La Unión Europea está explorando una nueva fórmula para expulsar a los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en su territorio. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron el pasado 16 de noviembre un acuerdo de principio con Ruanda para establecer un centro de retorno de inmigrantes en el país africano. Una iniciativa que podría comenzar a funcionar en 2027 y que ya ha provocado importantes discrepancias políticas dentro de Europa.
El centro de inmigrantes en Ruanda, conocido internacionalmente como return hub, permitiría trasladar a personas con órdenes de expulsión que no pueden ser repatriadas fácilmente a sus países de origen. Sin embargo, no se trata de una instalación gestionada directamente por Bruselas, sino de un proyecto impulsado por cinco Estados miembros al amparo de la nueva legislación comunitaria.
Por ahora, el acuerdo definitivo no está firmado y todavía quedan numerosos aspectos operativos pendientes de negociación.
Qué es el centro de inmigrantes en Ruanda
El centro de inmigrantes en Ruanda será, según el proyecto anunciado en Viena, una instalación de acogida temporal para extranjeros que hayan agotado las vías legales para permanecer en alguno de los cinco países participantes.
La diferencia fundamental respecto a otros mecanismos migratorios es que no se utilizará para tramitar solicitudes de asilo. Los procedimientos deberán haberse resuelto previamente en territorio europeo. Por tanto, sus destinatarios serán personas que ya tienen una decisión de retorno ejecutable y carecen de autorización para continuar residiendo en esos Estados.
El objetivo de los gobiernos promotores es encontrar una alternativa cuando la devolución al país de origen resulta inviable en un plazo razonable, por ejemplo, debido a la falta de cooperación de sus autoridades.
Los responsables europeos sostienen que esta fórmula permitirá aumentar las expulsiones efectivas y desincentivar las rutas de inmigración irregular.
Cómo funcionará el traslado de inmigrantes a Ruanda

El funcionamiento previsto contempla varias etapas. Primero, las autoridades europeas deberán comprobar que existe una orden de expulsión válida y que el traslado cumple las garantías jurídicas correspondientes. Posteriormente, las personas seleccionadas serán enviadas a Ruanda.
Una vez allí, recibirán un permiso de residencia y serán alojadas inicialmente en un centro abierto, donde tendrán cubiertas sus necesidades básicas. El proyecto no contempla que esa primera instalación funcione como una prisión.
Después de una estancia temporal, los inmigrantes podrían acceder a viviendas comunitarias y programas de integración, formación profesional y aprendizaje de idiomas. También se contempla su incorporación al mercado laboral ruandés y el acceso a servicios sanitarios, educativos y jurídicos.
Los afectados dispondrían de dos alternativas principales: establecerse legalmente en Ruanda o abandonar voluntariamente el país para regresar a su lugar de origen o viajar a otro Estado donde tengan derecho a residir.
Durante la primera fase, el programa estará limitado a hombres adultos que viajen solos. Los menores no acompañados quedan excluidos y los casos de especial vulnerabilidad exigirán evaluaciones adicionales.
Quién pagará el centro y cuándo comenzará a funcionar
Los cinco gobiernos europeos participantes asumirán los gastos directos del centro de inmigrantes en Ruanda. También financiarán determinadas iniciativas destinadas a facilitar la integración de los trasladados y contribuir al desarrollo local.
No obstante, todavía no se ha publicado un presupuesto definitivo ni se ha confirmado oficialmente la ubicación de las instalaciones.
Según las informaciones difundidas por AFP, la fase piloto podría comenzar con aproximadamente un centenar de personas, repartidas entre los cinco países participantes. Se trata de una estimación preliminar, no de una capacidad oficialmente acordada.
La intención es cerrar los detalles durante los próximos meses y realizar los primeros traslados a lo largo de 2027, siempre que las negociaciones concluyan satisfactoriamente.
Qué papel desempeña la Unión Europea

El nuevo centro de inmigrantes en Ruanda encuentra su respaldo jurídico en el Reglamento (UE) 2026/2280, aprobado el 7 de octubre, que introduce un sistema común de retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.
La normativa permite establecer acuerdos con países extracomunitarios para efectuar determinadas expulsiones. Sin embargo, los Estados participantes deben respetar el principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un territorio donde exista un riesgo real de sufrir persecución, torturas o tratos inhumanos.
La Comisión Europea ha participado como observadora en las conversaciones. Por su parte, ACNUR está proporcionando asesoramiento sobre protección internacional y la Organización Internacional para las Migraciones podría colaborar en la asistencia a las personas trasladadas.
Los promotores también prevén establecer un mecanismo independiente de supervisión, aunque todavía no se ha concretado su funcionamiento.
Por qué el proyecto de Ruanda genera tanta polémica
La propuesta ha despertado críticas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que cuestionan las garantías ofrecidas por Ruanda y advierten del peligro de trasladar personas a países con los que no mantienen vínculos previos.
Human Rights Watch ha señalado los antecedentes de represión política y detenciones arbitrarias en el país africano. Las autoridades ruandesas, por su parte, defienden su experiencia en programas de acogida y rechazan esas críticas.
Existe además un precedente significativo. Reino Unido acordó en 2022 trasladar solicitantes de asilo a Ruanda, pero el Tribunal Supremo británico declaró ilegal aquel sistema en 2023. Finalmente, el Gobierno británico abandonó el proyecto en 2024.
La nueva iniciativa europea presenta una diferencia jurídica esencial: se dirige a personas cuyos procedimientos migratorios ya han concluido, no a solicitantes de asilo pendientes de resolución.
La posición de España ante las deportaciones a Ruanda

España no participa en el acuerdo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado públicamente su rechazo.
Durante una entrevista concedida el 16 de noviembre a Carlos Franganillo en Telecinco, Sánchez afirmó: “No le veo ni futuro ni humanidad a esa solución”.
El presidente defendió una política basada en la cooperación con los países de origen y tránsito, la lucha contra las mafias y el establecimiento de vías legales de inmigración.
Así, el centro de inmigrantes en Ruanda se ha convertido en un nuevo punto de discrepancia dentro de Europa. Mientras sus promotores lo presentan como una herramienta para hacer efectivas las expulsiones, sus detractores cuestionan sus consecuencias humanitarias. El debate continuará mientras se negocia un acuerdo cuya aplicación real todavía está por determinar.


