El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, propondrá esta tarde en un acto electoral en Pamplona una “ley de nietos” propia. Según explican fuentes populares, se trata de una reforma de la legislación electoral para que “aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi y Navarra en los momentos más duros de la violencia y el terror en las calles puedan, de manera voluntaria, volver a ejercer el derecho al voto en las elecciones autonómicas y municipales en el municipio en el que estuvieran empadronados“.
De esta manera Feijóo revelará la medida número 132 del programa electoral de la formación, la cual se ocultó. Lo hará, añaden las mismas fuentes, el día antes de viajar a Guipúzcoa para apoyar a Jon Echevarría y al resto de compañeros del PP vasco “que están siendo agredidos, amenazados y amedrentados por los violentos cuyos referentes políticos sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez“.
Artículo14 publicó el pasado 28 de septiembre un reportaje en el que se plasmaban los testimonios de Cristina Cuesta y Maite Araluce. Sus padres fueron asesinados por el terrorismo abertzale en San Sebastián y tuvieron que huir de una autonomía en la que el odio y las amenazas se cernieron sobre ellas.
Cristina y Maite son dos de las múltiples personas que tuvieron que exiliarse y dejar de votar en el País Vasco debido a la violencia y amenazas que ejercieron grupos y organizaciones terroristas como los Comandos Autónomos Anticapitalistas o ETA. Una cifra de afectados indefinida, aunque el estudio Proyecto retorno -realizado por un equipo investigador del Instituto Vasco de Criminología en 2011- reflejó que podría variar entre los 60.000 y 200.000. Ambas mujeres tuvieron que crear y adaptarse a una nueva identidad lejos del País Vasco, algo que ahora les impide ser electoras en dicha autonomía.
La ‘ley de nietos’
Esta denominación que utilizan los populares para la citada reforma legal, ley de nietos, hace referencia a la disposición adicional 8ª.1 de la Ley de Memoria Democrática. Esta indica que “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”.
Sin embargo, ante las “posibles dudas” que se podían plantear a los Encargados de las Oficinas del Registro Civil español en cuanto al alcance e interpretación del ámbito de aplicación de la mencionada disposición adicional octava, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, emitió en octubre de 2022 una instrucción para resolverlas. Fue debido a la publicación de ese texto por lo que se originó el problema que ha terminado en el Tribunal Supremo: “Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En estos supuestos deberá acreditarse la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto (entre otros, el pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida o la certificación del registro de matrícula del Consulado español). Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado”.
Finalmente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo emitió una resolución judicial en septiembre con la que suspendía temporalmente el derecho a voto de 162.454 personas nacionalizadas a raíz de la emisión de la instrucción.


