Se acerca el verano y aunque todos nos vamos aletargando un poco, la realidad es la que es y esta semana al Ejecutivo le toca sacar la chequera. Los socios del Gobierno son conscientes de la debilidad de Pedro Sánchez y están dispuestos a exprimir al máximo al jefe del Ejecutivo sabedores de su intención de permanecer en Moncloa a costa de lo que sea. De cara a la galería, exigen medidas contra la corrupción, exhiben con maestría su papel de indignados y advierten de que su paciencia tiene un límite, pero, en el fondo, lo que no tiene límite es su intención de aprovechar el tiempo que quede de legislatura para sus propios intereses. Cierto es, eso sí, que muchas de esas exigencias habían sido comprometidas por el PSOE en la investidura, pero ha llegado el turno, por si las moscas, de ir cobrándose esos cheques y esta semana lo estamos viendo.
Ayer, la comisión bilateral estado-Cataluña, decidió dar los primeros pasos para que la Agencia Tributaria Catalana recaude y gestione todo el IRPF. Para que nada chirríe al resto de los españoles y nada suene a desigualdad, se asegura que el nuevo modelo será “singular, federal y generalista” pero hay muchas dudas que no se han despejado, sobre todo una: ¿Cómo y quién decidirá qué cantidad aportará Cataluña a ese fondo de solidaridad estatal? Hay otra duda también que se cierne sobre el nuevo modelo, que necesitará que las Cortes le den su visto bueno, algo que no está nada claro porque de entrada necesitaría el apoyo de todos los socios del Gobierno y Compromís, el BNG, Izquierda Unida e incluso la Chunta, se habían opuesto a esa medida si no se abordaba al mismo tiempo la financiación autonómica, algo que no tiene visos de suceder. Otra pregunta que ha quedado también sin respuesta es: ¿por qué el nuevo modelo no se ha pactado con todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Había que ver el otro día a la vicepresidenta de Hacienda, la encargada de diseñar esta operación, intentando explicar en Andalucía, que este traspaso no va a perjudicar al resto de CCAA porque a todas se les dará la misma posibilidad, como si fuera lo mismo, por ejemplo, el IRPF que recauda Asturias, que el que recauda Cataluña. Es lo que tiene ser a la vez vicepresidenta y candidata a la Junta, que con una mano intenta contentar a los independentistas y, con la otra, intenta que los andaluces traguen con ruedas de molino. Y mientras ejecutan esta maniobra seguirán acusando; eso sí, a Madrid de dumping fiscal sin ningún tipo de rubor.
Este martes, el Gobierno Vasco intentará avanzar, entre otras cosas, en las competencias sobre Seguridad Social y garantizarse más inversiones en las redes eléctricas del País Vasco.
Los independentistas saben que no pueden sacar a sus territorios de España y a lo que aspiran, y lo que van consiguiendo, es que sea España la que salga de sus territorios.
Para contentar a Junts, el Gobierno volverá a someter en Europa la posibilidad de que el catalán sea lengua cooficial en la Unión Europea, pero quizá no sea esto lo que más inquiete al Ejecutivo y a los independentistas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará hoy los primeros recursos contra la Ley de Amnistía, los presentados por la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un informe jurídico de la Comisión Europea advirtió ya hace unas semanas que esa norma vulneraba la igualdad de los ciudadanos y era contraria al estado de derecho. Si el TJUE se pronuncia en contra de la Ley, estará enmendando también la plana al Tribunal Constitucional, que, aunque no abordó el tema de la malversación, tampoco quiso preguntar al tribunal con sede en Luxemburgo, si la Ley se ajustaba o no al estado de derecho comunitario, no fuera a ser que el castillo de naipes que construyeron entre todos para conseguir los siete votos de Junts para la investidura de Sánchez se evapore en un minuto.