A partir del año que viene, Cataluña podría recaudar el 100% de los impuestos que genera en su territorio. Es decir, se haría cargo de los impuestos estatales como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales (electricidad, tabaco o el nuevo impuesto al plástico). Además, de los autonómicos, como sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales o tributos sobre el juego, que ya gestionan las autonomías.
Así se recoge en el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, que toma impulso después de que ambos ejecutivos sellaran las bases de la “financiación singular” catalana. Para ello se prevé crear una Agencia Tributaria propia. El objetivo es trasladar el modelo del sistema del País Vasco y Navarra a nueva comunidad. Si Cataluña finalmente pasara a recaudar directamente estos impuestos, el Estado dejaría de gestionar entre 6.000 y 20.000 millones de euros anuales.
Impacto
Esta pérdida supondría entre un 5% y un 16% del total del sistema español de financiación autonómica, que ronda los 120.000 millones de euros. O visto de otra forma, Cataluña pasaría a gestionar una media de hasta 2.461 euros por habitante en la región. Y sería, en principio, la Agencia Tributaria Catalana la que gestionará plenamente estos impuestos.
El trasfondo es mayor pues supone romper el modelo actual basado en un sistema de caja única con un principio de solidaridad interterritorial. Por eso, el modelo contempla también una aportación al Estado para sufragar servicios centrales, como Justicia, defensa o seguridad, y una cesión de cuota solidaria interterritorial regida por el principio de ordinalidad, es decir, que una región que aporta más dinero no debe recibir menos que otra después de repartir los recursos.
Efectos para el contribuyente catalán
Esta financiación singular tendría efectos para el contribuyente catalán, algunos positivos y otros negativos. Si la Agencia Tributaria Catalana (ATC) asume todo el control, podría adaptar la administración fiscal a la realidad local con mayor proximidad. En teoría, si se materializa -aunque todavía no conocemos la letra pequeña-, Cataluña podría disponer de mejores servicios públicos si se recauda más dinero.
La Generalitat tendría una partida económica superior para destinar a la sanidad, educación, el transporte o la dependencia. Se podrían diseñar políticas más personalizadas, con ayudas e incentivos fiscales específicos y el contribuyente podría tener la sensación de que su dinero se queda más cerca. Pero también conllevaría efectos negativos puesto que Cataluña tiene un saldo fiscal negativo, es decir, aporta más al Estado de lo que recibe y si el sistema no compensa ese desequilibrio, el coste de mantener todos los servicios podría recaer en los propios contribuyentes catalanes en forma de impuestos más altos. También a corto plazo, ese cambio de modelo puede generar confusión para la agencia catalana, con trámites duplicados que podrían afectar a autónomos y pymes catalanas.
Subidas fiscales en el horizonte
Como contrapartida, si Cataluña tiene más dinero, lógicamente habrá menos para la caja común que financia los servicios públicos en otras comunidades autónomas. El Estado en este caso podría aumentar sus aportaciones para garantizar los servicios en las comunidades con menos capacidad fiscal como Extremadura o Andalucía o bien se podría recalcular el reparto del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales lo que puede suponer menos financiación para otras autonomías.
Ese agujero que dejaría Cataluña -como explica Ángel de la Fuente, director de Fedea, “el fondo es que quieren las llaves de la caja básica”-, el Estado tendría que cubrirlo de alguna manera. Una de ellas podría ser subiendo los impuestos generales, como el IVA o el IRPF, lo que afectaría todos los ciudadanos. Y si cada comunidad autónoma busca su propio modelo, se rompería el principio de solidaridad interterritorial y podría conducir a un sistema fiscal más asimétrico y desigual.
Inconstitucional
En un comunicado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado advirtió de que “este modelo no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, estamos hablando de un régimen ilegal, que además vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución. Si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de Comunidades Autónomas que, tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda”.
Para los técnicos de Hacienda, GESTHA, hay muchas dificultades para trasladar la teoría de la financiación singular a la práctica. Sería necesario reformar varias leyes orgánicas para ceder el IRPF (es el principal impuesto y representa el 46% del total) y habría una falta clara de personal por parte de la Agencia Tributaria Catalana. Apenas tiene 832 trabajadores, con 29 inspectores y 41 técnicos tributarios.
Falta personal en la ATC
Según el secretario general de GESTHA, José María Mollinedo, “los técnicos están indignados con la falta de traslados y carrera en la AEAT. Además, el Gobierno de España tendrá que emplearse en una intensa negociación multilateral para lograr acordar el cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un diseño impecable de las modificaciones legales necesarias para ceder la gestión del IRPF sin tacha de inconstitucionalidad, y recabar los apoyos parlamentarias para su aprobación”.
Otro problema añadido son los Presupuestos Generales del Estado. Si el Gobierno prorroga las cuentas, no puede incluir modificaciones estructurales ni nuevas partidas presupuestarias que serían necesarias para implementar una financiación singular. El modelo plantea importantes obstáculos legales, administrativos y políticos para su puesta en marcha.