“Nuestro compromiso acaba cuando traemos una ley a la Cámara”. Un ministro acostumbra a repetir esta frase cuando se le pregunta por cómo conseguirán los votos para normas envueltas en polémica, a menudo concebidas como peajes a sus aliados parlamentarios. El lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, supeditó el acuerdo político que vertebrará el concierto económico catalán a que el texto logre “los apoyos pertinentes” en el Congreso de los Diputados.
Se curaba en salud e intentaba distanciarse de una reforma exigida por ERC que en dos semanas cumple un año incendiando los ánimos de buena parte de su partido. También solivianta a la oposición, y ni siquiera genera consenso entre los dos grandes partidos independentistas.
La comisión bilateral Estado-Generalitat ha formalizado el pacto que sienta las bases políticas para la “financiación singular” catalana, hoy en un estadio de desarrollo muy inicial. Teóricamente deberá entregar a Cataluña, hoy gobernada por el PSC de Salvador Illa, el control de la recaudación de todos los tributos.
Se trata de un modelo diseñado específicamente para Cataluña, pero que el Gobierno plantea extrapolar a todas las comunidades autónomas que lo deseen, en un ejercicio similar al puesto en práctica con la millonaria asunción de la deuda ofertada a las comunidades autónomas: inicialmente fue exigida por Cataluña, pero después se abrió al resto de regiones, y hoy los ministros candidatos, con María Jesús Montero (Andalucía) a la cabeza, la utilizan como reclamo electoral.
El nuevo pacto aspira, además, a servir como germen de un nuevo modelo del sistema de financiación, caducado desde hace 11 años. Incluso en el Ejecutivo admiten que, con el nivel de decibelios actual en la vida política, este camino parece hoy muy difícil. Como se antoja compleja una reforma que tendrá que sustanciarse en una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA).
De hecho, Torres se ha comprometido a someterlo a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se sientan todas las comunidades autónomas, y en el que cuenta con mayoría incluso aunque el grueso de los territorios estén gobernados por el Partido Popular. Prevé convocarlo después del verano, en una fecha aún por desvelar.
La relación con ERC está más engrasada, pero piden “más concreciones”
“Cumplimos con nuestros acuerdos y lo de hoy es una muestra más. Hay legislatura para rato”, presumen desde la dirección del PSOE. En el Gobierno, la principal responsable del acuerdo, la ministra de Hacienda y también candidata en Andalucía evitaba hacerse la foto sellando este acuerdo y mandaba a su número dos (Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda) junto a Torres a la reunión con la Generalitat, en Barcelona. La ausencia de Montero no pasaba desapercibida.
En el Ejecutivo creen que el acuerdo sirve para amarrar el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, pero también saben que cualquier pacto puede saltar por los aires si se complican los frentes judiciales que salpican a La Moncloa. En particular, la investigación del caso Koldo, que ya se ha cobrado la cabeza política del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Una cesión como esta, o como las que previsiblemente asumirán ante el PNV este martes sirven para lubricar sus relaciones con los socios, aunque sin esconder la situación de vulnerabilidad por la que pasan. Además, como en otras ocasiones en esta legislatura, han tenido que optar por desvestir a un santo para vestir a otro: a menudo, lo que consigue ERC no gusta a Junts, y vicecersa.
De hecho, ERC ha reaccionado con tibieza tras la presentación de este texto. Han pedido “más concreciones y menos escenificaciones”, y han reclamado más pasos a un Gobierno que “arrastra los pies”. ERC, dijo su portavoz, Isaac Albert, deberá “seguir empujando para acercarnos a un modelo de financiación autosuficiente para Cataluña”. Esto es: les gusta la idea, pero no les convence la ejecución.
Junts: “La prórroga dura lo que dura”
Junts per Catalunya pincha el globo de ERC y afirma que lo firmado es apenas un mero traspaso de “gestión administrativa”, por ejemplo en lo que tiene que ver con la recaudación del IRPF, que quedará -a futuro- en manos de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).
