España encara una nueva campaña de aceite de oliva marcada por una aparente paradoja. El país espera recoger mucha más producción que el año pasado, una circunstancia que debería aliviar las tensiones de oferta, pero al mismo tiempo se ha abierto un debate sobre la posibilidad de retirar parte del producto del mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de que una medida de este tipo podría terminar provocando precisamente el efecto contrario al esperado por los consumidores: precios más elevados.
Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuntan a una producción de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2026/2027. La cifra supone un incremento del 23% respecto a la anterior y sitúa la cosecha española en un nivel que el propio Gobierno califica como medio-alto.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha relacionado estas previsiones con las condiciones meteorológicas registradas durante la campaña, especialmente con la evolución favorable de la primavera. Para el Gobierno, este volumen ofrece garantías tanto para el abastecimiento del mercado nacional como para mantener la fortaleza de las exportaciones españolas.
Una cosecha mayor cambia de nuevo el escenario del aceite
El incremento de la producción supone un cambio importante para un sector que durante los últimos años ha atravesado periodos marcados por cosechas reducidas y fuertes tensiones en los precios. España, líder mundial en producción y exportación de aceite de oliva, afronta ahora una situación diferente: garantizar que una oferta elevada no termine generando un desequilibrio en sentido contrario y presionando excesivamente las cotizaciones en origen.
Precisamente para situaciones de sobreproducción, el Gobierno trabaja en una norma de comercialización para la campaña 2026/2027 que contempla la posibilidad de retirar obligatoriamente una parte del aceite disponible. El mecanismo no se aplicaría automáticamente por el simple hecho de que aumente la cosecha.
El proyecto establece que podría activarse cuando la suma de las existencias iniciales y la producción alcance al menos el 120% de la media de los dos niveles más elevados de comercialización registrados durante las seis campañas anteriores. En caso de recurrir al mecanismo, la retirada tendría además un límite: no podría superar el 20% de la producción estimada.
La finalidad es contar con una herramienta capaz de responder ante una sobreoferta extraordinaria y evitar una fuerte desestabilización del mercado. Sin embargo, Competencia considera que una restricción de esta naturaleza necesita una justificación especialmente sólida.
Competencia advierte del impacto sobre el consumidor
La CNMC ha puesto el foco precisamente en las consecuencias que esta intervención podría tener sobre el precio del aceite de oliva. En su informe sobre el proyecto de orden, publicado el 5 de octubre, el organismo advierte de que limitar la cantidad de producto disponible puede afectar negativamente a la competencia y terminar encareciendo el producto que adquieren los consumidores.
No es su única preocupación. Competencia señala que una retirada de producto también podría repercutir en la calidad y la variedad de la oferta, además de alterar el funcionamiento competitivo de los diferentes eslabones de la cadena de valor.
Por ello, la CNMC reclama que cualquier decisión se apoye previamente en un diagnóstico completo del mercado. Entre otras cuestiones, considera necesario analizar la demanda, los flujos comerciales y los posibles efectos de la medida sobre los precios, el consumo, la rentabilidad de los productores y los demás operadores.
El organismo pide prestar una atención particular al impacto sobre los consumidores con menor renta, para quienes una eventual subida del precio tendría proporcionalmente mayores consecuencias. También solicita que se justifique con precisión qué porcentaje tendría que retirarse y que la intervención se limite a las categorías en las que resulte estrictamente necesaria.
La nueva campaña de aceite de oliva comienza así con perspectivas mucho más favorables desde el punto de vista productivo, pero también con una discusión que afecta directamente al bolsillo de los hogares. España tendrá previsiblemente un 23% más de producción, hasta superar los 1,6 millones de toneladas. La incógnita será cómo se comportará el mercado y si esa abundancia acaba trasladándose al consumidor o termina justificando la activación de mecanismos destinados a contener un exceso de oferta.