Elecciones 29N

¿Son realistas las promesas electorales en vivienda? Del millón de casas del PP al 1% del PIB del PSOE

Los partidos multiplican sus propuestas para afrontar la crisis de vivienda, con recetas para acelerar la construcción, facilitar el acceso al alquiler y ayudar a los jóvenes, pero los datos reflejan la dificultad de cumplir los compromisos

La vivienda es el primer problema de los españoles. “Es el gran problema”, reconoció Pedro Sánchez ante más de diez millones de espectadores, en su primera intervención durante el primer bloque del debate televisivo con Alberto Núñez Feijóo. Una intervención en la que Sánchez, segundos después reconoció lo obvio: “es verdad que necesitamos hacer más vivienda”.

El Banco de España advierte de que el déficit residencial podría superar el millón de viviendas en 2028, cuando en España apenas se terminaron 93.650 viviendas en 2025, un 7,3% menos que el año anterior. Desde julio de 2023, el precio de la vivienda ha subido más de un 36% y uno de cada cuatro hogares que viven de alquiler destina más del 40% de su renta a este fin. La vivienda fue el detonante que llevó a Pedro Sánchez a convocar las elecciones generales del 29N y la ‘excusa’ para la primera huelga general en 14 años el pasado 11 de noviembre.

Desde el punto de vista de la intención de voto, el acceso a la vivienda es un problema transversal para cuya solución los ciudadanos comparten preferencias que mezclan propuestas de diferentes bloques políticos, señala a Artículo14 Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC. Cabe recordar que las medidas que cuentan con mayor respaldo social son aquellas que están más cerca de la derecha que de la izquierda. El 95,4% de los encuestados se manifiesta a favor de bajar impuestos en la compra de la primera vivienda y el 85,7% defiende dar más garantías al casero frente a posibles impagos.

Último Barómetro del CIS sobre Vivienda.

Más propuestas en vivienda

Esta realidad ha quedado reflejada en la campaña electoral: los principales partidos han redoblado sus propuestas en materia de vivienda en sus programas. En este sentido, según un análisis de EsadeEcPol, el PSOE ha pasado de dedicarle el 5,1% de sus propuestas en 2023 al 10,7% en 2026. El PP también ha duplicado prácticamente sus iniciativas, del 2,9% al 6,2%. A mayor importancia, mayor número de recetas para solucionar un problema que ya supone una amenaza económica para España, tal y como ha advertido la Comisión Europea.

Con este escenario, los partidos han mostrado sus cartas: desde el millón de viviendas que promete construir Alberto Núñez Feijóo hasta el compromiso de Pedro Sánchez de movilizar anualmente el 1% del PIB (unos 17.000 millones de euros, tomando como referencia el dato de 2025) para vivienda asequible. Vox defiende la prioridad de los españoles como principio básico de sus medidas (por ejemplo, en el acceso a la vivienda protegida y a las ayudas al alquiler), mientras que Frente Amplio plantea expropiar viviendas a grandes propietarios corporativos para ampliar el parque público.

¿Son realistas estas propuestas?

PP: un millón de viviendas

Programa electoral del PP.

El PP ha situado el aumento de la oferta en el centro de su programa de vivienda, con un dato fácil de recordar por los potenciales votantes. “Construiremos un millón de viviendas”, recoge textualmente, una cifra que coincide con el déficit residencial proyectado por el Banco de España para 2028. Un compromiso que, además, ha generado polémica tras un error de transcripción de una entrevista en la que hubo un malentendido en el sentido de que no todas las viviendas serían públicas, sino fruto de la colaboración público privada.

En la guerra dialéctica de la campaña, Pedro Sánchez rápidamente entró en el debate:  “Feijóo lleva días prometiendo que va a construir un millón de viviendas y ahora, el tío dice que no dijo eso. O sea, su propuesta estrella en materia de vivienda es una mentira”, aseguró en Albacete. Paradójicamente, en el debate televisivo, Pedro Sánchez rehuyó cualquier confrontación con Alberto Núñez Feijóo a cuenta del número de viviendas.

Más allá de la polémica, la aspiración es ambiciosa. Si se consideran los cuatro años de una legislatura, equivaldría a una media de 250.000 viviendas anuales, cuando en 2025 apenas se terminaron 93.650, poco más de un tercio de ese objetivo. Para 2026, el Ministerio de Vivienda informó ayer de que, si se mantiene el ritmo de crecimiento del experimentado entre enero y julio, con más de 60.000 viviendas terminadas podría rebasarse el hito de más de 100.000 construidas por primera vez desde 2012.

Un matiz a tener en cuenta es que el PP no concreta el plazo temporal de su meta.

Cronómetro para acelerar la construcción

Un estudio de Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado de Fedea, recoge, con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se tarda entre diez y quince años en la urbanización del suelo. De ahí que agilizar las licencias resulte insuficiente si no se eliminan también los obstáculos que bloquean los desarrollos urbanísticos. Una alegación de un particular puede bloquear el procedimiento, recuerda Arruñada.