“Entender el Acuerdo de Bruselas es entender que el que planteamos al PSOE es un modelo de concierto. O entiende que nuestro modelo es de concierto o lo tendremos que dejar correr”, advirtió el vicepresidente de Junts, Toni Castellà, en rueda de prensa. “Está muy lejos de lo que necesita Catalunya para reducir el déficit fiscal”, reprendió Castellà, que apuesta por un modelo más parecido al del concierto de Euskadi o Navarra.
A las puertas del pleno escoba del Congreso que cerrará el curso político (22 de julio), todas las miradas están puestas en los imprescindibles votos de Junts y en sus posiciones ante normas como la reducción de la jornada laboral. El año pasado aprovecharon el mismo escenario para asestar varios golpes al Gobierno. Y el acuerdo fiscal, por lo pronto, les ha parecido “profundamente decepcionante”.
“La prórroga dura lo que dura. Es un tiempo relativamente corto. Ya no estamos en un proceso de negociación y confianza, estamos en una prórroga que se está acabando”, afirmó el vicepresidente del partido de Carles Puigdemont. Ya habían expuesto antes la idea de la prórroga, y volvieron a hacerlo en el pleno de la pasada semana, en el que Sánchez compareció para anunciar su plan anticorrupción. Y ahí ya avisaron de que el tiempo de gracia se está agotando.
Dos presidentes y un barón del PSOE en contra: “No ha convencido ni a los independentistas”
A la airada reacción del PP, que amenaza con acciones legales contra el acuerdo, se ha unido el enfado de dos de los presidentes autonómicos del PSOE en las comunidades que tributan en el régimen común, Emiliano García Page (Castilla La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias). El barón extremeño, Miguel Ángel Gallardo, también ha arremetido contra el cupo.
Hace un año, cuando ERC difundió el acuerdo y el Gobierno y Ferraz respondieron con semanas de silencios, eran seis los barones que se oponían: Javier Lambán (Aragón); Juan Lobato (Madrid) y Luis Tudanca (Castilla y León).
Los dos primeros han sido relevados de sus cargos y sustituidos por los ministros-candidatos Pilar Alegría y Óscar López, respectivamente, y el tercero lo ha sido por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que sí es próximo a Ferraz. La línea política de los tres dirigentes no ha dejado ningún espacio para la crítica a Ferraz, hasta la fecha.
De hecho, distintas federaciones controladas por los ministros candidatos han reclamado a sus respectivos presidentes que apuesten por una fórmula similar para sus territorios (Baleares o Comunidad Valenciana, entre ellos), negando que esta fórmula suponga una quiebra del principio de igualdad.
Para Page va destinada a “pagar favores y chantajes”. Desde el entorno del presidente castellanomanchego se muestran muy críticos, y dicen desconocer “dónde está el negocio” para Sánchez en esta operación. “El coste político de la jugada se lo lleva el Gobierno. El desgaste también, porque no ha convencido ni a los independentistas”, afirman.
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda de Asturias, mostró su rechazo y avisó de que si la propuesta final contiene “algún perjuicio” para su región votarán “en contra” en el CPFF. Y Gallardo, líder socialista en Extremadura, advirtió de que no aceptarán “ningún modelo que otorgue privilegios a una autonomía sobre las demás”. “Estamos radicalmente en contra de un acuerdo que lo que viene es a trasladar privilegios frente a otras comunidades autónomas”, incidió.
“Es un paso de gigante hacia la soberanía plena de Cataluña. Es lo que pagamos todos por la investidura de Illa y la debilidad extrema de Sánchez. Los españoles no podemos permitirlo”, tuiteó Lambán.
Con el socio minoritario centrado en vender la reanudación de la tramitación parlamentaria del embargo de armas a Israel, y mostrando cierta esperanza por acercarse un paso a su ansiada reforma de la financiación autonómica, Sánchez mantenía su agenda, lejos de estos focos. Presidía la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, y se preparaba para el encuentro de este martes con el lehendakari, Imanol Pradales. Montero ni siquiera apareció en la agenda oficial en los dos primeros días de la semana.