No es la primera vez que Pedro Sánchez se enfrenta a una comparecencia difícil. Pero quizá sí es la ocasión que más complicado tiene salir airoso del Congreso de los Diputados. Primero, porque este miércoles tendrá que dar cuenta sobre los casos de corrupción dentro de su partido. Y, segundo, porque sus socios cada vez le aprietan más y tachan de insuficiente su respuesta a la crisis que azota desde hace semanas el PSOE.
Ante este escenario de corrupción o el reciente escándalo que ha obligado a la dimisión de Francisco Salazar, acusado de acoso hacia las mujeres, los grupos que conforman la precaria mayoría del Gobierno tendrán que retratarse o moverse. Es cierto que ninguno de los principales aliados de Sánchez ha pedido elecciones en público, pero cada vez es más palpable la lejanía con Moncloa. Y hacen todo lo posible por explicitar esta distancia, sin garantizar que la legislatura durará hasta 2027.
No hay previsión de que ninguno de los principales apoyos deje caer a Sánchez, pero se declaran a la expectativa. De momento, lo que le reclaman, todos al unísono, es que de su discurso salgan propuestas contundentes, tal y como explican fuentes de la mayoría de los grupos que apoyan al Ejecutivo. De esta manera podrán justificar ante su electorado que mantienen su apoyo a la coalición. Aguantar los embates del PP.
Cabe recordar que ERC y BNG fueron los primeros aliados en pedir la comparecencia ante el pleno de Pedro Sánchez, nada más conocerse el “informe Cerdán”, así como una auditoría en el Ministerio de Transportes por las presuntas irregularidades destapadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De momento, los socios, a 24 horas de la comparecencia, desconocen el grueso de medidas que anunciará Sánchez, más allá de las 13 reformas estatuarias que prometió el líder del PSOE en el ámbito orgánico de su partido, y que únicamente afectan a ese ámbito. Ya, de primeras, en ERC y Podemos exigen cuanto antes medidas para impedir que las empresas corruptoras puedan acceder a contratos públicos, uno de los caminos por los que Moncloa sí acepta transitar.
“Siempre son las mismas empresas”, afean desde el grupo republicano, que alerta al PSOE de que no aceptará una operación de maquillaje. “Ya no cuela”, insisten. Requieren “contundencia de verdad”.

El mismo parecer defienden en Podemos, donde la máxima es desmarcarse de todo lo que huela a corrupción del PSOE. Sin embargo, el partido no dará ninguna victoria al PP y no pedirá un adelanto electoral. “Que haya medidas en el PSOE antes que en el BOE demuestra que el interés no es acabar con la corrupción, sino acabar con la crisis de imagen y credibilidad en el seno del PSOE y del Gobierno”, censuraba el secretario de organización morado, Pablo Fernández.
El foco el miércoles también estará en Coalición Canaria y el PNV. El partido de Fernando Clavijo, que gobierna en coalición con el PP en las Islas y a la vez es socio de la mayoría de investidura, llevará al Congreso la exigencia de que Sánchez se someta a una moción de confianza. El presidente tendrá difícil rechazar una exigencia de sus socios si se suman más apoyos. Más aún si cabe en un momento de máxima debilidad.
Hace meses pudo torcerle el brazo a Junts, pero entonces Santos Cerdán era uno de los puntales del presidente, no el responsable de un terremoto en el PSOE.
Por su parte, los nacionalistas vascos han abierto un espacio de “reflexión” en el partido sobre si deben o no seguir apoyando al Gobierno del PSOE. Y del resultado de la comparecencia de este miércoles dependerá la decisión final. En todo caso, el PNV ya ha verbalizado que no votará a favor de una moción de censura promovida por el PP. De fondo, el próximo 15 de julio debe efectuarse la transferencia del paquete de competencias en Seguridad Social para el País Vasco, y es por eso que los nacionalistas se mueven con mucha prudencia.
Junts per Catalunya tampoco ha detallado sus planes, pero sí ha dejado ver que, en lo que les afecta, el futuro del Ejecutivo depende del cumplimiento de “la agenda catalana”. Apenas unos días después de la caída de Cerdán, quien fuera el interlocutor del PSOE con Carles Puigdemont, fue su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, quien les recordó cuáles sus prioridades.
Sumar presenta sus propias medidas
Esta ocasión, hasta Sumar amagará con apretarle las tuercas a Sánchez. No actuará como socio de Gobierno, según reconocen fuentes de la alianza de partidos en el Congreso, sino como formación de tolerancia cero con la corrupción. Es tan importante la comparecencia para fuerzas como Izquierda Unida que su líder, Antonio Maíllo, sin escaño en la Cámara Baja acudirá a la tribuna de invitados para seguir el debate. “Vamos a escuchar con mucha atención. Si no es suficiente, lo diremos”, promete.
Movimiento Sumar e IU han ido acercándose en sus discursos y han exigido medidas de calado para mantener el Gobierno hasta 2027 y agotar la legislatura. Medidas anticorrupción, avance hacia la democratización del Estado y medidas sociales para reconectar con el electorado. No darán el portazo al PSOE, pero visibilizarán sus exigencias y pondrán el foco, sobre todo, en el paquete social.
Es por eso que el lunes anunciaron que elevarían en este mes al Consejo de Ministros la retribución de los permisos parentales, y al Congreso la creación de una oficina anticorrupción. Lo cierto es que no tienen competencias para elevar a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano de preparación de los temas a abordar en el Consejo de Ministros, las medidas sociales que quieren lograr.

Aun así, desde la formación minoritaria del Gobierno si quieren escenificar así la necesidad de “reseteo” de la legislatura. “El PSOE tiene que empezar a asumir la gravedad del escenario y tomarse en serio una agenda de gobierno ambiciosa en clave de lucha contra la corrupción y de agenda social”, explican en el partido.
Desde el PSOE confían en que las medidas de Sánchez convenzan a los socios. A la vez, les trasladan presión. “Saben que, si la alternativa es Feijóo, que ha pegado un volantazo para irse hacia la ultraderecha, es lo contrario a todo lo que hemos conseguido juntos”, avisó la nueva portavoz federal, Montse Mínguez, en su estreno este lunes.