Ellas lideran

Del campo a la distribución: dos empresarias, dos visiones sobre la retirada del 12% del aceite de oliva

Laura Sandúa, directora general de Aceites Sandúa, defiende un precio justo que garantice la rentabilidad de toda la cadena. Esther Andreu, productora de Torclum, advierte del perjuicio que la medida puede ocasionar

Esther Andreu
Esther Andreu

La decisión del Ministerio de Agricultura de retirar del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva ha abierto un debate en el sector. El objetivo es evitar una caída excesiva de los precios ante las previsiones de una cosecha abundante, pero la medida puede tener consecuencias diferentes para los pequeños agricultores y las empresas dedicadas a la producción y distribución.

Dos empresarias representan esas distintas realidades. Laura Sandúa, directora general de Aceites Sandúa y segunda generación de la empresa familiar navarra, que factura 50 millones de euros y comercializa sus productos en más de 50 países, defiende la necesidad de proteger la rentabilidad del agricultor sin perjudicar al resto de la cadena. Por su parte, Esther Andreu, pequeña productora de aceite de oliva de Torclum, teme que la retirada obligatoria perjudique a explotaciones como la suya, especialmente afectadas por la sequía.

188.000 toneladas quedarán fuera

La resolución del Ministerio de Agricultura obliga a las almazaras a retirar el 12% del aceite producido a partir de noviembre y mantenerlo almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027. La decisión responde a unas previsiones de cosecha de 1,6 millones de toneladas, un 23% más que la campaña anterior. En total, se calcula que unas 188.000 toneladas quedarán temporalmente fuera del mercado para contener la caída de los precios.

Planta de Aceites Sandúa

Laura Sandúa: proteger al agricultor sin perder competitividad

Laura Sandúa analiza la medida desde su experiencia en la producción y distribución de aceite de oliva. Considera necesario proteger al agricultor, aunque advierte de que cualquier intervención debe tener en cuenta al conjunto del sector. “Como directora general de Aceites Sandúa, entiendo que debemos proteger la rentabilidad del agricultor, porque sin un campo rentable no hay futuro para nuestro sector. Pero también creo que cualquier medida debe buscar el equilibrio de toda la cadena”, explica.

Sandúa reconoce que la retirada puede contribuir a frenar una caída excesiva de los precios, aunque considera que sus efectos dependerán también de factores externos. “La retirada del 12% de la producción, unas 188.000 toneladas, puede ayudar a contener una caída excesiva de los precios en una campaña con una producción prevista superior a 1,6 millones de toneladas, pero no garantiza controlar el mercado porque hay factores externos como las exportaciones y la producción de otros países”, señala.

Hay que encontrar, dice, un equilibrio entre los intereses de los agricultores, la competitividad de las empresas y los consumidores. “Desde Aceites Sandúa defendemos un precio justo y sostenible, no necesariamente un precio alto, que permita al agricultor ser rentable, a la industria seguir compitiendo frente a otros países y al consumidor seguir eligiendo aceite de oliva. Ese sería el equilibrio que daría éxito al sector”.

Laura Sandúa, de Aceites Sandúa

La empresaria conoce bien la evolución de un negocio que ha pasado de ser una iniciativa familiar a desarrollar una importante actividad internacional. Aceites Sandúa nació en 1975 en Ablitas (Navarra), de la mano de Lorenzo Sandúa Macaya y Merche Escribano, padres de Laura Sandúa.

La directora general estudió Derecho y posteriormente se especializó en Administración y Dirección de Empresas. Antes de incorporarse al negocio familiar, trabajó en una entidad financiera. Junto a su hermano José Luis Sandúa, director de Compras, ha participado desde los años noventa en la modernización y expansión de la compañía.

En 2025, coincidiendo con su 50 aniversario, Aceites Sandúa inauguró una nueva fábrica en Tudela con una inversión inicial de 10 millones de euros y 8.000 metros cuadrados construidos. Su facturación alcanzó los 50 millones de euros y tiene presencia comercial en más de 50 países. Cuenta con unos 30 trabajadores directos y otros tantos empleos indirectos, además de más de 60 hectáreas de olivar en su finca Capricho Navarro, en Ablitas.

Aceites Sandúa

Esther Andreu: el temor de los pequeños productores

La situación es diferente para Esther Andreu, productora de aceite de oliva de Torclum. Su empresa trabaja con fincas de secano y afronta una campaña especialmente complicada por la sequía del verano. “Como pequeños productores de aceite de oliva, considero que la medida de retirada obligatoria del 12% de la producción no tiene en cuenta la realidad de las pequeñas explotaciones como la nuestra”, explica.

Mientras las previsiones nacionales apuntan a una cosecha un 23% superior a la anterior, Esther advierte de que la sequía está afectando gravemente a productores como ella. “Este año, debido a la sequía extrema que hemos sufrido durante el verano, se prevé una reducción general de la producción de aproximadamente un 40%. Nosotros, que trabajamos en fincas de secano al 100%, somos especialmente vulnerables a estas condiciones y estamos entre los productores más afectados”, asegura.

A la reducción de la cosecha se suma otro problema, Torclum tiene prácticamente toda su producción vendida y teme que el almacenamiento obligatorio afecte a la calidad de sus aceites. “Para nosotros, esta reserva obligatoria representa un problema importante. Tenemos prácticamente toda nuestra producción vendida y, además, elaboramos aceites de gran calidad. Reservar esta cantidad durante un año significa inmovilizar una parte importante de nuestro producto y asumir el riesgo de que pierda sus características organolépticas y la calidad que lo definen”, explica.

La productora cuestiona también que las restricciones se apliquen al aceite español mientras continúa la entrada de producto procedente de otros países. “Nos encontramos ante una situación difícil de entender: mientras nosotros estamos obligados a retirar y reservar una parte de nuestro aceite, sigue entrando aceite de otros países productores a gran escala. Creemos que los esfuerzos deberían centrarse en buscar medidas que protejan y den prioridad a la producción propia, evitando perjudicar a los productores de aquí”, señala.

Esther Andreu

Para Esther, el principal problema es que la medida no distingue entre los diferentes modelos de producción. “Considero que esta medida no tiene suficientemente en cuenta la realidad de los pequeños productores, las diferencias entre modelos productivos ni las particularidades de cada explotación”, concluye.

La retirada será obligatoria para las almazaras afectadas, que podrán elegir qué categoría de aceite almacenan y hacerlo en instalaciones propias o ajenas. El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas supervisarán su cumplimiento.

Diferentes consecuencias

Las opiniones de Laura Sandúa y Esther Andreu reflejan las diferentes consecuencias que puede tener una misma decisión. Mientras la primera defiende un precio sostenible que permita proteger al agricultor sin comprometer la competitividad de la industria, la segunda teme que la retirada perjudique especialmente a los pequeños productores, con cosechas más limitadas y compromisos comerciales ya adquiridos. Dos perspectivas de un mismo sector que coinciden en una preocupación: garantizar la rentabilidad y el futuro del aceite de oliva español.

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