Frente a esta realidad, el PP propone aprobar una nueva Ley del Suelo, una reforma en la que coinciden también PSOE, Vox y Frente Amplio. En el intento de acelerar al máximo la construcción de vivienda, los populares quieren reducir a tres meses los plazos para conceder licencias de obra nueva y rehabilitación, con silencio administrativo positivo, y agilizar los grandes desarrollos mediante proyectos residenciales estratégicos. También abren la puerta a construir vivienda social en suelo dotacional, transformar oficinas y locales en viviendas asequibles y facilitar la división de inmuebles de gran tamaño. A ello suman el impulso de la construcción industrializada y medidas para atraer trabajadores al sector, incluida la contratación en origen.

Jóvenes y alquiler

Con datos del Banco de España, los jóvenes en edad de emanciparse -entre 18 y 35 años – representan menos de un cuarto de las compras de vivienda (suponen el 22,4%), casi veinte puntos menos que en 2007. Para facilitar el acceso a la propiedad, especialmente entre los jóvenes, el PP propone reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años y que se pague de forma fraccionada con la hipoteca, rebajar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda usada y ampliar el aval público para financiar la entrada, que ahora cubre el 20% del valor. También plantea crear una “Hucha Hogar Joven”, con una deducción fiscal del 20% sobre aportaciones de hasta 2.000 euros anuales destinadas a la compra de la primera vivienda, hasta un máximo de 40.000 euros.

En el alquiler, el PP plantea derogar la Ley de Vivienda de 2023, eliminar las zonas tensionadas y el índice de referencia de precios. Frente a la intervención de las rentas, apuesta por incentivos fiscales a través del programa «Tres años+»: los propietarios particulares que renueven los contratos durante tres años adicionales con subidas inferiores al IPC obtendrían deducciones o créditos fiscales, mientras que los inquilinos podrían beneficiarse de deducciones en el IRPF según sus ingresos. El programa también incluye medidas contra la ocupación ilegal, con el compromiso de facilitar el desalojo judicial en 48 horas.

La respuesta del PSOE tras ocho años de Gobierno

“Los principales bloques políticos ofrecen respuestas claramente diferentes a la escasez de vivienda. Los socialistas y los partidos más a la izquierda han enfatizado generalmente los límites al alquiler, contratos más largos, protección contra los desahucios y el apoyo público a la vivienda asequible. Estas medidas pueden proporcionar mayor seguridad a los inquilinos existentes, pero no aumentan directamente el número de viviendas disponibles”, resume Pablo Muylle, analista de ING, en un informe sobre las elecciones.

El PSOE afronta estas elecciones después de ocho años al frente del Gobierno. Se lo recordó Alberto Núñez Feijóo tras su primera intervención en el debate: “Parece que lleva 15 minutos en el Gobierno y lleva ocho años. Cuando uno no es responsable, es un irresponsable”, zanjó.

“Reformar la Constitución Española para que la vivienda se considere un derecho fundamental, permitiendo así que la ciudadanía pueda exigir su cumplimiento a los poderes públicos”. Este es su primer compromiso de un total de 49. Una iniciativa cuya viabilidad dependerá de las mayorías parlamentarias, pues como mínimo requerirá la aprobación de tres quintos de cada una de las Cámaras al amparo de su artículo 167.

Movilizar el 1% del PIB

En su programa electoral, el PSOE afirma que “desde 2018, hemos activado la construcción de casi 1 millón de viviendas“. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que las viviendas efectivamente terminadas están por debajo de esa cifra.

Según informó Idealista, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han finalizado 705.269 viviendas. Otro de sus grandes compromisos electorales es movilizar anualmente el 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda. Esta cifra equivale a unos 17.000 millones, dato que no menciona en el programa. “Se unirán a este esfuerzo todas las administraciones públicas y el ICO a través del Fondo España Crece”, añade.

De esta forma, en su programa electoral reivindica haber movilizado más de 30.000 millones para políticas públicas de vivienda desde 2018. Un dato que contrasta con los 20.988 millones que el propio Gobierno declaró haber movilizado entre 2018 y 2025 en la exposición de motivos del real decreto del Plan Estatal de Vivienda aprobado en abril de 2026. Dos palabras son clave para interpretar las cifras socialistas: “activar” y “movilizar”, términos que no equivalen necesariamente a terminar viviendas ni a ejecutar gasto público. Con datos de ejecución presupuestaria, hasta septiembre, el presupuesto asignado a Vivienda ascendía a 3.594 millones, un 43,5% menos que un año antes. Del total, se habían ejecutado solo 1.170 millones.

Incorpora medidas ya aprobadas

Pedro Sánchez también promete constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, mediante construcción y adquisición, a través de Casa 47. Además, pretende que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas sean públicas o protegidas con carácter permanente. Cabe recordar que en diciembre de 2023, Sánchez prometió “habilitar” 184.000 viviendas públicas en alquiler asequible.

