La preocupación crece entre los españoles por el estado de la libertad de prensa en el país, tras la decisión del presidente Pedro Sánchez de implementar controles más estrictos sobre las operaciones mediáticas. Esto incluye procesos de acreditación rigurosos y el monitoreo de actividades periodísticas.
La inquietud ya ha llegado a Bruselas, núcleo de la Unión Europea, ya que estas medidas, aparentemente destinadas a combatir la desinformación, podrían servir como pretexto para la censura, afectando desproporcionadamente a los medios independientes y aquellos alineados con la oposición.
La situación ha desencadenado protestas generalizadas de periodistas, grupos de defensa de los medios y observadores internacionales, quienes advierten que tales políticas socavan los principios democráticos y el derecho del público a la información. Pero no es la primera vez que Europa se enfrenta a los peligros de la censura periodística, ya que, en los últimos años, países como Hungría, Polonia y Malta han demostrado una insuficiente defensa de la libertad de prensa.
En Hungría
En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha ido adoptando medidas alarmantes. Desde su elección en 2010, Orbán y su partido, Fidesz, implementan reformas legales y administrativas que consolidan el control gubernamental sobre los medios. En primer lugar, se estableció una Autoridad de Medios, dirigida por miembros afines al partido, que tiene amplio poder para regular y sancionar a los medios. Además, han ocurrido numerosas fusiones y adquisiciones de medios por entidades leales al gobierno, lo que reduce la diversidad de voces en el panorama mediático.
El gobierno húngaro también ha sido criticado por su uso de publicidad estatal como herramienta para influir en los medios. Las organizaciones de noticias que reportan de manera favorable al gobierno a menudo reciben una parte desproporcionada de la publicidad estatal, mientras que aquellas críticas al gobierno enfrentan dificultades financieras debido a la exclusión de estos fondos.
Uno de los casos más infames fue la transformación del paisaje mediático después de que el gobierno estableciera la Fundación Central Europea de Prensa y Medios (KESMA) en 2018, un conglomerado que ahora controla más del 80% de los medios de comunicación del país, incluyendo periódicos, canales de televisión, estaciones de radio y portales web. Esta fundación es dirigida por aliados cercanos a Fidesz, lo que ha llevado a una homogeneización de los contenidos y a un claro sesgo progubernamental. Además, el cierre del periódico independiente ‘Népszabadság’ en 2016, tras publicar varios artículos críticos sobre figuras del gobierno, fue ampliamente visto como un acto de represalia política, aunque oficialmente se atribuyó a razones económicas.
Evidentemente, la situación de los medios en Hungría suscita críticas y preocupaciones dentro de la Unión Europea y los organismos internacionales. Y la Comisión Europea ya ha iniciado varios procedimientos legales contra Hungría por lo que considera violaciones de los principios democráticos, incluida la libertad de prensa.
En Polonia
En Polonia, desde que el partido Ley y Justicia (PiS) llegara al poder en 2015, ha habido cambios en la legislación y la administración de los medios al estilo de Hungría. Uno de los primeros y más controvertidos pasos fue la reforma de la ley de medios públicos en 2016, que permitió al gobierno tomar el control directo de la contratación y el despido de los jefes de las principales emisoras públicas de radio y televisión. Esta medida transformó rápidamente a estas instituciones en voceros del gobierno, limitando su capacidad para actuar como medios independientes de control y crítica.
Otra área de preocupación es el tratamiento de los medios privados en Polonia. El gobierno de PiS ha propuesto varios proyectos de ley que afectarían la propiedad de los medios, especialmente aquellos en manos de inversores extranjeros. Esto incluye el polémico proyecto de ley apodado “Lex TVN” o “ley de desmonopolización de los medios”, que apuntaba a limitar la propiedad extranjera en empresas de medios polacos, visto ampliamente como un ataque contra uno de los pocos grandes medios aún críticos del gobierno. Esta ley podría forzar la venta de medios actualmente en manos de inversores extranjeros, lo que reduce la diversidad de voces en el país.
También ejercen presión sobre los medios privados mediante el uso de la agencia tributaria y otros organismos reguladores del Estado para hostigar a aquellos medios que critican al gobierno. Por ejemplo, el caso de TVN, un importante canal de televisión de propiedad estadounidense que fue objeto de múltiples inspecciones y controles fiscales, es visto por muchos como un intento de intimidar y silenciar a un medio crítico.
La situación de los medios en Polonia no ha pasado desapercibida; se han celebrado numerosas protestas, y ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones internacionales y la UE no esconden su preocupación por lo que consideran una erosión de la democracia y la libertad de prensa. La Comisión Europea ha emprendido acciones legales contra Polonia, citando preocupaciones sobre el estado de derecho y la libertad de medios, lo que ha tensado aún más las relaciones entre Polonia y otras instituciones europeas.
En Malta
Daphne Caruana Galizia, destacada periodista investigadora maltesa, fue asesinada el 16 de octubre de 2017 mediante un coche bomba cerca de su casa en Bidnija, Malta. Conocida por su implacable periodismo en el que denunciaba casos de corrupción, lavado de dinero y otras actividades ilícitas que involucraban a altos funcionarios del gobierno maltés y figuras poderosas, Caruana Galizia había sido una voz crítica en la sociedad maltesa, lo que la había convertido en objetivo de múltiples amenazas a lo largo de su carrera.
El asesinato causó conmoción internacional y puso en tela de juicio el estado de la libertad de prensa y el imperio de la ley en Malta. Las investigaciones iniciales y la respuesta del gobierno fueron objeto de intensas críticas, tanto local como internacionalmente, por falta de transparencia y posible interferencia. A medida que avanzaba la investigación, se revelaron conexiones entre los sospechosos del asesinato y miembros del gobierno y del entorno empresarial de Malta.
En diciembre de 2017, tres hombres, Vince Muscat y los hermanos George y Alfred Degiorgio, fueron arrestados y acusados de llevar a cabo el asesinato. Eran conocidos dentro del ámbito criminal de Malta. Las investigaciones posteriores apuntaron a un posible autor intelectual, el empresario Yorgen Fenech, quien fue arrestado en 2019 mientras intentaba huir de Malta en su yate. Fenech tenía conexiones con altos oficiales del gobierno, incluyendo al jefe de gabinete del primer ministro y al ministro de turismo, lo que complicó aún más el caso y sugirió un nivel de corrupción sistémica.
Los pasos de la UE
En vista del peligro al que se enfrentan los medios europeos, la UE toma medidas para reforzar la protección de la libertad de prensa y la expresión. El Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2024 la ley de protección de la prensa y la libertad de expresión. Esta legislación, respaldada por una mayoría considerable con 464 votos a favor y 92 en contra, establece un marco legal robusto que prohíbe cualquier intervención de poderes económicos y políticos en el trabajo periodístico, asegurando así la independencia editorial y operativa de los medios en toda la Unión Europea.
Además, la ley introduce medidas específicas para proteger la integridad y la seguridad de los periodistas. Se prohíbe a las autoridades presionar a los periodistas para revelar sus fuentes, así como cualquier forma de detención, sanción o vigilancia intrusiva sin una autorización judicial previa. Y asegura la transparencia en la propiedad de los medios y en la asignación de publicidad y fondos públicos, lo que contribuye a prevenir conflictos de intereses y promueve una distribución equitativa de recursos. La legislación también contempla salvaguardas adicionales contra el uso arbitrario de software espía, permitiendo su aplicación solo bajo circunstancias muy controladas y con la posibilidad de revisión judicial.