Cinco países europeos están articulando un proyecto sumamente controvertido en virtud del cual migrantes bajo determinadas circunstancias serán, presumiblemente, trasladados a Ruanda. Son, concretamente, Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos quienes están perfilando una estrategia que dará mucho que hablar en los próximos meses. Para conocer mejor el alcance de esta iniciativa –que podría llegar a materializarse a lo largo del siguiente estío–, es preciso detenerse en los términos en los que se desarrollará este singular “viaje” a través del cual ciertos individuos serán llevados del centro de Europa hasta el país conocido como la Tierra de las mil colinas. Así, podría decirse que estas elevaciones tan características del territorio ruandés se erigen en una suerte de frontera natural para quienes Europa ha decidido mantener a distancia. Todo ello refleja una lógica de subordinación que sigue marcando las relaciones entre ambos continentes y que evidencia, en pleno siglo XXI, la persistencia de una relación de superioridad del “norte” sobre el “sur”; una jerarquía que, por cierto, también se revela en el propio lenguaje.
Vemos, pues, que este plan –todavía en ciernes– tiene como objetivo “exportar” hasta África oriental a aquellos individuos que se encuentren en una situación irregular. Serán, en particular, quienes hayan agotado infructuosamente las vías legalmente previstas para permanecer en el Estado europeo de turno las que se verán abocados a abandonarlo. Alemania considera que esta iniciativa ofrece “soluciones innovadoras” ante uno de los desafíos principales que afronta el continente europeo: la llegada masiva de migrantes. Austria, por su parte, ha celebrado esta propuesta y considera que ello no sólo impedirá a los traficantes perpetuar su inhumano modelo de negocio, sino que también se evitarán las muertes en el Mediterráneo y en otras rutas arriesgadas. No sé si se ha enterado de que lo que se persigue es externalizar las expulsiones, no evitar que los migrantes emprendan viajes peligrosos. O es pura ignorancia o una hipocresía de enorme vileza. Tanto monta, monta tanto.
Ante este tenebroso escenario, el ministro del interior ruandés, Vincent Biruta, ha proclamado que su país está dispuesto a –ni más ni menos– solucionar el desafío relativo a los movimientos migratorios que afectan –ni más ni menos– al conjunto de la comunidad internacional. Una declaración, sin duda, excesiva que incurre en una evidente perfidia cuando se constata que el voluntarismo ruandés se encuentra estrechamente supeditado a la obtención de la pertinente compensación económica. Thomas Hobbes contemplaría con sumo regocijo cómo este caso reafirma la idea de que el altruismo no es consustancial al ser humano, frente a la rapacidad que sí lo es.
Sea como fuere, esta medida –según sus instigadores– pretende disuadir a aquellas personas que desde el continente africano contemplan el europeo como un lugar en el que mejorar sus condiciones de vida. No obstante, las organizaciones no gubernamentales sostienen que este proyecto no va a cambiar un ápice las aspiraciones de quienes emprenden trayectos plagados de amenazas y se exponen a peligros constantes por el mero hecho de que tras arribar a su destino puedan acabar en un tercer lugar. Si el miedo a perder la vida durante el trayecto no consigue frenarles, ¿qué lleva a los dirigentes europeos a pensar que la amenaza de acabar en Ruanda obrará el milagro disuasorio?
En cualquier caso, me atrevo a aventurar que este proyecto no llegará a sostenerse y que acabará fracasando a la luz del marco jurídico existente. Reconozco que así lo espero. Este pronóstico –no exento, como decía, de un claro y abierto componente subjetivo– encuentra su fundamento en lo que sucedió en el Reino Unido cuando, hace unos años, impulsó una iniciativa similar. Fue, concretamente, el gobierno de Boris Johnson el que quiso poner en marcha un plan conforme al cual serían enviadas a Ruanda precisamente aquellas personas que hubieran solicitado protección internacional. Este polémico plan fue frenado en seco tanto por jueces británicos como por europeos. En el ámbito de la justicia interna, se puso de relieve –entre otras cuestiones– que existían importantes deficiencias en el sistema de asilo ruandés que impedían confiar en que las solicitudes fueran examinadas adecuadamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó, por su parte, una medida cautelar de última hora que impidió el traslado a Ruanda de una persona hasta que los tribunales británicos hubieran examinado su recurso. Esta intervención acabó impidiendo la salida del primer vuelo previsto hacia el país africano.
Ambas estrategias no son completamente idénticas, pero comparten una misma esencia: externalizar la gestión de las expulsiones y trasladar a terceros Estados la recepción de personas cuya devolución a sus países de origen no ha podido ejecutarse. Las dificultades prácticas para materializar esta clase de retornos no pueden convertirse en una justificación para desplazar el problema a otro lugar. Sin embargo, nada parece detener a los promotores de tan bochornoso proyecto que deben ser conscientes de la controversia que suscita al afirmar, de forma reiterada, que las personas trasladadas podrán circular sin restricciones por Ruanda. Insisten, de hecho, en la idea de que los migrantes tendrán la posibilidad de –si así lo quieren– integrarse en la sociedad ruandesa o, eventualmente, regresar voluntariamente a su país de origen.
Pura palabrería que genera un sinfín de interrogantes. Así, por ejemplo: ¿qué convierte a Ruanda en un destino idóneo para quienes, según los propios gobiernos europeos, no pueden permanecer en Europa? ¿Es que la integración deja de ser un problema cuando quienes deben integrarse están suficientemente lejos de nuestras fronteras? Esta última pregunta deja al descubierto una de las contradicciones fundamentales del proyecto: la integración se invoca como una posibilidad en Ruanda, pero se presenta como una dificultad insalvable en Europa.
Todas estas preguntas nos llevan, irremisiblemente, a una misma cuestión de fondo: la persistencia de una mirada a partir de la cual se sigue tratando a África como un territorio al servicio de intereses ajenos y, más concretamente, europeos. Esta obtusa mirada ignora, como escribió Kapuściński, que dicho continente constituye un planeta aparte; una especie de cosmos propio que, pese a todo, continúa soportando el estigma de una supuesta inferioridad que constantemente le atribuyen sus vecinos del “norte”.
Los entornos cambian, los desafíos también, pero el regusto colonial permanece. Esta lógica de subordinación encuentra nuevas formas de manifestarse una y otra vez. Así, por ejemplo, Fachoda (hoy Kodok), en el actual Sudán del Sur fue –a finales del siglo XIX– el escenario de las descaradas ambiciones coloniales de Francia y Reino Unido que estuvieron al borde de desembocar en un enfrentamiento armado. Ahora, Ruanda se ha convertido para un buen puñado de Estados europeos en un inesperado punto de encuentro. Ya no se disputan entre sí el territorio africano, sino que se ponen de acuerdo para trasladar hasta allí un problema que no consiguen resolver dentro de sus propias fronteras. Este país, también llamado el “Tibet de África” por su acusado relieve montañoso, ha aceptado los términos de un acuerdo que no augura nada bueno y que, además, vuelve a situar al continente en una posición incómodamente familiar. Como suele decirse, nada nuevo bajo el sol, en este caso, el africano que lleva siglos alumbrando una feroz y despiadada historia de dominación que Europa no se cansa de perpetuar.