Según el Ministerio de Vivienda, se han movilizado ya 120.479 viviendas, aunque algo más de la mitad se atribuyen a Casa 47, si bien todavía no han salido al mercado. Desde su constitución, la empresa estatal de la vivienda solo ha publicado 1.249 viviendas de alquiler asequible. Para impulsar estas actuaciones, el PSOE prevé además un banco estatal de suelo público y más de 25.000 millones de euros en avales y préstamos del ICO.

Medidas del ‘Decreto Maricarmen’

En el alquiler, los socialistas incluyen las medidas del ‘Decreto Maricarmen’, como ampliar la duración de los contratos y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en las zonas tensionadas. Además, para los jóvenes, mantienen el programa TUCASA, con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para acceder a la primera vivienda, y proponen garantías públicas frente a los impagos del alquiler.

Su propuesta más intervencionista es un impuesto progresivo “contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios” sobre las viviendas que no se destinen al alquiler asequible, incluidas las vacías, las turísticas y las arrendadas a precios considerados abusivos. Además, incluye garantizar la limitación de la compra de viviendas por “fondos especulativos”. En el programa, el PSOE ha recuperado el término “fondo buitre” que eliminó finalmente del ‘Decreto Maricarmen’.

Cabe recordar que la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advirtió tras su convalidación que podría agravar la contracción de la oferta de alquiler residencial habitual con una caída de entre el 25% y el 30% en el volumen de operaciones durante los próximos meses.

Vox: prioridad nacional y rebajas fiscales

Las propuestas de Vox para resolver el problema de la vivienda priorizan la que es su gran bandera electoral: la prioridad nacional. “El punto de partida de todo programa de vivienda es el control férreo de las fronteras. Las casas, en España, para los españoles. Prioridad nacional para acceder a una vivienda protegida, social o a una ayuda al alquiler”, cita textualmente, al tiempo que señala la prohibición del arrendamiento a inmigrantes ilegales.

En materia fiscal, propone eliminar el IVA en la compra de la primera vivienda habitual -de nueva construcción- de las familias españolas y bonificar el 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en las de segunda mano, además de recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual. Vox, que defiende derogar la Ley de Vivienda del PSOE, incorpora la “okupación” y la “inquiocupación” comprometiéndose al desalojo en menos de 24 horas. Según un estudio del Instituto Juan de Mariana, España tendría unas 95.500 viviendas ocupadas ilegalmente.

Los de Abascal, proponen auditar el patrimonio inmobiliario del Estado: “Los bienes inmuebles del Estado han de estar al servicio de las necesidades de la vivienda o de la mejor y más eficiente prestación de los servicios públicos de los españoles”. También apuestan por agilizar los trámites urbanísticos y aumentar la construcción de vivienda protegida mediante la colaboración público-privada, aunque en ninguna de sus medidas cuantifican un objetivo.

Frente Amplio: 1,5 millones de viviendas públicas y expropiaciones

Frente Amplio, la coalición encabezada por Ada Colau, presenta el programa más intervencionista en materia de vivienda. Con otra redacción, también aluden al derecho fundamental de la vivienda: “Casas para vivir, no para especular. La vivienda es un derecho fundamental, no un activo financiero en manos de fondos buitre. Blindaremos el artículo 47 de la Constitución”.

Como el PSOE, también proponen destinar anualmente el 1% del PIB a “levantar” un “gran parque público de 1,5 millones de viviendas en alquiler asequible”. Su hoja de ruta sí está definida: en doce años, a un ritmo de 125.000 viviendas públicas al año. Proponen topar los precios de los alquileres públicos para que no superen los 600 euros mensuales para viviendas de 80 metros cuadrados ni el 25% de los ingresos de los hogares, ajustado al territorio. A día de hoy, este tipo de viviendas en Casa 47 tiene, en general, un precio superior.

Anuncio vigente en noviembre de 2026 de Casa47.

‘Decreto Sumar’

En línea con el ‘Decreto Sumar’, que finalmente no prosperó, Frente Amplio propone que el contrato de arrendamiento residencial tenga carácter indefinido por defecto. También plantea reservar al menos el 40% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida o crear una contribución obligatoria para determinadas empresas, vinculada a su masa salarial, destinada a financiar la promoción de vivienda pública para alquiler asequible.

Pero, sin duda, su iniciativa más controvertida es una ley para expropiar progresivamente viviendas a grandes propietarios corporativos. Comenzaría por las entidades con más de 1.000 inmuebles, continuaría con las que superen los 700 y terminaría incluyendo a las empresas propietarias de más de 50. Una propuesta cuya aplicación exigiría justificar la utilidad pública o el interés social de las expropiaciones y afrontar las indemnizaciones correspondientes, un presupuesto que no figura cuantificado en sus propuestas.

Más allá de las promesas electorales, el desafío del próximo Gobierno será que, dentro de cuatro años, la vivienda no sea el principal problema de los españoles.