Tiene muchas monedas de oro. Unas entran y otras salen pero cada año que pasa hay más. ¿Quién es el dueño del tesoro?
Podría ser una película de Disney, pero ni el personaje es el Tío Gilito ni las monedas de oro llenan una piscina.
Tan solo es una imagen para ilustrar que el Estado tiene un patrimonio invisible. No son obras de arte o edificios, sino las participaciones en empresas cotizadas, que silenciosamente generan valor.
Según un análisis realizado por Artículo 14, el Gobierno acumula 10.077 millones de euros en plusvalías latentes por su posición en el capital de siete empresas: Airbus, Ebro Foods, Enagás, IAG, Indra, Redeia y Telefónica. A precios de mercado, la cartera está valorada en 14.500 millones, un 7,4% más que a cierre de 2025.
Todas estas participaciones están controladas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Un holding en el punto de mira. A Belén Gualda, su presidenta, se la investiga por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el marco del caso Leire Díez. A Bartolomé Lora, vicepresidente de Sepi, por prevaricación administrativa en el rescate a Air Europa.
En su mayoría, son participaciones históricas que se remontan al cambio de siglo en empresas que, en el pasado, fueron públicas.
Entre todas, sobresale una: Airbus. El Estado apenas supera el 4% del capital, pero el gigante aeroespacial europeo es la inversión que más valor le ha generado. Prácticamente el 60% de las plusvalías latentes las aporta una empresa presidida por una española: Amparo Moraleda.
En sentido contrario, la apuesta más reciente, el regreso al capital de Telefónica, es la que peor está funcionando.
Influencia en la gestión
Aunque el Estado ha configurado una cartera diversificada, con participaciones en cotizadas de distintos sectores, todas operan en sectores considerados estratégicos. La energía, las telecomunicaciones, la defensa, la alimentación o la conectividad aérea son ámbitos prioritarios y a defender frente a intereses extranjeros.
De ahí la decisión de escalar posiciones en Indra en un contexto de rearme en Europa o de volver al capital de Telefónica tras la entrada del grupo saudí STC.
Sin embargo, pese a que todas son estratégicas, la influencia del Estado en la gestión de estas empresas difiere. En IAG (2,52%) y Airbus, donde la participación es más reducida, no hay representantes de la Sepi en el consejo —Moraleda, aunque española, tiene categoría de independiente—. No obstante, la participación del Estado acompaña el modelo societario diseñado para la fusión de Iberia y British Airways que dio lugar a IAG. Y, en el caso de Airbus, protege indirectamente la carga industrial en España, en coordinación con Francia y Alemania.
En Ebro Foods, donde supera el 10%, el Estado sí está representado en el consejo a través de un vocal: Jordi Xuclà. Además, es consejera independiente Meritxell Batet, ex presidenta del Congreso y miembro del Partido Socialista.
Más clara es la capacidad de influencia en Enagás (5%) y Redeia (20%), sus dos participadas en el sector energético. En ambos casos, ejerce un papel directo en el nombramiento del presidente. La gasista está presidida desde hace 20 años por Antonio Llardén, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lideraba el Gobierno.
Meses después de su designación, el Consejo de Ministros aprobó la compra de hasta el 5% del capital de Enagás para garantizar la seguridad del sistema. El movimiento supuso el retorno a la empresa, que se privatizó en 1994 con la venta del 91% a Gas Natural (hoy, Naturgy).
Indra y Redeia, entre las que más aportan…

Mientras, Redeia está presidida desde 2020 por Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda socialista. La participación en la matriz de Red Eléctrica es la tercera inversión que más rentabilidad le ha generado al Estado pese a que la empresa está lejos de recuperar en Bolsa la cotización previa al apagón de 2024. Acumula plusvalías latentes por 1.371 millones de euros en Redeia, que bate récord de ceros eléctricos bajo la actual presidencia.
La segunda fuente de alegrías es Indra, donde la Sepi entró en 2013 para sustituir a BFA-Bankia en el marco de su reestructuración para preservar la estabilidad accionarial. Entonces, pagó casi 337 millones de euros por el 20,1% del capital. En los últimos años, ha subido la apuesta y hoy es el primer accionista del grupo de defensa y tecnología, con el 28%.
