Inmigración

Cinco países europeos pactan con Ruanda un centro para deportar inmigrantes a partir de 2027

Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos impulsan un centro piloto con capacidad inicial para 100 personas. La iniciativa, que sigue el precedente del fallido plan británico, genera críticas de organizaciones de derechos humanos por el historial de represión del régimen ruandés

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El canciller austriaco Christian Stocker, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el ministro del Interior ruandés Vincent Biruta
EFE

En pleno debate europeo sobre como lidiar con la inmigración y un auge sin precedentes de formaciones de extrema derecha, cinco países de la UE anunciaron este lunes que abrirán un centro de deportación en Ruanda el próximo año, con el objetivo de combatir la inmigración ilegal. Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos -con gobiernos de distinto color político- anunciaron la creación de un “centro de devoluciones” que operará a partir del próximo año.

Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, dio “la bienvenida a esta medida, un trabajo de cinco estados miembros, para crear este centro de retorno. Tomamos nota del trabajo de preparación necesario, para asegurar el respeto por los derechos humanos y la estrecha cooperación con las agencias de la ONU. Construir un sistema de retorno de la UE es una prioridad absoluta, que puede contribuir a combatir la inmigración ilegal”.

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El ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner, conversa con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen
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Los países firmantes aclararon que el proceso se aplicará a inmigrantes que están ilegalmente en dichos países y están sujetos a procesos de deportación. Inicialmente, se ofrecerá a los deportados la opción de integrarse en la sociedad ruandesa, o ser devueltos a sus países de origen. El Gobierno holandés aclaró que presentará opciones alternativas si los migrantes no pueden ser devueltos a sus países de nacimiento por motivos de seguridad.

A Reino Unido no le funcionó

El precedente europeo más directo es el acuerdo de Reino Unido con Ruanda, anunciado en 2022 y cancelado en 2024. La diferencia central es la etapa del procedimiento migratorio en la que se aplica. El plan de Londres, que canceló el Partido Laborista al retomar el poder, pretendía devolver a solicitantes de asilo cuyas peticiones aún podían estar en tramitación. El plan de los cinco estados europeos pretende deportar a solicitantes cuyos procesos legales ya están finalizados.

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El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen; el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt; el ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; el canciller austriaco, Christian Stocker, el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta; el ministro griego de Migración y Asilo, Athanasios Plevris, y el ministro danés de Inmigración e Integración, Morten Boedskov
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El plan británico fue declarado ilegal por la Corte Suprema británica en 2023 por el riesgo de vulneraciones de derechos humanos y fue abandonado al año posterior. Expertos alertan
que la UE enfrenta posibles impugnaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se considera que el traslado expone a alguien a tratos inhumanos o a devoluciones encadenadas.

Por ahora, Londres observa “con interés” el plan anunciado, y no descarta unirse a la iniciativa. Los firmantes del plan de deportación insisten en que se hará en línea con los valores de la UE y respetando la legalidad internacional, pero grupos pro derechos humanos insisten en que supondrá violaciones de derechos de los migrantes. El pacto llegó tras una reforma aprobada por Bruselas para permitir los “centros de devoluciones” fuera de las fronteras del bloque.

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La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el canciller austriaco Christian Stocker, en Viena, tras firmar con Ruanda
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El canciller austríaco, Christian Stocker, aclaró que su apoyo al plan pretende aliviar los sistemas de solicitud de asilo en Europa y detener las redes de tráfico ilegal de inmigrantes, que se cobra incontables vidas en las aguas del Mar Mediterráneo. Según la International Organización Internacional Migraciones (IOM, cuerpo de la ONU), al menos 2.185 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2025 y 2.047 hasta el 23 de octubre de 2026. No obstante, se aclara que las cifras podrían ser mucho mayores por la imposibilidad de contabilizar cuerpos sin vida perdidos en alta mar.

Cómo será el centro de deportación en Ruanda

En una nota de prensa, el Gobierno holandés aclaró que por ahora solo deportará “hombres solteros” en la primera fase del acuerdo, ya que la prioridad del país estará puesta en “personas originarias de países de la misma región con Ruanda”. Se prevé que al llegar a destino, los deportados puedan tener acceso a educación, sanidad, sistema legal y derecho a trabajar.

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El canciller austriaco Christian Stocker, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el ministro del Interior ruandés Vincent Biruta
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Vincent Biruta, ministro de interior de Ruanda, dio el visto bueno a cooperar con los cinco países europeos para aportar una “solución segura, legal y digna a los migrantes”. Además, se comprometió a “corregir las desigualdades globales en oportunidades económicas”, que son en su criterio “el principal motor que promueve la migración irregular”.

De acuerdo con la agencia AFP, el primer piloto del “centro de devolución” contará con 100 plazas, y cada país enviará a 20 deportados. Se espera que la IOM juegue un rol central en la logística, y la organización está en contacto con los países firmantes. “La IOM tiene una larga historia aportando asistencia a migrantes en situaciones de tráfico, incluyendo contextos complejos”, apuntó el portavoz de la entidad.

“Daño y sufrimiento”

Clementine de Montjoye, investigadora para África de Human Rights Watch, alertó que Ruanda tiene “un historial bien documentado de represión de la disidencia, detenciones arbitrarias y malos tratos bajo custodia”, además de apoyo a rebeldes armados en la vecina República Democrática del Congo. “Pagar a Kigali para un programa de deportación no solo causará daño y sufrimiento a los deportados, también financiará y dará cobertura política a un gobierno responsable de graves violaciones de derechos humanos en casa y en el exterior”, agregó el experto.

Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en los primeros 10 meses de 2026 se registraron cerca de 110.000 cruces fronterizos irregulares hacia la UE, lo que supone un descenso del 29% con respecto al año anterior. En octubre se detectaron unos 18.100 llegadas, una cifra aproximadamente un 6% inferior a la de octubre de 2025, pero un 22 % superior a la de septiembre, debido en gran medida a un fuerte aumento de las llegadas a través de la ruta de África Occidental hacia las Islas Canarias.