Antxon Alonso, el empresario investigado en el Tribunal Supremo por ser quien presuntamente se asoció con Santos Cerdán para dar mordidas a la llamada trama Koldo, ha negado la participación del exdirigente socialista como copropietario de la empresa Servinabar.
El administrador único de la citada sociedad ha declarado ante el juez Leopoldo Puente que el contrato privado firmado por ambos en 2016, con el cual le traspasaba a Cerdán un 45% de la empresa, era un borrador y un compromiso de futuro que dejó en el trastero.
Alonso, que ha reconocido su amistad con el ya exdiputado, ha desmentido lo que la Unidad Central Operativa reflejó en el informe entregado a Puente el pasado 12 de junio sobre el indiciario trato de favor que su sociedad recibió con la adjudicación varios contratos públicos a cambio de reservar una parte de estos, en forma de mordidas, a la presunta trama corrupta.
A este respecto, el empresario ha repetido la versión que el exdirigente socialista dio el pasado lunes en el Alto Tribunal: debido a que el PSOE navarro obtuvo un mal resultado en las elecciones autonómicas de 2015, Cerdán le comentó que se estaba planteando dejar la política, a lo cual Alonso le comentó que estaba con el proyecto de la Mina Muga, el cual era “una oportunidad”.
Puesto que el ex secretario de Organización socialista se llegó a plantear esa salida, se hizo un borrador de escritura que establece las condiciones de futuro. Finalmente, Cerdán decidió continuar en política, “no fuimos al notario y no me pagó 6000 euros“, ha asegurado Alonso. “Él rompió su copia y yo guardé la mía”, ha dicho con respecto al contrato privado.
Las comisiones de Koldo García
Por otra parte, el empresario investigado también ha reconocido, según fuentes judiciales, que Servinabar realizó una donación a Fiadelso, la fundación vinculada al exministro José Luis Ábalos. Sin embargo, ha dejado claro que se realizó por motivos fiscales, para desgravar, y que también hizo otros donativos similares a equipos de fútbol y rugby y a Save The Children.
Alonso también ha sido preguntado sobre si realizó pagos a Koldo García. Sobre ello ha explicado que el exasesor ministerial actuó para él como comisionista, consiguiendo obras privadas entre 2015 y 2016 para su empresa. García no cobraba un sueldo, sino que se embolsaba comisiones por cada cliente que conseguía.
La Fiscalía ha solicitado la retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal en sede judicial del empresario, quien solo ha contestado a preguntas de su abogada.
Merino apunta a sus superiores
Por su parte, el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, empresa que se unió temporalmente con Servinabar para obtener varios y millonarios contratos públicos, ha dicho que para conseguirlos entonces era imprescindible formar una UTE con una empresa local. “Tanto en Navarra como en el País Vasco una empresa nacional no tiene opciones. Implicar a una empresa de la zona es una práctica habitual para obtener adjudicaciones“, ha expresado.
Asimismo, el ya ex director del Departamento de Navarra y La Rioja de la empresa del Ibex 35, ha declarado que él era un delegado de zona y que no tenía capacidad de decisión alguna. Sobre esta cuestión concreta, ha defendido que de ello se encargaban sus superiores, a los que no ha ha llegado a nombrar: “Esto está en un escalón superior. Esto pertenece a otro departamento. Yo no tomaba ninguna decisión“. En este contexto, preguntado por si era empleado por cuenta ajena en Acciona, ha respondido que sí.
El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ha solicitado para Merino, quien sí ha respondido al juez y al representante de la acusación popular, las mismas medidas cautelares que para Alonso. Una medidas que el magistrado finalmente ha acordado.
