios y obligaciones contenidas en el derecho de la UE, como la lucha contra la corrupción, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica o la separación de poderes. Se trata de una revisión que, aunque no será definitiva este martes, sí marcará la pauta de lo que puede venir después.
El debate de la mañana se centrará en la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador plantea que la ley podría ser contraria a la obligación que tienen los Estados miembros de perseguir la malversación y el fraude, incluso cuando no haya fondos europeos implicados.

Tarde con los CDR
Ya por la tarde, será el turno de la Audiencia Nacional. El tribunal planteó su consulta en la causa abierta contra una docena de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), procesados por pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos. En este caso, la vista girará en torno a si Europa puede aceptar una amnistía que perdone delitos de terrorismo. Lo defenderá, en nombre de las víctimas, el abogado José María Fuster-Fabra, que representará a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot).

Todavía sin decisión
Este martes no habrá fallo, pero sí se activará el engranaje. Tras las vistas, el siguiente paso será la presentación de las conclusiones del abogado general, una figura clave en la doctrina del TJUE. “Probablemente se presentarán nada más termine la vista”, adelantan a Artículo14 fuentes del TJUE. A partir de ahí, el tribunal deliberará y dictará sentencia, previsiblemente a lo largo de 2025. Si el fallo considera que alguna parte de la amnistía es incompatible con el derecho comunitario, esa parte quedaría automáticamente inaplicada en España. Y no solo eso: podría poner en cuestión el aval reciente del Constitucional y, por tanto, la estrategia jurídica y política del Gobierno.
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