Indra ha experimentado un fuerte repunte bursátil desde marzo de 2025, casi desde el nombramiento de Ángel Escribano como presidente. El mercado le otorgó su confianza, como inicialmente hizo Moncloa, que el pasado abril forzó su salida y lo reemplazó por Ángel Simón, que a su vez promovió la salida del CEO: José Vicente de los Mozos.
El nuevo tándem directivo, con Ángel Simón y Josep María Recasens, ha conseguido que Indra alcance máximos históricos en el parqué. De hecho, es la participada que más rentabilidad genera al Estado en el año. La próxima semana presentarán el plan estratégico de Indra, que se espera con expectación en el mercado.
… Y Telefónica, la peor inversión

Entre las participadas de Sepi, el patito feo es la última en llegar. Telefónica, a la que el Estado regresó en 2024, es la única de las cotizadas en la que acumula pérdidas latentes.
El holding realizó distintas compras hasta llegar al 10% en mayo de ese año. El precio medio de estas adquisiciones fue de 4,205 euros por título. En la actualidad, cotiza a unos 3,5 euros. Es decir, su participación vale unos 377 millones menos que entonces a precios de mercado. Es, con Ebro Foods, la única que pierde valor en el año.
En un movimiento concatenado, a principios de 2025, el Gobierno promovió la salida de José María Álvarez-Pallete de Telefónica y nombró presidente a Marc Murtra, que fue sustituido en Indra por Escribano. Murtra, vinculado al Partido Socialista de Catalunya, recibió una acogida positiva y, en sus primeros meses en el cargo, la acción se revalorizó.
Sin embargo, la presentación del plan estratégico, hace un año, enfrió las expectativas. Al mercado no le convenció una hoja de ruta que recortaba el dividendo y priorizaba la eficiencia. Pese a todo, la compañía está cumpliendo lo prometido y ha dejado atrás las pérdidas en los nueve primeros meses del año, reduciendo deuda y mejorando previsiones. Su objetivo es tener un papel activo en la consolidación del sector en Europa.
Sepi cuenta con un consejero en Telefónica. Como el resto de vocales que representan al Gobierno en otras empresas participadas por la Sepi o en las empresas públicas —Loterías, Renfe, Adif o Correos—, su permanencia está vinculada al resultado de las elecciones. Lo mismo sucede con la alta dirección y sus equipos, donde también podrían producirse cambios sea cual sea el resultado en las urnas.
El futuro tras las elecciones
Más allá de las personas y los organigramas, incluso podría estar en cuestión que el Estado tenga una cartera de participadas.
En su programa, el Partido Popular alude directamente a esta posibilidad. “Revisaremos todas las participaciones empresariales del Estado y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado“, plantea.
Sobre los perfiles para dirigir las empresas públicas, señala que las gestionarán personas “elegidas por su experiencia, mérito y capacidad, no por afinidad política”. En sus primeros 100 días en el Gobierno, el PP quiere realizar una auditoría sobre el gasto y el funcionamiento de la Administración, incluyendo organismos y empresas del Estado.
Por su parte, el PSOE apuesta por “mantener la participación del Estado en sectores estratégicos, preservando capacidades industriales y tecnológicas esenciales, fortaleciendo la autonomía estratégica de España y Europa”.
En el caso de Vox, no hay referencias explícitas en su programa electoral a las empresas públicas o las participaciones del Estado. De manera general, apuesta por reducir al mínimo el tamaño de la Administración.
Mientras, el espacio a la izquierda del PSOE aglutinado en Frente Amplio, en las elecciones generales de 2023, entonces bajo la coalición Sumar, se propuso crear una banca pública a partir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de Correos, y una empresa nacional de energía. El objetivo era competir con bancos y eléctricas privadas para rebajar el coste de las hipotecas y gestionar las centrales hidroeléctricas cuando expirasen las concesiones.
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